Y como si faltara otro escándalo más en el gobierno de la “Cuarta Transformación”, la nación entera fue testigo el 13 de febrero con motivo del Super Bowl 56°, que no llegaría el aguacate mexicano a tan esperado evento, el guacamole simplemente no acompañaría a los miles de aficionados que tradicionalmente es “botana” en el evento deportivo. Incluso estaba prevista la promoción del aguacate mexicano en un espacio del medio tiempo, al puro estilo de los grandes artistas que cubren la parte musical del Supertazón.

El incidente se presentó un día antes, según informaron las autoridades de Estados Unidos a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Seder) de México. La exportación de aguacate se suspendía porque las autoridades sanitarias estadounidenses tomaron la decisión después de que uno de sus oficiales que realizaba la labor de inspección en Uruapan, recibió una llamada amenazante. El propio gobierno morenista confirmó: “Estados Unidos suspende temporalmente por motivos de seguridad” la importación de aguacates provenientes del estado de Michoacán.

El acontecimiento tuvo relevancia porque en la región michoacana se cultiva el 75% de la producción nacional de aguacate, a ello se agrega que seis semanas antes, se exportaron 135,000 mil toneladas a los Estados Unidos, principal consumidor del aguacate mexicano. No queda duda de la importancia que ha tomado la región aguacatera, desafortunadamente agobiada por la delincuencia organizada.

El Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales (APHIS, por sus siglas en inglés) del departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) y la Embajada de Estados Unidos, anunciaron para el día 18 de febrero la reanudación de la importación de aguacate, acuerdo tomado con el Servicio Nacional de Sanidad y con la Asociación de Productores y Exportadores de Aguacates (APEAM) mexicanos, con la intervención de Ken Salazar, canciller estadounidense y canciller mexicano, Marcelo Ebrard, además del gobernador michoacano, Alfredo Ramírez Bedolla.

Hasta aquí todo va bien, pero el gobierno de López Obrador, negociador con la delincuencia organizada y partidario de los abrazos y no balazos, no ha dicho de qué manera va a resolver el problema, que tiene literalmente sitiado y desolado al campo mexicano. Como un ejemplo más, los habitantes del pueblo indígena de Cherán denunciaron que sus tierras están divididas con plantaciones de aguacates y bosques de pinos, sin embargo, estos últimos cada vez se reduce debido a la tala clandestina de árboles por algunos productores de aguacate para ampliar su superficie para la producción y por los delincuentes talamontes.

A estos se suman los cárteles de la droga que se dedican a la extorsión y saqueo violento de los pueblos de la región sin que autoridad estatal o federal tome el asunto en sus manos. La guerra por el territorio entre los grupos delincuenciales es el azote de los agricultores y población michoacana en general.

Pero la delincuencia no azota solo a los productores del campo con el aguacate, lo mismo sucede con los productores de limón en la zona de Michoacán, que se redujo en 12 mil toneladas, con la consecuencia del incremento del precio hasta en 80 pesos por kilo, los espárragos en los valles agrícolas del norte del país, y últimamente hasta abarrotes, cerdos vivos, vinos y licores y todo lo que se transporte por carreteras, por su facilidad para comercializarlos.

Urge el gobierno morenista que encabeza López Obrador, aplicándose la receta de no mentir, no robar y no traicionar, para enderezar este barco cada vez más a la deriva, en lugar de andar perdiendo el tiempo, cazando periodistas y comunicadores.