El Gobierno de Quintana Roo ejercerá en este ejercicio fiscal 2024, un total de 47 mil 352 millones 603 mil 524 pesos; sin embargo, siguiendo a pie juntillas el esquema de gastos del gobierno federal, nuevamente priorizará los programas “asistencialistas”, la mayor parte de los recursos serán canalizados a la Secretaría del Bienestar, el Sistema DIF; además, habrá recursos para los nuevos organismos creados como la Agencia de Seguridad Alimentaria y al Instituto de Economía Social y Solidaria, así como a la Secretaría de Seguridad Ciudadana porque el objetivo, nos dicen, es para “fortalecer la seguridad de los quintanarroenses”.
En este contexto, platicamos con la profesora Sofía Cruz Lugo, dirigente antorchista en la capital de Quintana Roo, quien refirió que el gobierno del Estado, tiene la oportunidad para transformar para bien la situación que lacera el bienestar de los ciudadanos, y por ende cada peso del erario público debe ser destinado para resarcir poco a poco la pobreza, asimismo deben implementar políticas económicas que impulse el empleo y los salarios cada vez más justos.
- ¿Cómo percibe el panorama económico y político de México a menos de un año de que concluya la administración del presidente López Obrador?
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el empleo en México se recupera, mientras la informalidad se estanca. La población económicamente activa en México fue de 61.1 millones de personas en octubre de 2023. Sin embargo, la población no económicamente activa también incrementó a 40 millones de personas, un alza de 833.000 personas más que en octubre de 2022. Por otra parte, ni el incremento de 20 por ciento del salario mínimo para los trabajadores reducirá la pobreza y que estos superen sus condiciones de marginalidad, porque la inflación afecta parejo, tanto a los trabajadores formales y los que están en la informalidad, un mal que el gobierno pretende remediar con políticas económicas erradas.
El presidente López Obrador está en la recta final de su gobierno, hay más desaciertos que aciertos, la pobreza y desempleo seguirá siendo un pendiente que heredará al próximo inquilino o inquilina que despachará desde Palacio Nacional, mientras tanto, para ocultar la realidad de su administración se sujeta de datos manipulados a conveniencia, por ejemplo, el reciente reporte del Coneval, organismo encargado de la medición oficial de la pobreza en México. De acuerdo al organismo, de 126 millones de mexicanos, refiere que el porcentaje de población en situación de pobreza bajó a 36.3 por ciento en 2022 frente a la proporción de 43.9 por ciento de 2020. A lo que el mandatario federal aseguró que esta reducción de la pobreza no se lograba desde 1984, acto seguido dijo que “si hay menos pobreza y menos desigualdad en el país, es un gran logro, ese es el objetivo principal de cualquier gobierno, lograr la justicia y la felicidad del pueblo”, sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas porque de acuerdos a los “otros datos” al parecer la verdadera cifra de pobreza es de 97.7 millones de mexicanos, contra los 46.8 millones de personas del Coneval, contradictoriamente, la verdadera cifra asciende a más del doble, según datos de Evalúa México.
En síntesis, el combate a la pobreza, que fue el principal slogan de campaña y ya en el gobierno de “primero los pobres” Andrés Manuel López Obrador y su “Cuarta Transformación” no ha dado resultados significativos, pues hoy son más los mexicanos en condiciones de pobreza y vulnerabilidad.
No nos sorprende que los poco más de nueve billones de pesos que este año ejercerá el gobierno federal, una gran parte de ese recurso público, se canalicen para las obras faraónicas de la 4T y para programas asistencialistas, a todas luces, esos dineros servirán para maicear a los pobres, es decir, para la compra de conciencias, porque utilizará de manera electoral los programas sociales, eso no lo digo yo, el propio Presidente lo dijo, cuando declaró la gente en situación de pobreza “me van a seguir y van a apoyar este proyecto que estoy encabezando”, pero ¿a qué costo? Claro, mediante el despilfarro de dinero, transformado en programas electoreros.
- En el caso de Quintana Roo, ¿ve los resultados ofrecidos en el “Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo” impulsado por la gobernadora Mara Lezama?
La gobernadora Mara Lezama ya cumplió poco más de un año al frente de la administración estatal, si bien es cierto que el gobierno pasado dejó mucha deuda, lo que implicó el incremento desmedido de la pobreza, desempleo y sobre todo los altos índices de inseguridad en el Estado, por lo que las políticas económicas del nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo social, debe considerar y atender a todos los sectores, sobre todo a los más desprotegidos, y esperamos que el gasto se oriente y se le dé un manejo transparente, responsable y con disciplina financiera, para priorizar la inversión pública en el bienestar del pueblo y dejar atrás los gastos innecesarios.
Insisto, está iniciando la administración estatal, es muy corto el tiempo para poder evaluar lo que se ha hecho en un año, pero ojalá que en este 2024 se tomen las medidas necesarias para que se priorice a los grupos más vulnerables de las colonias y localidades de nuestro Estado, porque de acuerdo a los recientes informes, cerca del 83 por ciento de los quintanarroenses no tienen condiciones de bienestar y por ende, ahí es donde se tiene que canalizar la mayor parte del presupuesto estatal, transformado en obra social y servicios básicos, así como empleos seguros y bien pagados.
