Como recordará la opinión pública de Veracruz y del país, en diciembre de 2021, los antorchistas veracruzanos denunciamos el burdo intento de involucrar a nuestro dirigente estatal, Samuel Aguirre Ochoa, en una serie de actos fraudulentos con la intención de manchar su imagen pública y, quizá, justificar alguna acción de carácter penal en su contra, lo que sin duda hubiera sido un acto de represión en contra del Movimiento Antorchista en esta entidad.
En términos muy generales, la trama fraguada fue la siguiente: en febrero de 2021, un sujeto identificado como Eduardo N., falsificó la credencial de elector Aguirre Ochoa, para obtener un poder notarial en donde supuestamente obtenía de éste amplias facultades para representarlo en diversos actos judiciales y transacciones comerciales. Tal instrumento jurídico fue elaborado en la Notaría no. 21 con sede en Naolinco, cuyo titular Octavio “N”, como consta en los reportes de prensa, ha enfrentado diversas acusaciones por prestar sus servicios para realizar este tipo de actos ilegales.
Desde ese momento, y ahora lo reiteramos, sostuvimos que la complicidad del notario era evidente, pues de otra manera no se puede explicar que un fedatario público experimentado otorgara un documento legal de esa naturaleza sin cerciorarse de forma exhaustiva de la legalidad del acto.
Con el poder notarial fraudulento, Eduardo N., junto a otras tres personas cómplices, procedieron a realizar la venta múltiple de un terreno escriturado a nombre de Samuel Aguirre Ochoa desde hace más de 30 años, ubicado en la colonia Arroyo Blanco de la ciudad de Xalapa. Además, montaron un show mediático para tratar de manchar la imagen del líder de Antorcha en Veracruz: una mujer decía haber pagado una importante suma de dinero por una porción de este predio, pero no se lo habían entregado, por lo que presentó una denuncia penal en contra Samuel Aguirre, acusándolo de fraude. Así fue como nos enteremos, porque comenzaron a llegar las notificaciones judiciales a las oficinas estatales de Antorcha en Xalapa.
Casi de manera inmediata, se inició la defensa por todos los medios a nuestro alcance, incluyendo el aspecto legal. Se interpusieron cuando menos tres denuncias penales en contra de todos los presuntamente involucrados (notario incluido) por diversos delitos como usurpación de identidad, actos contra la fe pública, fraude y falsificación de documentos oficiales, este último ante la Fiscalía General de la República, porque el documento falsificado fue una credencial expedida por el Instituto Nacional Electoral, una autoridad de carácter federal.
Además, se inició un juicio ordinario civil para solicitar a la autoridad competente que declarase la nulidad e invalidez del poder notarial apócrifo en poder de Eduardo N., y cómplices, con la intención de que todas las acciones legales realizadas utilizando este documento quedaran sin efecto alguno y para evitar que se le diera mal uso en el futuro.
Ya ha pasado un año y medio de que se iniciaran esos procedimientos judiciales y a pesar de las idas y vueltas de los abogados que llevan el asunto, los avances en las investigaciones son casi nulos. Por ejemplo, según las autoridades del Juzgado Civil, les ha sido imposible dar con la identidad y el paradero de Eduardo N., Vicente N., y los otros implicados, por lo que ni siquiera han podido encontrar un domicilio para hacerles llegar las notificaciones y los emplazamientos a juicio, a pesar de que, según ellos, los han buscado en todas las bases de datos oficiales a las que tienen acceso. Es como si se los hubiese tragado la tierra o se hubiesen esfumado de la nada.
Algo verdaderamente insólito, que solo puede tener dos explicaciones: o bien, alguien muy poderoso está y ha estado detrás de ellos todo el tiempo, con los suficientes recursos económicos e influencia política como para hacerlos desaparecer sin dejar huella alguna; o bien, las propias autoridades encargadas de investigarlos y aplicarles la ley los están protegiendo. Esta última hipótesis sería la más peligrosa y preocupante.
Al mismo tiempo, se suma el hecho de que dos denuncias penales: una interpuesta en la Fiscalía del Estado (carpeta de investigación 6356/2021) por usurpación de identidad y fraude y la otra ya citada ante la FGR, prácticamente fueron archivadas por los fiscales encargados del caso, a pesar de que se presentaron los datos de prueba pertinentes para demostrar que se había cometido un delito en agravio de Samuel Aguirre, como el hecho de que la firma contenida en el poder notarial no coincide para nada con la firma que nuestro dirigente estatal utiliza en sus acciones legales, o el hecho evidente de que la fotografía y claves de la credencial de elector falsificadas no eran iguales a las originales.
Solamente ha habido algunos ligeros avances en la denuncia penal interpuesta en el departamento de Investigaciones Ministeriales de la FGE (carpeta 101/2021), en la que se investiga la presunta colaboración del notario Octavio N., como cómplice material del ilícito y responsable de delitos contra la fe pública, pues según nos han informado los abogados, ya se han hecho los peritajes correspondientes en la Notaría 21 de Naolinco, para revisar minuciosamente las firmas y los documentos falsos utilizados para expedir el Poder Notarial. Además, se han encontrado múltiples antecedentes de denuncias en contra del notario y de una persona que responde al mismo nombre del citado Eduardo N., con lo que se demostraría que ambos personajes (defraudador y notario) han colaborado en hechos similares desde hace varios años. Esperamos que este procedimiento se acelere y pronto los investigados sean puestos a disposición de un juzgado competente para iniciar el juicio en su contra.
Para el antorchismo veracruzano es altamente sospechoso el proceder de las autoridades en este asunto. Como se ha señalado líneas arriba, es como si a los delincuentes se les estuviera protegiendo por decisión propia o bien por la intervención de alguien con mucho poder. En esto reside lo delicado del asunto, pues hasta el momento el falso poder notarial que dio origen a las denuncias penales en contra del líder estatal de Antorcha, tiene validez y se encuentra en manos de gente peligrosa, por lo que en cualquier momento puede ser utilizado para generar golpeteo político o impulsar acciones represivas en su contra y, precisamente, estos escenarios son los que buscamos evitar.
Ahora que la situación política del estado y del país vuelve a calentarse como resultado de las luchas por los puestos de gobierno, es probable que algunos grupos políticos y económicos que se oponen a la organización y lucha del pueblo trabajador organizado en Antorcha, busquen realizar acciones de represión en contra del antorchismo, por ello, desde este espacio decimos que no permitiremos ningún intento por agredir la lucha de la gente humilde o sus dirigentes, solo para beneficiar sus mezquinos intereses políticos. Aunque somos un grupo de veracruzanos pacíficos y sumamente respetuosos de la ley, defenderemos el trabajo de nuestra organización y la honra y dignidad de nuestros dirigentes. Si la Fiscalía de Veracruz no actúa en este caso, no nos quedara más opción que recurrir a la movilización popular, siempre pacífica pero bastante enérgica.
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