La inseguridad, la migración, el desempleo y otros problemas que se han agravado en México y que tienen como causa principal la injusta distribución de la riqueza social que se produce entre todos los trabajadores del país, pero que no se reparte de forma equitativa, han motivado que la ciudadanía haya perdido poco a poco la confianza y credibilidad en todos los niveles de gobierno.
Este sentimiento de los mexicanos se maximizó con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotxinapa en el Estado de Guerrero, que a más de un año de este detestable acontecimiento no existe una versión creíble de su posible paradero, pues la Procuraduría General de la República (PGR), máxima autoridad del país para aplicar la justicia está tan desprestigiada que sus declaraciones son puestas en duda por la mayoría de los mexicanos y fue este problema la coronación de la desconfianza en el gobierno federal y sus instituciones, fenómeno que se ha extendido y contaminado a prácticamente todas las instituciones las cuales se demuestran en una falta de respeto por los funcionarios del ámbito público: directivos de escuelas, hospitales y desde luego las policías y el mismo ejército mexicano no se escapan del ninguneo de los ciudadanos hacia todo aquello que representa autoridad legalmente establecida.
La desaparición de los estudiantes guerrerenses ha motivado la protesta de muchos sectores de la población mexicana; parece que unos protestan de forma legítima en apoyo a los familiares de las víctimas de Ayotxinapa pero otros se han colgado de este asunto para sólo desprestigiar al gobierno de Enrique Peña Nieto, Presidente de la República, quien aún no resuelve un problema cuando ya se cocina otro y otro más, cual si alguien los estuviera programando para mantener en ese estado de inestabilidad permanente a las autoridades federales.
Los métodos de lucha que han empleado para exigir la aparición de los 43 normalistas están, según ellos, plenamente justificados ante la falta de resultados de la procuraduría. Me extiendo en este tema porque creo es de los que más han acaparado la atención nacional e internacional, pero existen otros pendientes que afectan a otros sectores de la población y que no han tenido la divulgación e interés que se ha puesto a los desaparecidos en Guerrero a pesar del que también se ha difundido y pedido la intervención de las autoridades.
Uno de tantos casos que siguen impunes es el que reclaman los antorchistas: el secuestro y asesinato de don Manuel Serrano Vallejo, padre de la actual diputada antorchista Maricela Serrano Hernández.
Don Manuel fue secuestrado el 6 de octubre del año 2014 y desde entonces se señaló como probable responsable a Armando Corona, entonces diputado local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en este caso no hay ningún avance que sea lógico y convincente; se dijo incluso que se tenía localizado el cuerpo de don Manuel, fue reclamado por los dolientes y hasta la fecha no lo han entregado.
Este es uno de los casos más reclamados a nivel nacional, pues para exigir justicia, junto con otros problemas de carácter educativo, de vivienda y salud, el antorchismo nacional ha buscado por todos los medios a su alcance el interés del gobierno para investigar y castigar a los autores materiales e intelectuales del crimen cometiendo contra Serrano Vallejo.
Este crimen ha sido una de las razones por las que Antorcha ha realizado acciones de denuncia en todo el país: un plantón que duró más de dos meses frente a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), tres marchas en la Ciudad de México de 50 mil, 100 mil y 150 mil personas, ha difundido decenas de miles de volantes, ha realizado continuas conferencias de prensa y finalmente ha hecho protestas culturales en las principales plazas públicas de las capitales, además de cadenas humanas en los puntos más concurridos de las principales ciudades y municipios de pacífica y nada de esto parece llamar la atención del gobierno federal que es la petición de cerca de millón y medio de mexicanos pobres que esperan un cambio en la política, que garantice seguridad, impartición de justicia y atención al déficit de vivienda que padecen más de 20 mil familias agremiadas al movimiento y que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) sigue sin atender a pesar de que se ha anunciado el combate a la pobreza con la Cruzada Nacional Contra el Hambre.
Para quitar el muy sonado argumento de que las marchas afectan a terceros, Antorcha está realizando la actividad cultural con muy buenos resultados, se invita a la gente a disfrutar de música, poesía, baile y danza y escuchan las razones por las que se realizan estas jornadas culturales. También se están haciendo cadenas humanas a lo largo de las vialidades más importantes de las ciudades sin afectar el tránsito de personas y vehículos para que no se nos acuse de ello, es decir, Antorcha sigue exigiendo las mismas demandas de manera pacífica porque no estamos de acuerdo con los métodos violentos que usan otros grupos y organizaciones sociales, pero esto no quiere decir de ninguna forma que renunciamos a la defensa de nuestras demandas.
Hace unas semanas, el Presidente de la República realizó cambios en diferentes dependencias y secretarías con lo que se dijo se daría mejor atención y pronta solución a los problemas de los mexicanos y ahora con Arely Gómez González en la PGR el caso de don Manuel Serrano Vallejo sigue en el mismo estado; no hay avances en las investigaciones y el mismo tratamiento han recibido los demás asuntos.
La conmemoración de los 105 años de independencia de México del dominio español deja también lecciones importantes -contrario a lo que esperaban los detractores a ultranza del Gobierno— el grito de independencia en Palacio Nacional, aunque se observó menos concurrencia que en otros años, se llevó a cabo con buen ánimo y en los desfiles del día 16 hubo una amplia participación; quedó demostrado que los mexicanos buscamos oportunidades de desarrollo, queremos empleo, paz y seguridad y estamos dispuestos a seguir forjando el México de oportunidades para todos.
Son tantos los pendientes que tiene el gobierno federal que este debería mostrase más preocupado por atenderlos, las autoridades deben interesarse en ganar la credibilidad y confianza ciudadana, el gobierno debe con hechos en favor de los ofendidos recuperar el apoyo popular, pues apenas vamos a la mitad del mandato constitucional del presidente Peña Nieto y de aquí a tres años no sabemos que calamidades estén por venir; por nuestra parte seguimos organizando y educando a los trabajadores y no renunciamos a exigir justicia, paz y desarrollo social.
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