El presidente de la República se enreda en una madeja de conflictos de interés, corrupción con gente cercana a su gobierno, violación del estado de derecho que rige en nuestro país, pleitos con la prensa que lo crítica con fundamentos, madeja que muestra la verdadera cara de la 4T. Está eufórico, lanzando truenos y centellas, comportándose como un dictador en los hechos. No se ve al hombre “sereno” y “seguro” de otras veces cuando se lanza contra sus adversarios a los que llama “mafia del poder” o “partidarios del viejo régimen”. El detonante fue el reportaje del periodista Carlos Loret de Mola y Mexicanos contra la Corrupción (MCC) que señala posible conflicto de interés sobre la casa en que vivió por dos años el primogénito del presidente, José Ramón López Beltrán, y que es de un empleado de la empresa petrolera Baker Hughes que tiene jugosos contratos con la empresa estatal Petróleos Mexicanos (PEMEX), contratos cuyos montos se han incrementado durante la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Veamos que ha pasado en los días recientes en relación a esta escalada del conflicto en la que el presidente de la república se quiere asumir como juez y parte y viola a todas luces el estado de derecho vigente en México y que tantos años y sacrificios ha costado construir al pueblo mexicano.
En una primera arremetida, AMLO pidió (sí, amable lector, aunque usted no lo crea, él, el hombre más informado del país, se supone, saber las facultades de las distintas dependencias u organismos públicos) en una de sus mañaneras, mediante una carta al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que se llevará a cabo una investigación con el fin de hacer públicas las percepciones, bienes y el origen de la riqueza del periodista Loret de Mola. Con esto, AMLO está violando el estado de derecho vigente en nuestro país, ya que contravienen leyes consagradas en nuestra Constitución Política, en el Código Fiscal de la Federación y demás leyes. Así, el artículo 16 constitucional, dice: “Nadie puede ser molestado en su persona, domicilio, papeles o posesiones, sino en un escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales…”. El Artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, establece: “El personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias estará obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros relacionados con ellos…”. Eso está en las leyes, pero el presidente se las pasa por el arco del triunfo. Cree que por ser presidente puede hacer y deshacer a su antojo.
Pues bien, la titular del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, apegada a derecho ya respondió al visceral mandatario: “El INAI responde que no tiene facultades para investigar a Loret de Mola como solicitó AMLO”. “Ante la solicitud del presidente, al Instituto de Transparencia, para que se lleve a cabo una investigación con el fin de hacer públicas las percepciones y el origen de la riqueza que posee el conductor de Latinus, Carlos Loret de Mola, el Instituto aseguró que no posee las facultades”. “Para efectos de poder dar a conocer por medio de cualquier medio datos personales, es necesario contar con el conocimiento previo de la persona en cuestión”, (todo esto nos dice Infobae en su edición del 16 de febrero).
Sería más sano que el presidente aclarara de frente al pueblo todo lo relacionado al sospechoso y jugoso incremento en los montos de los contratos que tiene PEMEX con la empresa Baker Hughes con la cual su hijo, José Ramón López Beltrán, ha mantenido vínculos como lo es el hecho comprobado de vivir en una lujosa mansión propiedad de un alto ejecutivo de dicha empresa. Lo a todas luces se suscitó lo que conocemos como “un conflicto de interés”, esto es, una situación en que los intereses personales pueden influir en las decisiones de un funcionario. En lugar de demostrar que no existe tal conflicto de interés, AMLO prefiere arremeter rabiosamente contra la prensa no a fin a su gobierno y particularmente contra el comunicador Loret de Mola, al cual acusa de golpeador, corrupto, sin ideales y principios y del que ya reveló sus datos personales infringiendo la ley, violando como ya dijimos arriba nuestras leyes, como una forma de escarnio, sus ingresos que según esto ascienden a 35 millones anuales. Pero hay más periodistas e intelectuales contra los que arremete el mandatario, como Carmen Aristegui, Ciro Gómez Leyva, Denise Eugenia Dresser, que son señalados por el mandatario como comparsas de lo que él llama la “mafia del poder”.
La historia nos ha mostrado cómo es usado el poder del Estado por las dictaduras para acabar con toda oposición política y toda organización independiente de las masas trabajadoras. Ahí está el nacismo en Alemania de Adolfo Hitler, la dictadura de Pinochet en Chile… y podríamos seguir dando ejemplos. Esas dictaduras barrieron con partidos políticos, con organizaciones sindicales de obreros, con organizaciones de la sociedad, se suprimió con todo vestigio de prensa crítica. Hoy con la 4T parece que vivimos algo parecido: todo el aparato del estado contra un periodista cuyo único delito es exhibir que la máscara de austero e incorruptible del señor de Palacio Nacional se ha caído.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario