Los diputados tienen una responsabilidad constitucional con el pueblo, sus acciones y planteamientos deben estar enfocados a crear leyes que beneficien a la sociedad, pero en especial de los sectores más necesitados y desamparados de la patria. Los que representan al pueblo en la Cámara de Diputados, al proponer nuevas leyes, derogar o abrogar otras, deben hacerlo pensando en el beneficio de toda la sociedad, buscando llevar el bien común a todos los ámbitos, planteando la igualdad de oportunidad para todos y los que menos tienen, puedan acceder a ellas para mejorar sus niveles de vida.
Sin que sea su deber fundamental, los legisladores deberían vigilar la correcta aplicación de los recursos que aprueban al Ejecutivo del Estado como a los presidentes municipales, los que casi siempre son ejecutados inadecuadamente, pero que deberían servir para contrarrestar la gran desigualdad que impera; porque la ciudadanía, en pleno siglo XXI, aún carece de vivienda, servicios básicos en sus hogares y peor aún, tampoco se está pensando en crear empleos para que la clase trabajadora viva dignamente.
Los legisladores de la XVI Legislatura del Congreso del estado de Quintana Roo hacen todo lo contrario; para empezar, cada uno de los 25 legisladores que integran dicha legislatura al pueblo le cuesta la nada despreciable suma de 19 millones 917 mil pesos al año, por eso el Congreso de Quintana Roo es el sexto más caro de México, según un análisis que el Instituto Mexicano para la Competitividad realizó a las 32 cámaras del país.
Así es, el Congreso de Quintana Roo tiene a los diputados más caros del país y pese a la crisis de la pandemia de la covid-19 mantuvieron su “dienta”, como refinadamente se dice, dinero que no desquitan, porque su trabajo se queda corto con lo que cobran, es decir, el número de reformas realizadas o presentadas por cada uno es raquítica, por algo están en la lista a nivel nacional como de los peores calificados por incompetentes, pero eso sí se dan la buena vida.
Hace un par de días el Comité de Participación Ciudadana denunció que son muy excesivos los recursos que se asignan los legisladores, es decir, se auto adjudicaron más del triple del presupuesto destinado para impulsar programas sociales para los grupos vulnerables, pues del rubro 4 mil 400 “Ayudas sociales”, los legisladores se asignarán 75.5 millones de pesos. Habrá que destacar que dicha “ayuda”, es independiente de los programas previstos para atender las diversas carencias de los sectores vulnerables.
Sin embargo, además de ser los peor evaluados a nivel nacional queda la duda de que si los recursos millonarios auto asignados para programas sociales y otros rubros se estén usando de la mejor manera para promover el desarrollo y no como dádivas que sirvan para usar a los pobres para mezquinos intereses políticos, ya sea comprar conciencias y asegurar algún otro puesto a expensas de las condiciones precarias que padecen miles de ciudadanos.
Sin duda, el pueblo debe pensar muy bien a la hora de elegir a los políticos que los representará en la Cámara de Diputados pues como ya se expuso con anterioridad resulta que ni los representan, pero sí se dan una vida de lujos, hacen mal uso del presupuesto destinado para programas sociales o están involucrados en actividades ilícitas. Sirvan como ejemplo las recientes acusaciones que pesan sobre un diputado a quien señalan supuestamente por estar involucrado en organizaciones criminales ligadas con la mafia rumana.
Alarma que la fracción legislativa de Morena que tiene amplia mayoría en el Congreso del Estado mantenga total silencio sobre esos casos porque están más entretenidos disputando para estar inscritos en la boleta para los próximos comicios electorales. Por ello, el pueblo debe organizarse y politizarse, para que entre sus filas con conocimiento de causa elija a quien verdaderamente los representará y hoy, más que nunca, la organización del pueblo y su educación son fundamentales para un cambio radical del país entero, para no dejarse llevar por falsos redentores como lo son los legisladores de Morena que son mayoría en el Congreso del Estado, pero que se han mostrado incapaces para legislar a favor de los más desamparados.
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