Desde la llegada de Morena a Palacio Nacional se ha optado por borrar los programas que garantizaban el cuidado y la construcción de la infraestructura pública nacional.
Hoy, en cada estado del país faltan obras de agua potable, electricidad o mantenimiento de carreteras. Según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el monto asignado a la inversión pública en 2024 (1.11 billones de pesos) es 11.1% menor en términos reales al monto aprobado en 2023 (1.19 billones de pesos).
Las deficiencias y el deterioro de la infraestructura en México son ampliamente reconocidos; pero por otro, igualmente conocido es el creciente endeudamiento público y los señalamientos de corrupción en contrataciones gubernamentales.
Al compararlo con los montos ejercidos en años anteriores, el presupuesto autorizado para el siguiente ejercicio fiscal es 38.6 % menor, en términos reales, al gasto observado en 2016 (1.80 billones de pesos a precios de 2024). Sin embargo, más allá de los datos, es evidente el deterioro cada vez mayor de la infraestructura.
Tal situación se vive en cada una de las colonias, en cada uno de los pueblos, en los municipios en donde se les niega a todos estas demandas; demandas que beneficiarían a miles de mexicanos y no sólo a los antorchistas.
Esto ocurre en Mexicali cuando a los cachanillas se les dice que no hay recursos para electrificación, cuando se les dice que no hay recursos para llevar agua al valle de Mexicali, cuando piden pavimentaciones y solamente se les dan largas y largas. Esto mismo ocurre en San Quintín, Tijuana, Tecate y Ensenada.
Hace poco denunciamos a través de los antorchistas de Mexicali que la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (Sidurt) es la única secretaría que no ha dado una sola obra completa, que se plantearon dentro de las peticiones a la gobernadora, o que solamente se la llevan diciendo “el próximo año” y el próximo año nada.
Sí, denunciamos que en Baja California no se ha respondido de manera favorable a las demandas de infraestructura por parte de la secretaría competente, de la cual nuevamente obtuvimos solamente compromisos.
Pero el problema no sólo se tiene en las colonias populares. Por otro lado, el anuncio realizado por el Gobierno federal de México a inicios de julio de 2024 sobre un ambicioso plan de inversión en infraestructura por 500 mil millones de pesos, sin duda generó gran expectativa y debate a nivel nacional.
Este plan, que pretende abarcar la construcción y modernización de carreteras, aeropuertos, puertos, ferrocarriles y sistemas de transporte público en todo el país, se presenta como una solución a los históricos problemas de la infraestructura mexicana.
Sin embargo, al analizar con detenimiento el contexto actual, surgen interrogantes sobre la viabilidad y los riesgos inherentes a este plan a gran escala.
Por un lado, las deficiencias y el deterioro de la infraestructura en México son ampliamente reconocidos; pero por otro, igualmente conocido es el creciente endeudamiento público y los señalamientos de corrupción en contrataciones gubernamentales, que podrían comprometer seriamente la ejecución y el impacto real de este plan.
Sí, desde que la 4T llegó, se han venido despilfarrando los recursos: de inversión a infraestructura no ha existido nada, nada de inversión en educación, nada de inversión en salud y tecnología, nada de inversión en los otros sectores, pues los esfuerzos se han enfocado en mantener el voto cautivo y repartir dinero.
Pero si las cosas siguen así, México no progresará y las condiciones empeorarán.
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