El concepto de mercado laboral nace y tiene su razón de ser en los tiempos modernos, en la era de la producción capitalista. Éste funge como un indicador estadístico que revela la cantidad y calidad de trabajos disponibles para la población.
La problematización de la cantidad de empleos disponibles en las empresas internacionales, nacionales o locales no se limita a un análisis de simple identificación de vacantes, por el contrario, demuestra la inmensa complejidad de cómo funciona el sistema capitalista y cómo la desocupación juega un papel importante para el desarrollo de la extracción de plusvalía -trabajo no pagado- por parte de las clases dominantes.
Hacer uso de este indicador económico es útil para diagnosticar el bienestar económico de una población determinada. Una tasa de desempleo reducida demuestra contrariamente la cantidad de empleos ocupados, lo cual implica, de manera inmediata, que más personas se encuentran laborando, lo que se traduce en que la población dispone de un salario fijo con el cual puede adquirir los bienes y servicios que necesita para su subsistencia y desarrollo.
Sin embargo, consecuente a lo escrito renglones arriba, el sistema capitalista es incapaz de garantizar la plena ocupación para la sociedad y esto no se debe fundamentalmente a la insuficiencia tecnológica con la cual los seres humanos pueden trabajar, o a la falta de bienes y servicios por producir; o a la holgazanería o incapacidad de la fuerza laboral para realizar determinadas actividades, al crecimiento de la población, sino a una característica inherente del modelo económico.
Si partimos del reconocimiento de la jerarquía vertical que impera en la producción industrial globalizada, podremos identificar grosso modo divisiones de trabajo, por una parte: el trabajo manual o directo, y por el otro, el administrativo/intelectual o indirecto; a su vez, esta categorización de la producción está sujeta a una condición de posesión, es decir, entre los dueños y los no dueños de los medios de trabajo y las materias sobre las cuales se trabaja.
El sistema capitalista parte de esta división del trabajo y de la propiedad privada de los medios de trabajo. Para que existan todos los bienes y servicios que una sociedad necesita, requiere condicionalmente de una fuerza laboral que intervenga y transforme con sus propias manos las materias primas que la naturaleza ofrece.
Así, la producción moderna está regida por una minoría que decide qué, cómo, cuándo y cuánto producir. El sistema capitalista es entonces, por su naturaleza, desmedido y anárquico.
Prueba de ello es la producción de armas, sistemas virtuales de entretenimiento, comunicación y transporte, de drogas legales como el alcohol o el tabaco o directamente la insuficiente cantidad de medicamentos, alimentos, vivienda o vestimenta.
El papel del trabajo directo es fundamental. A diferencia de épocas anteriores de la historia, el hombre moderno dispone del libre tránsito de un centro de trabajo a otro, es decir, puede emplearse en la actividad productiva que más le convenga a sus intereses y capacidades.
No obstante, esta libre capacidad de tránsito está condicionada en la realidad material por los intereses de la producción privada, que es la predominante en la actualidad.
La relación de mercado laboral entra precisamente en esta correspondencia contradictoria de la producción anárquica del capitalismo, al concebirse a la fuerza de trabajo del hombre como una mercancía más que se puede comprar y vender, en este caso, por el propietario de los medios de trabajo de cualquier nivel.
Entonces, el problema no se reduce al libre albedrío del pequeño o gran empresario, que decide si la producción se va a llevar a cabo con 5, 50 o 500 empleados, sino por la necesidad de que sus mercancías sobrevivan y se consuman en el mercado, contra las mercancías de sus competidores. La planificación de la producción capitalista presupone la maximización de las ganancias con la menor cantidad de trabajo humano empleado, porque a diferencia de los medios de trabajo tecnificado, el hombre requiere de un ingreso para su subsistencia.
Aunado a ello, este excedente de trabajadores disponibles es utilizado por la clase empresarial para condicionar la situación de la clase trabajadora, de sus salarios, seguros, prestaciones y organización sindical; ya que el despido de un obrero de índole cualesquiera supone para él un grave atentado contra su calidad de vida al no poseer más nada que su fuerza de trabajo para sobrevivir.
Cabe preguntar: ¿Qué sucede con los desempleados? ¿Las condiciones de trabajo en nuestro país son las óptimas para el desarrollo de los trabajadores? La respuesta es negativa en ambas cuestiones. La enorme cantidad de trabajadores que no laboran en el sector formal, lo hacen en la informalidad, vendiendo todo tipo de mercancías por su propia cuenta, incluso, en casos más graves, hasta sus cuerpos en un sentido sexual. Asimismo, los trabajadores ocupados en la formalidad padecen en su mayoría salarios bajos o directamente insuficientes, no poseen seguros médicos o prestaciones.
“El trabajo decente o digno es un concepto que va más allá de la moralidad de la actividad, se trata de una ocupación con condiciones laborales adecuadas, que respeta los derechos fundamentales y permite el desarrollo personal. En México el 60 por ciento de la fuerza laboral no conoce este concepto porque carece al menos de uno de estos pilares. (...) En nuestro país, al menos 34.9 millones de personas ocupadas no cuenta con acceso a una institución de salud; es decir 6 de cada 10 trabajadores están en esta condición, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). (...) El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) contabiliza a 13.3 millones de asalariados que no tienen acceso a prestaciones de ley, este grupo representa al 34 por ciento de las personas que trabajan en esta condición. (...) <<En México, los derechos laborales se violan y eso explica la cantidad de personas en pobreza y la permanencia de esa condición. La causa de esta situación es la falta de mecanismos de defensa porque 18 millones 640,000 personas, más de la mitad de los trabajadores asalariados, carecen de contratos estables (52 por ciento) y la inmensa mayoría 31 millones 230,000 personas, carecen de organización sindical para la negociación y defensa colectiva de sus derechos (87%)>>, indica la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza”.
El mercado laboral funge, repito, como un indicador económico, pero su estudio y lectura no debe ser vista como la de un índice pasivo, sino como una de las pruebas estadísticas del éxito o fracaso de una economía de libre mercado o planificada.
En este sentido, los trabajadores mexicanos deben -por interés propio e histórico- reconocer los grandes males que le aquejan e impiden su desarrollo individual y de clase. La exigencia por mejoras de carácter económico en sus centros de trabajo es la primera fase, incipiente, para la transformación equitativa de nuestra sociedad. Sin embargo, debe reconocerse que la situación descrita en este breve espacio tiene un impacto y relevancia, por lo que requiere necesariamente algo más que la mera lucha sindical.
Los trabajadores de todos los sectores deben echar mano de sus derechos políticos y utilizar las herramientas que brinda nuestra constitución como: la libre organización y la manifestación. Para efectuar un cambio sistemático y profundo, los trabajadores tienen derecho a aglutinarse y formar su partido político para defender y hacer valer sus derechos de manera efectiva, en pro del bienestar social.
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