A través del tiempo se ha presentado un grave problema gubernamental, que se ha sentido con mayor fuerza en Coahuila y cada uno de sus 38 municipios, mismo que tal vez se viva a nivel nacional, donde se presentan enormes lagunas, dejando sin atención a las familias que requieren de diversas obras o apoyos, principalmente cuando se viven procesos electorales.
Los pliegos petitorios de un amplio número de coahuilenses, se mandan al cajón del escritorio, primero, al dar inicio un proceso electoral, donde se advierte que debido a la famosa “veda” se tienen que interrumpir todo tipo de beneficios, ya que quienes se encargan de entregarlos corren el riesgo de ser sancionados por el Instituto Electoral, ya sea nacional o local.
Desde ahí es que comienza el calvario para las clases más pobres, para campesinos y habitantes de las barriadas, para los desprotegidos que se tienen que esperar a que pase una elección para volver a acudir a las diversas dependencias gubernamentales para recordar o hacer saber nuevamente sus demandas.
Pasa la elección y las cosas siguen detenidas, los pliegos petitorios duermen el sueño de los justos guardados en el cajón de los escritorios, porque hay un nuevo pretexto, el que tiene que ver con el método de entrega-recepción, donde quien va de salida tiene que dejar todo en orden para recibir a quienes van de entrada en esos diversos cargos.
Son meses y meses de espera, para quienes acudieron a solicitar apoyos de diverso aspecto, que van desde materiales de construcción, hules para los techos, becas, empleo, semillas para la siembra, entre otros.
Así en Coahuila se puede observar que los presidentes municipales que van de salida, se olvidan prácticamente de todos esos compromisos que se echaron a cuestas, dedicándose únicamente a trabajar para “decorar” la llamada entrega-recepción y que quien venga a reemplazarlos se haga cargo de dar solución a todas esas demandas ciudadanas.
Independientemente de que podría caber en este asunto la aplicación de la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos, lo cierto es que dicha “laguna gubernamental” parece estar permitida, porque se sigue aplicando a través de los años, sin que se tomen medidas efectivas al respecto, ni por parte del gobierno estatal, mucho menos por quienes desde el Congreso del estado dicen representar a los coahuilenses.
Serían en todo caso los diputados locales quienes tendrían que revisar a fondo, el por qué existen esos pretextos que forman un vacío de meses sin brindar atención social a la gente, a todos aquellos por los que se supone deben trabajar los alcaldes, secretarios, gobernador y demás servidores públicos.
Ya se les hizo costumbre que antes y después de una elección, o bien cuando hay casos de tragedia como el de la pandemia de covid-19, las peticiones del pueblo se manden a la fregada, ocasionando la desesperación de la gente que en medio de su necesidad tiene que esperar a que se vayan quienes ya no habrán de brindarles solución alguna y a que lleguen quienes lo hagan.
Porque de acuerdo a los discursos de los alcaldes en funciones, coinciden al decir que trabajarán por la gente hasta el último día de su mandato y eso no es verdad, después de advertir de la existencia de esas enormes “lagunas” que se han convertido en una medida permanente, aunque a todas luces ilegal e injusta.
Lagunas que han sido creadas para no resolver todas las demandas ciudadanas que descansan en el cajón hasta que lleguen los nuevos funcionarios para desempolvarlas y darles “carpetazo” o resolverlas.
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