En enero de este año, la OXFAM publicó un informe titulado Las desigualdades matan, en el cual mostraron algunas cifras reveladoras. En el mundo, la riqueza de los 10 hombres más ricos se duplicó durante la pandemia, mientras que el ingreso del 99% de la humanidad se deterioró. La amplia brecha de desigualdad, sin embargo, no es un problema propio de la pandemia, sino más bien, un proceso que se viene acentuando desde 1995, cuando se registró que el 1% de la población más rica poseía 20 veces más riqueza global que la mitad más pobre del mundo.
En México la situación es similar. Nuestro país se encuentra dentro del 25% de los países con mayores niveles de desigualdad. Mientras que solo 36 personas acumulan 171, 490 millones de dólares, el 52.8% de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza por ingresos; a la vez que el 10% de los más ricos del país concentran el 57% de los ingresos totales de México, mientras que los más pobres apenas poseen el 9 %.
No obstante la gravedad de la situación, las medidas que el gobierno mexicano ha implementado para resolver el problema de la desigualdad y pobreza han sido erradas. En su mayoría todas estas han quedado dentro del marco asistencialista de política social, además de un pobre aumento del salario mínimo, cuyo impacto fue nulificado con las altas tasas de inflación de los últimos meses. La política social, como diría la OXFAM y algunos investigadores, se ha convertido en un mero “alivio de pobreza” porque funciona como paliativo al problema, pero no crea condiciones verdaderas para que la población por sí misma genere recursos con los que pueda cubrir sus necesidades básicas sin depender siempre de la caridad del gobierno; es decir, creación de trabajo productivo y bien remunerado.
En el capitalismo, la manera en que, por antonomasia, los trabajadores obtienen recursos para proveerse una vida digna para sí y su familia es a través de la venta de su fuerza de trabajo. Resulta preocupante que, a pesar de esto, 2.9 millones de personas estén desempleadas, y alrededor de 6.8 millones de personas están subocupadas; es decir, que están disponibles o necesitan trabajar más horas para completar sus gastos. Además, 56% del total de la población ocupada en México se ha visto condicionada a trabajar dentro del sector informal ante la falta de empleos. Las consecuencias de estos problemas han hecho que el trabajador se vea obligado a aceptar casi cualquier condición laboral que le imponga el patrón: desde bajos salarios y empleos carentes de prestaciones, hasta trabajos que ponen en riesgo su propia vida.
Se necesitan, pues, crear políticas que impulsen la creación de fuentes de empleo, sobre todo productivo, que es el que más impulsa el aumento de los salarios. Sin embargo, este objetivo es imposible de que suceda dentro de un proyecto de nación donde se subestima el crecimiento económico y se prioriza la “austeridad”. Por mucho que el presidente repita en sus mañaneras que estamos bien y que estaremos aún mejor, la verdad es que mientras no se haga modificaciones reales dentro del modelo económico, todas las promesas que pueda hacer quedarán en el aire. México necesita urgentemente que el Estado impulse la industria nacional, que redistribuya los ingresos, pero sobre todo que genere riqueza. No se puede acabar con la pobreza creciendo a menos del 1% como antes de la pandemia. Para combatir la pobreza del pueblo primero hay que generar riqueza con un plan redistributivo que contemple las necesidades de la población marginada.
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