En Yucatán, lo que pareciera ser problema de unas cuantas comunidades, colonias o familias, se convierte en un fenómeno que aqueja a toda la población yucateca que está siendo amenazada por la contaminación de sus recursos naturales a los ojos de las autoridades que permiten y favorecen los intereses de las empresas involucradas.
Por sus luchas recientes, tomemos el caso de la comunidad de Sitilpech, en el municipio de Izamal, que desde hace varios años sus habitantes se oponen a que continúen las actividades de la granja porcícola Kekén (una empresa dedicada a la producción y comercialización de carne de cerdo ligada al conglomerado Grupo Kuo) que opera desde 2013 en tres kilómetros de la comunidad, la cual pasó, en unos años, de criar 20 mil a 40 mil cerdos, el doble de su capacidad.
Con el inicio de las operaciones, los habitantes denunciaron varias problemáticas que aquejan a la población, la contaminación del aire, agua y tierra, el brote de enfermedades e infecciones de la piel ligada a éstas y detonadas con la llegada de las granjas porcícolas, que percibe la comunidad con los fuertes y malos olores en el aire, en la abundancia de mosca verde, en el cambio de color amarillo del agua, en la escasez de frutos de las plantaciones o su color negro.
Desde un inicio, esta problemática ha sido denunciada por el pueblo de Sitilpech, y ha comenzado a intensificarse desde el año pasado, con la atención de la opinión pública, pero es la unión y lucha de los habitantes de la comunidad, que han comenzado a luchar por nuevas vías, la protesta pública y la vía legal, la que la ha fortalecido; pero junto con esto ha aumentado la represión por parte de las autoridades. En la administración encabezada por Mauricio Vila Dosal, para el aumento de las protestas del pueblo de Sitilpech las autoridades implementan nuevas formas de intimidación.
La situación del agua en Sitilpech nunca ha sido exclusiva de la comunidad; según un estudio de calidad del agua, realizado en 2020 por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), hay 109 sitios hidrológicos (85 subterráneos y 24 superficiales). De los pozos y cenotes analizados, 30 están en semáforo verde y cumplen con los estándares para su uso en actividades humanas; 50 en semáforo amarillo porque tienen niveles tolerables, y cinco más en rojo; es decir, no cumplen con los niveles tolerables de impureza.
En el análisis “Dictamen Diagnóstico ambiental de la actividad porcícola en Yucatán”, elaborado a partir de octubre de 2022 por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnart), dio a conocer el impacto de las mega granjas porcícolas en la entidad, revelando que, de los 51 municipios afectados con actividad porcina, 36 están dentro de los límites sustentables, 11 en condiciones de atención urgente y cuatro en condiciones críticas.
Según el director general del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), Adrián Pedroso Acuña, la industria porcina en la entidad ha impactado en cinco problemas principales: la eutrofización de cuerpos de agua superficial, provocando daños a humedales, cenotes y ecosistemas; la lixiviación de nitratos y patógenos contaminan el agua y el suelo, mientras que el exceso de nutrientes y metales pesados generan daños a la fertilidad del suelo y reducción de tierras cultivables, y diariamente la contaminación del aire ante el incremento del efecto de invernadero debido a la emisión de metano, amonio y otros gases; esta situación que se ha desarrollado por años ha colocado a las industrias porcícolas en el cuarto lugar en la producción de carne de cerdo, un logro que presumen autoridades y empresas a costa de los recursos naturales del estado.
Dada la condición geológica de la tierra, el suelo kárstico de Yucatán que genera filtración de los líquidos, los desechos de las granjas llega a los sitios de agua que abundan de manera subterránea en la entidad, los cuales se encuentran conectados unos con otros, la contaminación de unos cuantos se comparte por los conductos subterráneos, y lo que parece ser un problema de unas cuantas comunidades es una problemática estatal que compete a toda la población.
Y a los que luchan por defender el agua, se suman los que luchan por adquirir el vital recurso. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Yucatán, un 78 por ciento de la población dispone de agua entubada, líquido vital usado para distintas actividades, desde el riego hasta para el consumo, con la incertidumbre de las familias por la calidad del agua, y esto se agrava para las que no cuentan con el servicio, pues aunque pareciera increíble que en pleno 2023 aún haya colonias y comunidades en Yucatán que no cuentan con este recurso tan vital (ya que el gobierno se llena la boca de nuevas obras magnánimas como estadios de béisbol sostenibles para la capital yucateca) aún hay cientos de familias que carecen del vital recurso, y a sus casas no llega el agua y deben acarrear o buscar otras alternativas para llevar el recurso a sus hogares que son indispensables para las actividades del día a día.
El problema de las empresas ya sean porcícolas, agrícolas, inmobiliarias, de cualquiera a la que protejan y respalden las autoridades, y de las que se han hecho poco a poco de los recursos naturales de la entidad, ya no atañe solo a las comunidades que se encuentran actualmente luchando por recuperar o mantener su territorio, sino a toda la entidad, pues es el futuro de Yucatán y sus habitantes los que se ven amenazados, es la salud y bienestar de los yucatecos, porque en Yucatán le regalan el agua a los cerdos y a sus habitantes se las condicionan.
En Yucatán se protege más a un cerdo que a sus habitantes; en Yucatán importa más la vida de un cerdo que de sus habitantes; en Yucatán se protege a los cerdos que se revuelcan en billetes para revolcar y amedrentar como cerdos a sus habitantes.
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