Hace algunas semanas el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una Iniciativa de Reforma Electoral, que hoy está en discusión, en la que propone principalmente la eliminación del INE, sustituyéndolo por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, quitándole la autonomía para convertirlo en un apéndice del poder ejecutivo, es decir, del presidente de la república.
Esta situación ya prevalecía en nuestro país desde antes de 1988, año en el que la elección presidencial fue muy discutida y cuestionada porque se le cayó el sistema a la Secretaría de Gobernación de quien dependía la Comisión Electoral que era el órgano encargado de organizar las elecciones en nuestro país.
EL actual gobierno se propone, aunque lo quiera disfrazar, tener el control de la organización y la calificación de las elecciones como las tuvo el otrora poderosos partido de estado durante varias décadas. El IFE primero y, ahora el INE en el que trasmuto, fue resultado de la lucha ciudadana y de los partidos políticos contra los fraudes electorales que por muchos años se cometieron porque el gobierno era juez y parte en los procesos electorales.
Soy de los que creen que el INE, ha realizado un trabajo aceptable en lo que a la organización de elecciones se refiere, han sido pacíficas y sin grandes protestas de inconformidad, ni en las calles, ni en los tribunales.
La iniciativa plantea que los consejeros electorales sean nombrados mediante el voto universal y reducir su número de 11 a 7, así como desaparecer los legisladores plurinominales, es decir, el número de diputados federales se reduciría de 500 a 300 y el de senadores a 96.
En apariencia el objetivo sería reducir los gastos para que la democracia en nuestro país fuera más barata, situación que no sería posible porque se tendrían que elegir los consejeros cada 6 años y tendría un costo de cuando menos 8 mil millones de pesos.
Quiere desaparecer los institutos y tribunales locales, a sabiendas de que con los recursos que está proponiendo para el INE, este no podrá hacerse cargo de las elecciones locales, con esta medida el gobierno morenista desconoce la Constitución, al desconocer en los hechos que nuestro régimen de gobierno es una república federal y no central, como parece ser el camino al que quiere conducir a México López Obrador.
Se pretende también, debilitar a los partidos políticos de oposición, cancelando el financiamiento público ordinario, para que reciban recursos sólo en tiempos de elecciones federales. No es mi propósito, desde luego, limpiarle la cara a los partidos que merecido tienen el desprestigio que arrastran ante los ciudadanos por hacer mal uso del poder que durante muchos años les otorgó el electorado mexicano.
La débil democracia en nuestro país se ha reducido por décadas, al derecho que los ciudadanos comunes hemos tenido de escoger entre los candidatos que presentan los partidos para que sean nuestros representantes, porque la ley no permite una participación ciudadana real, es decir, que los mexicanos nombren a sus verdaderos representantes, sino que sólo nos permite escoger a quienes los partidos previamente seleccionaron. Ni siquiera las candidaturas independientes son accesibles al pueblo que se gana el sustento diario con el sudor de su frente porque carece de los recursos para pagar las costosísimas campañas electorales, cómo las que ya observamos a dos años de la elección presidencial con espectaculares y bardas por todos los rincones del país promoviendo la figura de personajes que pertenecen a las élites.
Lo que realmente busca esta reforma electoral del presidente López Obrador es reducir los órganos de representación y discusión, empezando con el propio congreso, lo cual facilitaría su control, su coacción y la colocación de sus incondicionales. Para centralizar más el poder y generar mejores condiciones para continuar en el gobierno, todas las acciones indican que ese es el propósito.
Estamos ante una maniobra más encaminada a establecer una dictadura en México, los mexicanos debemos darnos cuenta de ello y defender enérgicamente al INE ahora que todavía es tiempo.
Cada vez son más los mexicanos que se convencen que López Obrador y su grupo de poder, entienden por democracia la participación incondicional de un pueblo sumiso que acepte, agradezca y se conforme con las limosnas que desde el poder le otorgan.
Pero lo que el país necesita es un pueblo rebelde, luchador, pero organizado y con educación política, que le permita una verdadera participación en los asuntos más importantes del país, la tarea sigue pendiente, pongamos todo el esfuerzo y la creatividad para lograrlo.
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