Todos los días, los medios de comunicación dan cuenta de los graves problemas de inseguridad que se viven en el país. Las redes sociales están inundadas de evidencias de asaltos en casas habitación, a transeúntes, en transporte; secuestros, robo de niños, desapariciones de jóvenes, tiroteos, y asesinatos, entre otros; los cuales afectan la tranquilidad y la paz social.
Son tales los niveles de violencia, que nos estamos haciendo insensibles a todo el dolor físico y emocional que representan, para quienes lo sufren directa e indirectamente. Caer en la indiferencia del clima de violencia que cada día aumenta, es un error que no debemos cometer, por el contrario, debemos estar lo mejor informados posibles de lo que ocurre a nuestro alrededor, lo que pasa en nuestra comunidad, pero también lo que sucede a nivel nacional.
Los datos de instituciones estudiosas del tema nos pueden ayudar a dimensionar el tamaño del problema, tomar conciencia de cómo afecta nuestra vida, y, sobre todo, la necesidad de no quedarnos callados y exigir a quienes tienen el poder y la responsabilidad, que realmente asuman su función, tomen medidas para disminuir los índices delictivos y hagan justicia a las víctimas de los delincuentes, la población está urgida de sentirse segura.
La Encuesta de Seguridad Pública Urbana Primer Trimestre de 2023, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), publicada el 19 de abril pasado, tiene como objetivo general realizar estimaciones en torno a la percepción de la población sobre la seguridad pública en su ciudad; además, genera información para la toma de decisiones sobre la política pública en materia de seguridad. Entre los datos relevantes están los siguientes: a nivel nacional, durante marzo de 2023, 62.1 por ciento de la población de 18 años y más; 68 por ciento de las mujeres y 54 por ciento de los hombres, consideraron inseguro vivir en su ciudad, seguramente si la encuesta abarcara a población con rango de edad de entre 15 y 17 años, estos índices ya de por sí preocupantes, aumentarían.
Algunas de las ciudades donde la percepción de inseguridad rebasa por mucho la media nacional, del norte y centro del país: Fresnillo, Zacatecas, con 94 por ciento; Uruapan, Michoacán y Cd. Obregón, Sonora, ambas con 86 por ciento; Irapuato, Guanajuato y Toluca, Estado de México, las dos con el 85 por ciento.
Del centro, sur y sureste mexicano: Puebla, Puebla, el 70 por ciento, Oaxaca capital, el 72.9 por ciento; Tapachula, Chiapas, el 82 por ciento; Cancún, Quintana Roo y Chilpancingo, Guerrero, cada una con el 83 por ciento. Si el dato a nivel nacional de la percepción de inseguridad nos dice que más del 60 por ciento de los mexicanos, sobre todo las mujeres, viven diariamente con temor, es evidente que quienes viven en ciudades donde el indicador está entre el 70 por ciento y el 94 por ciento, salen de sus casas pensando que tal vez no regresen sanos y salvos a su hogar.
Otro dato, la cantidad de homicidios diarios, dado a conocer a los medios, por la Secretaria de Seguridad Ciudadana, el pasado mes de marzo, nos revela que la percepción de inseguridad de los mexicanos no es gratuita. En el primer bimestre de 2023, aumento con respecto al mismo periodo de 2022, para pasar de 78 a 83 asesinatos cada día. El acumulado de homicidios en lo que va del actual gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, es de 156,136. Si las cifras por día no decrecen, superará por mucho, las cifras de los sexenios de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.
Los datos antes mencionados debieran quitar el sueño a las autoridades, encargadas de velar por la seguridad de los ciudadanos. Lamentablemente, dichas autoridades, en algunos casos, comenten directamente los delitos; en otros, se convierten en cómplices de los delincuentes; o las más de las veces, son indolentes y permiten la impunidad porque no realizan una investigación con todos los medios científicos, técnicos y legales a su alcance, para dar con los culpables, someterlos a juicio y castigarlos con todo el peso de la ley.
Por eso, familiares de las víctimas, realizan ella mismas las investigaciones, llegando a arriesgar sus vidas, como lo hacen las integrantes de los colectivos de Madres Buscadoras creados en diversos estados, quienes todos los días buscan bajo tierra y elevan su voz para exigir que las autoridades realicen su trabajo, y den con el paradero de sus familiares desaparecidos, desde hace meses e incluso años.
Un día sí y otro también, ciudadanos hacen uso de sus derechos de manifestación para exigir justicia, tal como lo ha hecho, recientemente, el Movimiento Antorchista Nacional. Sus agremiados han realizado ruedas de prensa y cadenas humanas en todas las capitales del país, y, en la mañanera frente a Palacio Nacional; para exigir que se haga justicia por los asesinatos de Conrado Hernández, Mercedes Martínez, y su hijo de escasos 6 años.
Conrado y Mercedes eran integrantes del Comité Estatal de Antorcha en Guerrero, fueron asesinados a golpes, y su pequeño hijo asfixiado. Han pasado 49 días desde que sus cuerpos fueron encontrados dentro de su vehículo en un barranco, cerca de Chilpancingo; quienes los privaron de la vida, quisieron aparentar que se trató de un accidente, pero todas las evidencias demuestran que fueron víctimas de manos asesinas.
Miles de personas elevaron su voz, para hacerse escuchar, exigiendo que la Fiscalía General de la República, la Fiscalía estatal y la misma gobernadora del estado de Guerrero, Evelyn Salgado, realicen todas las acciones e investigaciones necesarias para dar con los autores intelectuales y materiales de este crimen atroz, porque se segó la vida de quienes se distinguieron por su calidad humana y moral, dispuestos a poner todos sus conocimientos y energía para ayudar a gente humilde, a organizarla, animarla a luchar por mejorar sus condiciones de vida. Las muertes de líderes sociales como Conrado y Mercedes, y de su hijo no pueden quedar impunes.
Los miles de antorchistas seguirán, como caja de resonancia, elevando sus gritos de protesta, a lo largo y ancho del país; convocando a todos los mexicanos a unir su voz, su voluntad de lucha. Porque solo la fuerza de su número (no hay que olvidar que la mayoría de la población son los obreros, los productores de la riqueza), se terminará por imponer y logrará, no solo hacer justicia a sus muertos; también, cambiar el sistema económico y social, cuyas condiciones de explotación, sirven como caldo de cultivo para generar el clima de inseguridad creciente que a todos nos amenaza.
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