La actitud del presidente Andrés Manuel López Obrador, contrariamente al mandato que los mexicanos le confiaron de gobernar para acabar con la corrupción y los abusos de los gobernantes del pasado en favor los mexicanos, todos los días, en sus “mañaneras”, agrede y amenaza a todos quienes no coinciden con su muy particular visión de país y su forma de gobernar, llamándolos “conservadores, neoliberales y enemigos del poder”. Lo mismo acusa, ofende y amenaza a expresidentes de la República que a gobernadores de oposición, líderes de organizaciones y partidos políticos, empresarios, médicos, jueces y magistrados, consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), miembros del Tribunal Electoral, etcétera. A todos menos a los narcos y a los “prianistas” que militan en su partido.
La agresividad del presidente contra los consejeros del INE no es nueva, data de hace más de 14 años (antes IFE) y obviamente hay mucho de fondo. En junio de 2019, a unos meses de pasada la elección en que democráticamente resultó favorecido López Obrador, reconocido y avalado por el INE, preparando las condiciones para mantenerse en el poder, el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Pablo Gómez, declaró que su partido propondrá la desaparición todo el Consejo General del INE". Propondremos convertirlo en lo que siempre debió haber sido: un organismo técnico e imparcial y no político, explicó.
Y en una de las conferencias mañaneras del presidente López Obrador, en julio de 2020, previo al nombramiento de cuatro nuevos consejeros electorales por la Cámara de Diputados, este aseguró que los gastos que genera el INE son muy elevados, acusó de ser omiso ante varios fraudes electorales y que en el organismo electoral “hay gentes oportunistas, serviles, obedientes al poder, autoritarios, sometidos a los intereses de los grupos creados, gente inmoral que ha avalado fraudes electorales”, por lo que advirtió que se convertiría en “guardián” para que se respete la decisión de los ciudadanos en los próximos comicios, que se llevarán a cabo en 2021.
Conociendo lo pérfido de López Obrador, no dudo ni tantito que su rijosidad se explique como una “treta” más para desviar la atención de los mexicanos y los medios informativos ante la falta de resultados de su gobierno. ¿Por qué el presidente se arroga facultades que no le corresponden? ¿Quién y qué ley le autoriza a López Obrador, convertirse en guardián de las elecciones? En lugar de meterse en asuntos que no le corresponden, por qué no ponerse a hacer algo útil en beneficio de los mexicanos, como atender la falta de empleos, educación, salud o atender el tiradero de muertos que tiene a lo largo y ancho del país, por la inseguridad, los feminicidios o la falta de vacunas para evitar más muertes de mexicanos, que en buena medida han ocurrido por su ignorancia e irresponsabilidad?
Con el socorrido argumento de combatir la corrupción, por cierto, incrementada en lo que va de su gobierno según datos proporcionados por el Inegi, con el control legislativo en ambas cámaras y el garrote de la UIF, el presidente ha desaparecido todo lo que no le gusta o no le conviene, como los programas sociales, fondos y fideicomisos, que a pesar de repetir que actúa con rectitud y transparencia, y que no es necesario tener aparatos administrativos costosos, impuso, y anticonstitucionalmente amplió el período, por dos años más, del Presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, porque dijo, “le tiene confianza”, eso bastó. Y con el argumento de combatir la corrupción ha hecho lo que le ha dado la gana en la CNDH, el Instituto Nacional de Acceso a la información, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, etcétera.
Y por lo mismo, AMLO y la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, violando la Constitución y las leyes electorales, han propuesto de nuevo, la desaparición del INE y se han sumado a las amenazas del presunto violador, Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, candidatos de Morena a los gobiernos de Guerrero y Michoacán, contra los integrantes del Consejo General del INE, particularmente contra los consejeros, Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, encargados de hacer valer las leyes, resultado del desarrollo democrático de nuestro país.
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