La libertad de expresión es un derecho humano básico, constitucional, fundamental e inherente y necesario a la naturaleza humana, consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el ámbito internacional lo podemos encontrar contemplado dentro del artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948.
El 30 de abril del año pasado, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dirigió una carta al Secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, con diversas propuestas sobre las temáticas que en materia de derechos humanos resultan más urgentes de atender en nuestro país, a fin de contar con un plan de acción integral en las mismas. Con relación a quienes ejercen el periodismo, destacó la necesidad de protegerlos contra la violencia de cualquier tipo, especialmente a las mujeres periodistas, y demostrar mayor compromiso con quienes integran este gremio para asegurar que puedan desarrollar su labor libre de intimidación, hostigamiento y ataques, así como una mayor mejora del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
México es el país más peligroso del continente americano para ejercer el periodismo. Las amenazas, agresiones y violencia contra quienes realizan esta actividad han sido recurrentes en las últimas décadas y han imperado la impunidad y la falta de seguimiento a los casos. A tres años de la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), esta situación no sólo no se ha mantenido, sino que, por si fuera poco, las agresiones han aumentado y la relación entre el gobierno federal y los medios de comunicación críticos se ha vuelto cada vez más tensa.
De acuerdo con la organización Artículo 19, que es una organización internacional promotora y defensora de los derechos de libertad de expresión, acceso a la información y protección de periodistas, del año 2000 a la fecha, 150 periodistas han sido asesinados en México y en lo que va de la actual administración se ha registrado 30 casos. De los cuales 5 han sido en lo que va del presente año.
En lo que respecta al seguimiento de estos crímenes y la impartición de justicia, México se encuentra entre las naciones con mayores niveles de impunidad por delitos contra periodistas, de acuerdo con el Índice Global de Impunidad 2021 del Comité de Protección a Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). Nuestro país se ubica en sexto lugar a nivel mundial de este estudio, superado por Afganistán, Sudán del Sur, Irak, Siria y Somalia. Las causas atribuibles a los altos índices de impunidad en las agresiones y crímenes contra periodistas son la corrupción, la debilidad institucional y la falta de voluntad política, de acuerdo con el CPJ. Por si esto fuera poco, México fue el país más mortífero para ejercer el periodismo en 2020 y 2021 según las cifras del CPJ, en segundo lugar, esta Afganistán, después siguen India, Siria y Filipinas.
El actual gobierno federal, lejos de hacer frente a la situación de violencia hacia los periodistas, ha tenido una relación muy tensa y hasta de confrontación con los medios de comunicación y periodistas críticos de su administración. En 2020 se registraron 692 agresiones a periodistas, lo que representa un incremento de 14% respecto del primer año de gobierno de AMLO, cuando hubo 609 casos. Del total de agresiones de 2020, 343 fueron cometidos por agentes del Estado mexicano, 188 por funcionarios públicos, 143 por fuerzas de seguridad civiles y 11 por parte de miembros de las fuerzas armadas. “En México prevalece el 98% de impunidad en los crímenes contra la prensa. Las investigaciones no avanzan debido a los intereses políticos que hay detrás, protegidos por el propio gobierno” dice el abogado Leopoldo Maldonado, director regional de la oficina en México y Centroamérica de Artículo 19.
Las conferencias mañaneras del presidente López Obrador han servido no solo como un mecanismo para marcar la agenda pública, sino como una tribuna para promover y descalificar a distintos actores políticos, instituciones autónomas y medios de comunicación, haciendo hincapié en la división de “liberales” y “conservadores”, “buenos” y “malos”. En este sentido, los medios de comunicación y los periodistas críticos a su gobierno han sido estigmatizados y clasificados como “mercenarios” al servicio de los “conservadores” y por lo tanto enemigos de la Cuarta Transformación.
México enfrenta hoy un doble desafío en el tema de la libertad de expresión: por un lado, las constantes amenazas y asesinatos de periodistas, ya sea por el crimen organizado o autoridades públicas, y, por otro, la manera en que el actual gobierno entiende la libertad de expresión. En caso de que continúen las agresiones y la deslegitimación se corre el riesgo de socavar los elementos fundamentales de la democracia, la libertad de expresión y los derechos a discernir y a la pluralidad de pensamiento. Para pasar a una dictadura. Ese es el verdadero riesgo que corremos en nuestros días. Vale.
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