Las más diversas encuestas reportan que la población mexicana percibe como el problema más grave, el que más padece y el más urgente de atender por las autoridades pertinentes es la inseguridad. Esto a pesar de los gravísimos problemas económicos que vulneran las condiciones de vida de los trabajadores de México. INEGI reporta que casi dos de cada tres personas lo creen así. Para dar cuenta de la magnitud del problema, el INEGI levanta con regularidad, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe). De acuerdo con esta encuesta, en 2021, tres de cada 10 hogares fueron víctimas, al menos uno de sus integrantes y en una ocasión, de un delito. Este porcentaje es muy similar al registrado en los últimos tres años. Asimismo, una de cada cuatro personas mayores de edad fue víctima de un delito (22.1 millones: 24 mil víctimas por cada 100 mil habitantes). Hay que aclarar que la Envipe solo pregunta por los delitos del fuero común, los que afectan a las personas individualmente; esto es, los delitos como delincuencia organizada, narcotráfico, tráfico de personas, y otros, no son objeto de esta encuesta. Los delitos del fuero común son los que vulneran más persistentemente, en el día a día, a las familias de los trabajadores en México.
Los delitos más frecuentes entre los que abarca en la Envipe son: robo en la calle o el transporte público (21.4%); fraude (19.2%); extorsión (17.5%); robo total o parcial del vehículo (11%). Los delitos que registraron un incremento mayor en términos de la incidencia delictiva (en 2021 en relación con 2020) fueron la extorsión, el robo y las lesiones. En la mitad de los casos las víctimas estuvieron presentes en el momento en que se realizó el delito y en 16% de los casos hubo agresiones físicas.
De acuerdo con las estimaciones de la Envipe en 2021, se registraron seis millones de robos y asaltos, esto es 6.5 mil víctimas por cada 100 mil habitantes en México. Los objetos que se sustraen por este medio es dinero y teléfonos celulares; seis de cada diez de estos ocurren en la calle o en un lugar público. La incidencia de este delito en 2021 se mantiene prácticamente igual que en 2020. No obstante, en las zonas metropolitanas de la Ciudad de México, de Toluca y de Puebla, la incidencia es más del doble que el promedio nacional. La Envipe estima que en 2021 ocurrieron 5.4 millones de fraudes, casi 6 mil víctimas de ese delito por cada 100 mil habitantes. La mitad de los casos de fraude se refieren a fraudes a tarjetas de crédito y débito, este delito aumentó; la otra mitad, se refiere a compras pagadas, pero en las que la mercancía o el servicio no fue entregado. La encuesta estima que hubo casi 5 millones de extorsiones, 90% de estas fueron vía telefónica y en 9% de los casos la extorsión fue exitosa, se pagó lo exigido por los extorsionadores. Este delito es el que más se incrementó entre 2020 y 2021.
La inseguridad genera, en general, dos tipos de costos por un lado la pérdida económica directa que sufre la víctima y el gasto en medidas preventivas. La Envipe estima que el costo promedio por persona es de más de 7 mil pesos; a nivel agregado se estima que el costo en 2021 fue de 174 mil millones de pesos (1% del PIB).
La Envipe 2021, señala también que, del total de delitos sufridos, solo se denunció uno de cada diez ocurridos. Los delitos que menos se denuncian son la extorsión y el fraude. Las causas que las víctimas aluden para no denunciar son, fundamentalmente, porque se considera una pérdida de tiempo (41%) y la falta de confianza en la autoridad (19%).
La delincuencia común tiene sobre todo motivaciones económicas. Así que, a riesgo de caer en una posición economicista del problema, sus causas habría que buscarlas en las carencias y la imposibilidad de hallar el modo de satisfacer las necesidades del individuo y su familia por medios legales. Habría que buscarlas en la incapacidad de nuestra sociedad para crear suficientes empleos y bien remunerados. La inseguridad, como las otras lacras del sistema, no se resolverá con penas más altas, sino con mejores condiciones económicas y laborales.
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