Desde el pasado viernes 17 de junio, se mantiene preso injustamente a un hombre cuyo único delito ha sido ponerse a la cabeza de las reivindicaciones justas y necesarias de los pobres y desprotegidos, por más de tres semanas se ha privado de su libertad, mediante artimañas y un juicio amañado, al presidente de la “Sociedad Cooperativa Antorchista de Transportistas del Valle”, Domingo Ortega Butrón, acusado de “daño a las vías de comunicación”, cometido, supuestamente, al encabezar en 2019, una manifestación a una dependencia de gobierno exigiendo solución a las demandas de cientos de pachuqueños que atestiguan su labor y han salido en su defensa. 

Ante este acto de represión contra un miembro del Movimiento Antorchista Hidalguense que se ha dado a la tarea de alzar la voz en reclamo de atención y solución a las necesidades de miles de campesinos, colonos, obreros, estudiantes, profesores  y amas de casa; miles de ciudadanos se han sumado a la exigencia de ¡Libertad para Domingo! a través de mítines, difusiones, marchas, videos en las redes sociales, etc.; miles han denunciado este uso faccioso del poder judicial contra aquellos que osan reclamar el cumplimiento de sus derechos. 

En todas estas manifestaciones de apoyo hay un personaje común, firme e incansable; el pueblo. Este acto de injusticia contra uno de sus hijos, con el que sus maquinadores buscaban amedrentar y frenar la lucha del pueblo organizado, ha logrado todo lo contrario. El pueblo hidalguense se ha aglutinado contra este atropello a los derechos de libre organización y manifestación orquestado por el gobierno estatal en claro contubernio con el poder judicial, y en el que se revela su papel de opresores de la clase trabajadora. 

En Hidalgo, la población de todos los rincones de la entidad, desde la Huasteca hasta la capital hidalguense, se encuentra sumida en la pobreza; sin servicios básicos en cientos de comunidades rurales y colonias urbanas marginadas, miles de familias hidalguenses tienen una, tres o más de las seis carencias sociales en sus hogares, que las ubica con pobreza o pobreza extremas; miles  viven con rezago educativo, sin acceso a los servicios de salud, sin acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda y sin un un ingreso suficiente para adquirir alimentos para sus familias y cubrir sus necesidades básicas. Y, sin embargo, no se atiende esta problemática, el poder ejecutivo de Hidalgo en lugar de ocuparse de resolver estas carencias que aquejan a familias desde todos los rincones de la entidad, desde la Huasteca hasta las colonias de Pachuca; el gobierno de Hidalgo se ha encargado de usar la ley como garrote represivo contra los que demandan mejoras en la cruel realidad que sufren miles de hidalguenses, contra los que exigen que el presupuesto estatal se ocupe en obras y servicios para los ciudadanos.

Queda demostrado ante los ojos del pueblo no solo de Hidalgo sino a nivel nacional, que el aparato estatal no está para brindar mejores condiciones de vida para sus gobernados, que quienes ostentan el poder no velan por los intereses de todos, que es necesario que el poder pase a manos del pueblo pues solo así podrá defender sus intereses de clase, solo así los miles de mexicanos que viven en condiciones inhumanas podrán gozar de la riqueza generada por su trabajo. 

Agrupémonos y luchemos, por la defensa del luchador social, Domingo Ortega. Apremian, hoy más que nunca, las tareas de organización y educación del pueblo organizado para lograr que se convierta en la fuerza transformadora que está destinada a ser. Solo con el poder político en manos del pueblo lograremos que este atropello no se repita.