- Hablemos sobre el presupuesto estatal, donde el gobierno destinó 896 millones para obra social, y para la Secretaría de Bienestar la cantidad de 1,327 millones, al DIF 1,490 millones más 679 millones para nuevos organismos, ¿considera que este exorbitante recurso mejorará la calidad de vida de los pobres y que no vulnera a otras instituciones que lo requieren como el sector educativo? ¿Por qué?
Como lo mencioné anteriormente, son miles de quintanarroenses que tienen al menos una de las carencias sociales, eso significa que son ya más de la mitad de la población con carencias de bienestar, son aproximadamente, de acuerdo a datos oficiales, 1.3 millones de personas, es decir, el 69 por ciento, y si añadimos a quienes aun sin carencias y superando el umbral de la pobreza, tienen un ingreso de sobrevivencia, menor al costo de dos canastas básicas, son 1.6 millones, es decir, el 83 por ciento de la población no tiene condiciones de bienestar, y sólo el 17 por ciento de los habitantes, es decir, 330 mil personas, cuentan con ingreso digno y vive sin carencias.
Por lo mismo, nos dicen que se va a duplicar los 869 millones de pesos para obra, pero sabemos que esos recursos están etiquetados para continuar las obras del Tren Maya. Entonces, lo que sí se va a aplicar, no atenderá significativamente la falta de infraestructura pública, porque es muy poco lo que se destinará a ese rubro, si es que se está pensando construir en las colonias el drenaje, pavimentación de calles, obras de introducción de agua potable, energía eléctrica, escuelas, centros médicos, y aunque cada dependencia tiene asignado un presupuesto, no se compara con lo asignado a programas sociales, porque se trata de que los quintanarroenses mejoren sus condiciones precarias y que tengan mejores oportunidades de bienestar, pero nada de eso se logrará ofreciendo dádivas, con “mejoralitos sociales”, esas exorbitantes sumas millonarias, bien utilizados, puede ayudar a reducir la pobreza y desempleo, aun así, confiamos en que serán recursos bien transparentados y que ahora sí se cumplirán los ofrecimientos, en especial con los sectores más olvidados y desprotegidos.
- ¿Considera que el presupuesto de este año, que asciende a poco más de 47 mil millones de pesos, atenderá en serio las verdaderas necesidades del pueblo quintanarroense?
Poco más de la mitad del presupuesto estatal se canalizará para programas sociales, campañas políticas, participación de los ayuntamientos, entre otros rubros, mientras, queda muy poco del total programado para atender otras necesidades básicas como el desarrollo del Estado y el bienestar de la gente, tales como la inversión en infraestructura productiva: que son los caminos, carreteras, drenajes, puentes, así como el mantenimiento de la infraestructura ya existente. Además de la electricidad, la vivienda, el agua potable, la educación, la salud y la seguridad pública, entre las más destacables para los quintanarroenses.
Sin duda, lo más grave es la desproporcionada distribución del gasto, por la enorme tajada del presupuesto que se llevan los programas sociales. Este enorme despilfarro de recursos deja el crecimiento de la infraestructura productiva del Estado y la calidad de los servicios básicos para la población.
Entonces, queda claro que la distribución del presupuesto no debe limitarse a programas sociales para que la gente sólo reciba unos cuantos pesos a título individual, a cambio de seguir careciendo de obras y servicios en las zonas urbanas, así como el abandono indolente del campo, y ante la falta de programas de impacto que impulsen la producción de alimentos; dependamos aún más del exterior, como ya se observa en el aumento de las importaciones de granos y oleaginosas. En consecuencia, deseamos ver que en este gobierno el nuevo acuerdo por el bienestar sea para bien de los quintanarroenses más necesitados. Es decir que cada peso del nuevo presupuesto estatal que asciende a más de 47 mil millones de pesos debe priorizar la pobreza y marginación de los quintanarroenses.
- ¿Qué estrategias debería implementar el gobierno de Mara Lezama para poner un alto a la pobreza, el desempleo, inseguridad, grosso modo, combatir la polarización social?
Es menester tener en cuenta que la causa de la pobreza y la marginación que afecta a miles de quintanarroenses no tienen su origen en la “corrupción”, como lo suele repetir a cada rato el Presidente. La causa real es la desigualdad social imperante, pues la riqueza se produce con base en el trabajo de la mayoría, no obstante, el fruto del trabajo genera ganancias, las cuales no se reparten equitativamente, es decir, los ricos se quedan con una gran parte de las ganancias y distribuyen entre los trabajadores migajas, apenas suficientes para subsistir, por lo que cualquier gobierno que se diga “progresista”, debe corregir y acotar las causas de los males sociales, mediante un sistema social que distribuya mejor las riquezas.
De no hacerlo, la población que vive en pobreza y pobreza extrema cada vez se las verá más difícil porque no se le está atendiendo su grave situación económica y con ello no se frena el crecimiento de los cinturones de pobreza; al mismo tiempo, la falta de oportunidades lacera a las personas, y lo peor de todo es el poco interés gubernamental, pues no se invierte o se hace muy poco para combatir la miseria y los demás males que de ésta se desprenden.
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