En México las erróneas decisiones en materia político-económico-social del Gobierno de la Cuarta Transformación encabezado por el presidente López Obrador, entre otros factores, tienen efectos negativos en las condiciones de bienestar de la población, que se recrudecen con el encarecimiento de los productos de la canasta básica, la escasez de trabajo, el bajo poder adquisitivo y la deficiente calidad de los servicios públicos. Las familias trabajadoras experimentan también las consecuencias negativas de la pobreza a causa de la inflación que nos golpea actualmente.
Cabe resaltar que en la historia económica de México se ha demostrado que cuando la inflación acompaña a los acontecimientos de crisis, aumenta la pobreza en el país y los que más sufren sus consecuencias son los sectores de la población que habitan en situaciones de marginalidad y vulnerabilidad, es decir, las familias de escasos recursos; así como sucedió en la crisis de 1995. Por ello se concluye que la inflación es un determinante importante de la pobreza en el país.
Pero ¿por qué ocurre esto? Ordinariamente, en nuestra sociedad capitalista, el pueblo trabajador dedica gran parte de su esfuerzo y su energía vital a las actividades de producción a generar riqueza, de la cual no se ve beneficiado sustancialmente pues su salario es raquítico y apenas le alcanza para la subsistencia de su familia —en muchos casos ni siquiera para eso—, con lo que a todas luces es evidente la situación actual de explotación de la clase trabajadora.
Según Coneval, Chiapas es el único estado en donde más de la mitad de sus habitantes no tiene un ingreso mensual que alcance para cubrir sus necesidades básicas alimentarias.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) expuso que “la inflación es el cáncer de la economía y debe controlarse porque a quienes más afecta es a las personas de menores ingresos, a quienes simple y sencillamente cada día les alcanza para menos”.
El impacto reciente más importante para el bolsillo de las familias se observa en la inflación en alimentos y bebidas no alcohólicas, que alcanzó el 12.79 % al cierre de abril pasado. En este trágico contexto, el aumento de los productos básicos resulta aún más preocupante al considerar que 40.3 % de la población (alrededor de 52 millones de mexicanos) vive en pobreza laboral, según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), y no pueden adquirir la canasta alimentaria.
Por su parte, el Gobierno de López Obrador se ha mostrado errático e incapaz de solventar oportuna y eficazmente las principales necesidades del pueblo, como fue en el caso del mal manejo de la pandemia, que provocó millones de muertes, o del alarmante incremento de la pobreza nacional en lo que va de su administración, lo cual se está agravando con el fenómeno de la inflación.
De esta forma, aunque el pasado 4 de mayo, el Gobierno federal anunció un Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) —el cual contempla apoyo para los empresarios con medidas de producción, distribución, comercio exterior y otras que buscan contener el incremento en el nivel de precios en artículos de primera necesidad—, diversos expertos en la materia han observado que en el mismo no se consideró un programa social que permita que las familias más vulnerables tengan acceso a alimentos, con lo que se concluye que sólo son engaños. Sus intereses se enfocan más en fortalecer a los ricos que en apoyar prioritariamente a los más pobres y necesitados, como fue su lema de campaña: “primero los pobres”.
En nuestro ambiente local la situación es aún más alarmante, en este contexto de incertidumbre donde López Obrador y su Gobierno son incapaces de plantear y ejecutar una estrategia que garantice a la población más vulnerable las condiciones de bienestar mínimas para una vida digna.
Chiapas ha ocupado el primer lugar nacional de pobreza en más de una década, periodo en el que penosamente ninguno de los diferentes gobiernos, federales o estatales, ha logrado reducir este indicador siquiera un punto porcentual: de 2008 hasta 2020, las personas en pobreza han aumentado: en 2008 había 3 millones 682 mil pobres, mientras que en 2020 la cifra ascendió a 4 millones 218 mil pobres.
De acuerdo con el Coneval, Chiapas es el único de 32 estados en donde más de la mitad de sus habitantes no tiene un ingreso mensual que alcance para cubrir sus necesidades básicas alimentarias.
Conforme a lo anterior, en la economía chiapaneca, 76.4 % de los habitantes es pobre; el restante 23.6 % se divide entre los que son vulnerables porque tienen algunas carencias; los que son vulnerables por ingresos bajos y los que no son pobres y tampoco vulnerables. Sólo 6 % de la población en Chiapas se encuentra alejada de la pobreza, con una casa en condiciones habitables, agua, luz, drenaje, alcantarillado, acceso a la salud, a la educación y un sistema de seguridad social que le permita tener una pensión en el futuro.
La situación actual nos sirve para reflexionar sobre las condiciones de explotación del pueblo trabajador, y sobre fenómenos como la inflación, que nos afectan fuertemente, pero siempre es el pueblo pobre quien sufre las peores consecuencias, y los Gobiernos no han sido capaces ni han tenido la voluntad de corregir y atender esta situación, poniéndose de lado de los ricos y poderosos.
Por tal razón, los antorchistas levantamos la voz, nos organizamos de la mano del pueblo para exigir mejores condiciones de bienestar y nos educamos constantemente para tomar conciencia y actuar en unidad para transformar esta realidad plagada de injusticia, inequidad, corrupción y arbitrariedades por un pésimo ejercicio de gobierno morenista.
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