Según un informe presentado por la organización Civil Causa en Común, a pesar de la política de los “abrazos, no balazos” de Andrés Manuel López Obrador, en México se han registrado al menos 191 masacres en lo que va de 2023, destacándose las entidades de Zacatecas, Guanajuato y Chihuahua como los estados con más atrocidades y eventos de alto nivel. Tan sólo en mayo se registraron 30 masacres en el país; las más graves, ocurridas en los estados de Veracruz y Baja California.
En dicho informe se detalló que la atrocidad con mayor incidencia es la tortura, con 664 casos; el asesinato de mujeres con crueldad extrema se ubica en la segunda posición, con 324 casos —es decir, diecinueve casos cada semana—, y el tercer lugar lo ocupa la mutilación, con 196 casos. Actos violentos contra la autoridad y masacres ocupan cuarto y quinto lugar, con 172 y 161, respectivamente.
Los estados que más víctimas registraron fueron Veracruz con al menos 716; Chiapas con 473; Chihuahua con 290; Nuevo León con 284, y Guanajuato con al menos 222. Los que registran menor cantidad de víctimas fueron Campeche con nueve; Durango y Coahuila con diez cada una; Aguascalientes con quince y Querétaro con diecisiete.
En cuanto a las entidades que destacan por “masacres” están: Zacatecas con diecinueve; Guanajuato, con dieciocho; Chihuahua, con quince; Veracruz, con once; y Morelos, con diez.
Dos cosas llaman poderosamente mi atención: en primer lugar, la permeabilidad de la población mexicana respecto a la actuación del gobierno que encabeza el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, quien con su actitud, alienta este tipo de acciones de terror.
Al parecer nos hemos acostumbrado a este tipo de eventos en que desafortunadamente han muerto hasta ahora, ocho meses antes de que termine su gobierno, una cantidad de personas que nunca se le habría permitido a los gobiernos anteriores sin que pagaran el costo político.
Ocho meses antes de que termine el Gobierno de AMLO, han asesinado a una cantidad de personas que nunca se le habría permitido a los gobiernos anteriores sin que pagaran el costo político.
El presidente López Obrador, con todo cinismo afirma: “Todos los días trabajamos para que el estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la paz, la tranquilidad, y que no tengan que ser los ciudadanos los que se hagan cargo de la defensa”, y remata señalando “que su administración ya está trabajando para brindar seguridad a los mexicanos”.
Así lo declaró tras los recientes acontecimientos violentos ocurridos en Texcaltitlán, Estado de México, donde pobladores se enfrentaron con presuntos extorsionadores, integrantes de La Familia Michoacana, dejando un saldo de catorce personas muertas, once de ellas pertenecientes al crimen organizado, cinco heridos de gravedad y más de diez pobladores desaparecidos.
Durante la conferencia matutina del 13 de diciembre, el presidente desestimó aquellos hechos al señalar que fueron aislados; “es la excepción y no la regla”, dijo. Pero si fuera la excepción, como lo señala el presidente, su Gobierno no estaría catalogado como el sexenio más violento, con las cifras oficiales hasta el mes de noviembre de 168 mil 700 homicidios dolosos y feminicidios: 84 por día.
Lo confirma el director de TResearch, “las autoridades federales hacen comparación de los datos de años más violentos con los más recientes, según los beneficie, para presentar una disminución. Pese a esa maniobra, “la tendencia alcanzaría las 200 mil ejecuciones al finalizar el Gobierno de López Obrador”.
Obviamente el presidente se defiende tratando de engañar a la opinión pública con su muy desgastado cuento de: “me dejaron un cochinero en materia de inseguridad” o “fue un narcoestado”.
En algo seguramente ha de tener un poco de razón; sin embargo, él ganó la Presidencia con la bandera de la “transformación”, es decir, que iba a corregir y eliminar todo lo malo de los sexenios del pasado. Esa fue al menos su promesa de campaña y no ha cumplido, a escasos meses de concluir los seis años de su sexenio, con más casos de violencia e inseguridad que durante los Gobiernos del pasado.
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