Como seguramente la opinión pública está debidamente informada, el pasado 12 de abril, fueron asesinados dos integrantes del Comité Estatal del Movimiento Antorchistas en el estado de Guerrero, Conrado N., y Mercedes N., junto con su pequeño hijo de apenas seis años de edad, esto, en la carretera que conduce de México a Acapulco, cerca de Chilpancingo, en un paraje llamado Agua de Obispo, con el claro propósito de hacerlo parecer un accidente automovilístico.
Sin embargo, las autopsias y las evidencias periciales exhibieron que fue un crimen, que nuestros compañeros fueron ultimados con golpes en la cabeza y el niño fue estrangulado, además de que el automóvil nunca se volcó y los tres cuerpos fueron encontrados en el asiento trasero del vehículo. Todo indica claramente que en Guerrero se cometió un crimen político porque nuestros compañeros no tenían enemigos personales, no poseían riquezas y tampoco practicaban vicio alguno, por el contrario, dedicaban su tiempo y su vida a organizar y a luchar con los guerrerenses humildes, a lograr mejoras en sus condiciones de vida para hacerla más humana, de esto, abundan pruebas.
Por eso, desde el momento en que se tuvo conocimiento de los resultados, integrantes del Comité Ejecutivo de nuestra organización, solicitaron una reunión con la gobernadora del estado de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, para pedir su intervención para el esclarecimiento de los hechos y castigo para los asesinos de nuestros compañeros, dicha reunión no se ha realizado; además, a pesar de los compromisos contraídos por los funcionarios que atendieron a nuestros compañeros, para esclarecer los hechos, a 35 días de que ocurrieron los asesinatos, no hay avances en las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado.
Por tanto, ante la omisión, inactividad y el silencio por parte de las autoridades estatales, entre ellos la Fiscalía General de Guerrero, para identificar y castigar a los autores intelectuales y materiales de los horrendos crímenes, el antorchismo nacional, ha iniciado una campaña de denuncia y movilización popular, exigiendo justicia para nuestros compañeros asesinados, misma que no cesará hasta que el gobierno guerrerense cumpla con su obligación de perseguir y castigar a los culpables.
Por lo pronto, mil antorchistas marcharán por las principales avenidas de Chilpancingo, capital del estado y en las 32 entidades, denunciaremos a través de volanteo, pintas y redes sociales, que en Guerrero se cometen crímenes políticos y el estado poco o nada hace por perseguir y castigar a los asesinos.
Guerrero es una de las entidades donde la pobreza ha enraizado, se ha hecho secular, un estado que no posee condiciones institucionales propicias para el crecimiento y desarrollo, un deficiente acceso a la educación, a la salud, falta de vivienda, un alto grado de criminalidad y por tanto, un elevado número de muertos por violencia.
Tan sólo las cifras oficiales vertidas ayer 16 de mayo en la conferencia mañanera en Palacio Nacional, por la secretaria federal de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, en su informe de seguridad nacional, afirmó que Guerrero figura en el séptimo lugar como el Estado con más homicidios dolosos. Según las cifras dadas a conocer este martes, Acapulco y Chilpancingo, la capital guerrerense, tuvieron un incremento en homicidios dolosos en comparación con los años 2021 y 2022; así, la violencia atribuida por las autoridades de seguridad a grupos delictivos, ha dejado en esa entidad 535 víctimas, en los primeros cuatro meses de este año. Mencionó también que, Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, y Guerrero concentran el 47.3 por ciento de los cuatro mil 588 homicidios contabilizados a nivel nacional.
Así pues, aun cuando el horrendo crimen cometido en contra de tres seres humanos indefensos, pacíficos y distinguidos luchadores sociales no es el único, la perversidad y la saña con la que fueron ultimados, amerita que las autoridades correspondientes avancen en las pesquisas y se detengan a los culpables, caso contrario, este hecho abonará a la impunidad que prevalece en la mayoría de los sucesos, situación a la que los antorchistas no estamos dispuestos que ocurra, puesto que queda expuesta la seguridad y la vida de nuestros demás compañeros.
Además, hemos de repetir las veces que sean necesarias, que el contexto en que se dio el asesinato, fue de linchamiento político proveniente de las más altas esferas del poder federal encabezado por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien desde la más alta tribuna de la nación ha denostado encontra de las organizaciones políticas, en particular contra el Movimiento Antorchista Nacional y sus líderes, a quienes nos acusa sin pruebas, de corrupción y de recibir miles de millones de pesos de gobiernos anteriores, acusaciones que nos pone en la picota y predispone a la opinión pública en nuestra contra.
Los antorchistas de todo el país, entre ellos los yucatecos, sumamos nuestra voz de exigencia de justicia al gobierno de Guerrero para que encuentre a los criminales y los castigue. La actividad de luchadores sociales de Conrado y Mercedes así lo exige. Sabemos que nuestra labor cotidiana está llena de peligros, pero precisamente por eso deben cesar los ataques provenientes de la oficialidad.
El derecho de manifestación, petición y asociación están estipulados en los artículos 6, 8 y 9 de nuestra Constitución Política y deben preservarse en Guerrero y en todo el país, para no llegar a situaciones, cuyas consecuencias lamentamos hoy millones de mexicanos.
¡Por esos muertos, nuestros muertos, pido castigo!
¡Para el verdugo que mandó estas muertes, pido castigo!
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