Las manifestaciones de la violencia causadas por la inseguridad en México son cada vez más evidentes para todos. Es cierto que estos fenómenos ya existían antes del sexenio del actual presidente de la República, pero es indudable que en los casi 5 años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no se han mitigado, es más, han crecido. En este contexto han ocurrido recientemente: el secuestro —o asesinato, todavía no se comprueba— de cinco jóvenes de Lagos de Moreno, Jalisco; el descubrimiento de restos humanos desmembrados guardados en refrigeradores industriales en Coatzacoalcos, Veracruz; y la creciente violencia en el estado de Guerrero (solo por mencionar los más mediáticos). Estos hechos han conmovido a la opinión pública, pero la política del Gobierno de México ha sido el silencio o peor aún, la actitud de sorna del presidente cuando se le preguntó sobre el caso de los cinco jóvenes de Jalisco. El acrecentamiento de las consecuencias de la violencia es resultado de una política de seguridad nacional poco efectiva para resolver uno de los problemas más sentidos de los mexicanos.
Los fracasos de este sexenio son muchos, pero la inseguridad –a lado de la pobreza y la desigual distribución de la riqueza- es uno de los más trágicos y dolorosos para millones de mexicanos. Así lo demostró el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en su reporte sobre percepción de la seguridad pública de junio de 2023, donde 6 de cada 10 personas mayores de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad. Las ciudades con mayor porcentaje de población de 18 años y más que se siente insegura fueron: Fresnillo (92.8 %), Zacatecas (91.7 %), Ciudad Obregón (90.3 %), Ecatepec de Morelos (87.6 %), Irapuato (87.3 %) y Naucalpan de Juárez (87.2 %). Además, como contraste, las ciudades donde la percepción de inseguridad resultó menor fueron, San Pedro Garza García (13.2 %), Benito Juárez (19.8 %), Piedras Negras (20.0 %), Cuajimalpa de Morelos (20.4 %), Saltillo (22.2 %) y Tampico (23.0 %). Al respecto valen apuntar dos cosas: en primer lugar, estos datos reflejan con claridad lo que es para los mexicanos vivir en el México real y no en el que existe en la imaginación del presidente. Esto es el resultado de enfrentarse todos los días a los asesinatos, la extorsión, el asalto, el secuestro. En segundo lugar, las ciudades donde más segura se siente la población son los municipios más ricos del país (San Pedro Garza García y Benito Juárez) o tienen seguridad por parte de las fuerzas federales porque han sido ciudades disputadas por el crimen (Piedras Negras y Tampico); esto último ha ayudado a que la población tenga mejor seguridad. Más allá de esos municipios ricos y con seguridad más o menos eficiente, las regiones de México son un verdadero terreno sin ley.
Ante la gravedad del problema de la inseguridad el gran ausente es el gobierno mexicano que, a través de las instituciones, debe velar por la seguridad del país. Cuando el hoy presidente era opositor -una larga carrera por la presidencia- no había día que no denunciara la incapacidad del gobierno para atender la violencia y la inseguridad en México; hasta llegó al punto de prometer de que si él y su movimiento llegaban a gobernar, este problema se acabaría en un santiamén. Pero hoy parece todo lo contrario. Este sexenio pasará a la historia como en el que más asesinatos se han cometido; de ese tamaño es el problema. La incapacidad del presidente Andrés Manuel López Obrador para resolver el problema pone a México en otro peligro más grave. Explico. En América Latina ha estado sucediendo, recientemente, que ante la incapacidad de gobiernos que se dicen de izquierda para resolver las necesidades de la población, los ciudadanos han decidido votar por gobiernos que son netamente de derecha. Ocurrió en Brasil, de Dilma Rousseff a Jair Bolsonaro; en Argentina, de Cristina Fernández a Mauricio Macri; lo mismo explica el fenómeno Milei. Es la desesperación de la gente porque se le resuelva sus necesidades. O el fenómeno Nayib Bukele en El Salvador, donde en aras de la seguridad se cometen injusticias y se violan derechos humanos. Es decir, en México se corre el peligro de que, ante la incapacidad del actual gobierno para atender el problema de la inseguridad, los votantes estén dispuestos elegir gobiernos de derecha que son retrógradas o simplemente que estén cada vez más dispuestos a aceptar políticas de seguridad autoritarias. Cualquiera de los dos casos, de llegar a ocurrir, sería un retroceso.
La idea de que, ante la incapacidad del gobierno de México para atender la inseguridad -y otros problemas fundamentales actuales-, abra la puerta a un gobierno autoritario de derecha no es descabellada. Cuando menos en el discurso, hay personalidades que sin tapujo han expuesto algunas ideas cavernarias de la derecha: Eduardo Verástegui, un promotor de la extrema derecha; Lili Téllez, senadora; un sector del Partido Acción Nacional que se reunió hace poco con el partido de extrema derecha español Vox y que considera al PAN de la coalición del Frente Amplio como de ”izquierda”; Gilberto Lozano de FRENA; o la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, orgullosa admiradora de Bukele, entre muchos más. Es decir, las ideas de medidas extremas para resolver los problemas de México van haciendo eco en la política mexicana. Los personajes de ideas retrógradas se envalentonan a exponer sus ideas extremistas porque existe un aliciente para ello, que es la incapacidad del gobierno para atender los problemas de México.
Ante el peligro del avance de las ideas de derecha en México, los progresistas del país, las organizaciones sociales y el pueblo organizado tienen dos frentes de lucha: 1) exigir al gobierno actual (que no es de izquierda más que de discurso) una resolución profunda de los problemas sociales más lacerantes; y 2) educar al pueblo mexicano, tanto cultural como políticamente, para afrontar, mejor preparados, los retos que exige la realidad del país.
Rogelio García Macedonio es economista por la UNAM e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.
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