En las últimas semanas, todos los medios de comunicación han dado cuenta del inicio de una tercera ola de Covid-19 y del surgimiento de otras variantes del coronavirus, algunas de ellas -la Delta- más agresivas y mortales que la original, provocando mayores daños a la población, en particular a jóvenes y niños. Datos de la Secretaría de Salud señalan que incrementó el número de infecciones y la ocupación hospitalaria también se disparó, situaciones que ubican a México como el cuarto país del mundo con más muertes ocasionadas por el SARS-CoV-2, por detrás de Estados Unidos, Brasil y la India, y en decimosexta posición se coloca en contagios confirmados, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins.
Yucatán acumula 55 mil 686 contagios y cinco mil 112 defunciones desde el inicio de la pandemia, y actualmente se encuentra entre las entidades con más de mil casos activos. Pero si la situación sanitaria es complicada, la económica se torna verdaderamente desesperante para miles de familias yucatecas, debido a la pérdida de empleos formales e informales, a la reducción de los salarios y al encarecimiento de la canasta básica, por lo que difícilmente han podido sobrevivir.
Según datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2020, las viviendas de Yucatán, igual que las de Quintana Roo, Ciudad de México, Jalisco y Tlaxcala, fueron los más afectados por la pandemia, debido a que en estas entidades federativas se registró la mayor caída, tanto de sus ingresos como de sus gastos, cuya actividad productiva está cimentada en los servicios y el comercio, mismos que al sufrir el paro de sus industrias, al no ser esenciales en 2020, los hogares registraron una caída promedio en sus ingresos de 16.6 por ciento con respecto a 2018.
De acuerdo con la ENIGH, en el marco de la pandemia por Covid-19, Yucatán tuvo una caída general en el ingreso corriente promedio del 12.48 por ciento al pasar de 53 mil 447 en 2018, a 46 mil 766 en 220, mostrando cómo los hogares de menos recursos tuvieron que vivir en 2020 con un ingreso trimestral en promedio de ocho mil 662 pesos, es decir, con 96.2 pesos al día; esa es la trágica realidad que viven cientos de miles de familias humildes del Estado, ya que el último informe de pobreza proporcionado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que en esta entidad federativa hay 900 mil 500 pobres.
La pandemia ya duró mucho tiempo y no tiene para cuando terminar, las secuelas que va dejando a su paso son cada vez mayores, y la pobreza avanza galopante entre los sectores medios y más pobres; sin embargo, el Gobierno federal no da visos de querer corregir el rumbo que ha tomado para enfrentar y combatir la contingencia sanitaria, por el contrario, sigue dando tumbos y provocando con cada una de sus acciones, el incremento de los contagios, la muerte de más mexicanos -pobres, en su mayoría- y un empobrecimiento mayor de las clases populares.
Urge mayor atención a la problemática que padecen millones de personas, entre ellos los yucatecos; la enfermedad, el desempleo, la falta de comida, vestido, vivienda, educación, por mencionar algunos, siguen descomponiendo el tejido social, pues cada vez más mexicanos caen en situación de pobreza.
En la entidad las cosas no van mejor, cada vez es más común ver manifestaciones frente a Palacio de Gobierno que denuncian los atropellos y falta de oportunidades, exigiendo a las autoridades estatales, apoyo para quienes conforman los sectores más desfavorecidos, aquellos que con la pandemia y con los desastres naturales lo han perdido prácticamente todo.
En este contexto, los antorchistas también hemos acudido a la sede del Poder Ejecutivo, a exigir solución a nuestras modestas demandas, pero no hemos encontrado eco en quienes están obligados a resolver; ya es tiempo que el gobernador del Estado, Lic. Mauricio Vila Dosal, tome en sus manos la problemática planteada y dar soluciones al pliego petitorio de obras y servicios, que como es del dominio público, se reduce a insumos agrícolas y apícolas, indispensables para los campesinos yucatecos que perdieron todo por las inundaciones del año pasado; pedimos escuelas, regularización de colonias, electrificaciones, aguas potables, pavimentación de calles, mejoramiento de vivienda, entre otros.
Gastar enormes cantidades en seguridad pública está bien, pero no a costa del bienestar de los yucatecos que necesitan resolver la problemática de empleos, mejores salarios, obras, servicios e infraestructura social para tener una vida digna de seres humanos; seguir evadiendo los problemas es dejar que la pobreza y la enfermedad sigan creciendo como lo han hecho hasta ahora. Los antorchistas no cederemos en nuestra lucha en contra de la pobreza, el sufrimiento de 900 mil 500 yucatecos así lo demandan.
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