Con la crisis de desabasto de agua potable que afecta actualmente a buena parte del Valle de México, particularmente a la capital del país, la crisis hídrica que sufre el país y que pinta para peor, nuevamente está acaparando los titulares y las mesas de análisis, en buena medida porque estamos en año electoral. Pero debemos analizar el problema más allá de lo superficial y lo mediático.
De acuerdo con el Monitoreo de la Sequía de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para el corte del 31 de enero de 2024, un total de mil 565 de los 2 mil 471 municipios del país (cerca del 70 %) padecían algún tipo de estrago por la falta de agua. Para nadie es un secreto que las protestas públicas relacionadas con el desabasto de agua potable han venido incrementándose exponencialmente.
La mayoría de los medios que han tratado la cuestión abordan el problema, como otras veces, sólo en su aspecto ecológico, es decir, como efecto del cambio climático, lo que es más cómodo porque nos responsabiliza a todos por igual.
La regulación jurídica en México permite que grandes empresas sean dueñas del agua, pues han recibido concesiones de parte de Conagua, la inmensa mayoría de ellas totalmente gratuitas, para explotar el líquido.
Pero la crisis hídrica que enfrentamos los mexicanos, también debe analizarse desde el aspecto social, tomando en cuenta que vivimos en una sociedad de tipo capitalista y existen clases sociales con intereses antagónicos. Entonces, ¿quiénes son realmente los principales responsables de este problema?
Lo primero que tenemos que tener claro es que la inmensa mayoría del agua que se gasta en México no se da a través del consumo doméstico, o sea, el que se utiliza para cocinar, lavar, bañarse, etcétera, sino que se calcula que entre el 70 y 75 % del consumo de agua en México se da a través del uso agrícola e industrial; principalmente en la industria de los alimentos y otros complejos procesos productivos.
Actualmente, la regulación jurídica en México permite que las grandes empresas dedicadas a los sectores anteriormente mencionados sean, en los hechos, las dueñas del agua del país, pues han recibido concesiones de parte de Conagua, la inmensa mayoría de ellas TOTALMENTE GRATUITAS, para poder explotar el agua en su beneficio.
Estas concesiones se otorgan a organismos privados denominados “distritos hídricos”, quienes han recibido la autorización para explotar millones de metros cúbicos de agua por tiempo indefinido en los principales mantos acuíferos del país.
Según un reportaje de investigación de Mexicanos contra la Corrupción titulado “Los explotadores del agua”, un artículo largo y multipremiado, de 138 mil titulares de concesiones de agua que existen en el país, solamente el 37 % está registrado para pagar y, de estos, la Conagua sólo tiene constancia de que paga el 33 %. En realidad, sólo alrededor del 3 % de los grandes concesionarios de agua paga por la explotación que realiza.
Además, actualmente la regulación jurídica sobre el uso de estas concesiones permite que si estas grandes empresas privadas no utilizan toda el agua que tienen concesionada puedan venderla sin reportar los beneficios que reciban por esta comercialización. De esta manera muchas ciudades y municipios ubicados en zonas áridas, terminan comprando a precios verdaderamente exorbitantes el agua que necesitan sus ciudadanos a los dueños de estos distritos hídricos.
Pero no sólo la agroindustria está acaparando el agua de todos los mexicanos. Existen investigaciones de organizaciones independientes como “Agua para Todos” que han documentado que grandes bancos extranjeros y nacionales como Banorte, JP Morgan, Goldman Sachs, Banamex, etcétera, están adquiriendo concesiones agrícolas para extraer en el futuro millones de metros cúbicos de agua en mantos acuíferos de zonas en donde pronostican que muy pronto el vital líquido será escaso; se preparan para lucrar con la inmensa necesidad de la gente.
Por ejemplo, Banco Azteca, de Ricardo Salinas, tiene una concesión por 2.2 mil millones de litros cúbicos en el Valle de México para beneficio privado, muy cerca de la CDMX en donde se pronostica que para junio de este año se quedarán sin el 30 % del suministro que proviene del sistema de presas Cutzamala.
Otro banco, Santander, tiene una concesión en Quintana-Roo por 1.8 mil millones de litros cúbicos, precisamente en una zona de gran afluencia turística y comercial.
Tampoco hay forma actual de regular y vigilar que los grandes concesionarios realmente utilicen sólo la cantidad de agua que tienen permitida. Según la académica Viridiana Ríos, en la nueva edición de su libro No es normal, la Conagua solamente tiene 180 inspectores para cubrir 527 mil concesiones de agua que deben monitorear, lo que significa que es muy probable que una inmensa cantidad de concesionarios privados este robándose más agua de la que le toca.
De esta manera queda claro que la raíz del problema de la carencia de agua en muchos lugares y de las dificultades que atravesamos millones de mexicanos de clase trabajadora estriba principalmente en la injusta distribución del vital líquido, y en el proceso de concentración de este inmenso bien público en unas cuantas manos.
La culpa es, pues, del capitalismo, y particularmente de su forma más voraz: el neoliberalismo, mismo que no ha cambiado ni una coma durante el actual régimen de la 4T, como lo demuestran los datos que ya he proporcionado.
Esto queda igual de claro si nos asomamos a estudiar la situación en la que se encuentra la infraestructura hidráulica del país, los sistemas de abastecimiento, las presas y los mantos acuíferos, totalmente abandonados y sin la inversión suficiente, lo que ha convertido el tema en una bandera electoral de una oposición que, sin embargo, no hace ninguna propuesta seria que atente contra el sistema económico vigente.
Probablemente, una de las consecuencias más nefastas del neoliberalismo en México fue que el Estado mexicano, el Gobierno pues, poco a poco se fue desentendiendo de garantizar los derechos sociales constreñidos en la Constitución de la República, desmantelando las instituciones públicas encargadas de garantizarlos o entregándolos a empresas privadas.
Así pues, en la actualidad en diversas ciudades del país, el servicio de abastecimiento de agua potable también se encuentra concesionado a empresas privadas (como Grupo Más en Veracruz) o se han creado organismos descentralizados de la administración estatal y municipal, que en los hechos funcionan como si fueran privadas (como CMAS en Xalapa.) Esto ha convertido al agua no en un derecho humano elemental, sino en una mercancía a merced de quien puede pagar más por ella.
Por lo tanto, cambiar esta injusta situación no sólo requiere de voluntad del Gobierno en turno, sea del partido que sea: requiere principalmente que los mexicanos trabajadores y humildes, los que sufrimos las nefastas consecuencias de la falta de agua en nuestros hogares, tomemos conciencia del problema, entendamos las causas económicas y sociales detrás de este y nos propongamos como una fuerza organizada y consciente cambiar el modelo económico neoliberal por uno más justo y equitativo que no permita la obscena concentración de la riqueza e impida la entrega de los bienes nacionales a las empresas extranjeras.
Solamente así, con una inmensa y poderosa fuerza social organizada, respaldando a un gobierno verdaderamente surgido del pueblo y representante de sus intereses, se podrá frenar y controlar a las grandes empresas que en la actualidad tienen el agua concesionada y están dejando a la población sin poder acceder a ella. No hay otra opción.
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