Nicolás Romero, Edomex. Muchos son los problemas sociales que enfrenta la sociedad mexicana en la época actual: pobreza, desempleo, marginación, inseguridad y violencia de genero, entre otros, son consecuencia de un sistema capitalista en donde lo que más importa es la ganancia monetaria; la vida, la dignidad y salud de la población pasan a segundo plano.
En un país como México, se crean instituciones y se reforman la leyes con la intención de proteger a la ciudadania, pero estás leyes y reformas no atacan el verdadero problema que se origina con la inequitativa distribución de la riqueza social que produce desigualdad entre los seres humanos en todos los aspectos.
Una de ellos es la violencia de genero, un problema social que afecta en México al 70.1 % de las mujeres de 15 años y más, quienes han experimentado, al menos, una situación de violencia a lo largo de la vida, de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021.
El concepto de violencia de genero más difundido en nuestra sociedad mexicana es el que define la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), caracteriza a este fenómeno como: “cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público”. Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) define la violencia de genero como la que “se refiere a aquella dirigida contra una persona en razón del género que él o ella tiene, así como de las expectativas sobre el rol que él o ella deba cumplir en una sociedad o cultura”.
Por tanto, de acuerdo a la investigadora de la UNAM Anel Cecilia Sánchez de los Monteros Arriaga “esta violencia afecta tanto a mujeres como a hombres, aunque es más común la dirigida contra las mujeres debido a la posición de subordinación en el ámbito familiar y social. La violencia de género contra los hombres tiene principalmente una connotación sexual, esto es, son situaciones de acoso y hostigamiento que se pueden presentar en el ámbito laboral, sin embargo, esto no significa que no existan otros tipos de violencia contra ellos”.
Al respecto la Comisión de los derechos Humanos de la ONU refiere que “la violencia basada en el género se asocia también con la concepción social de lo que significa ser hombre o mujer. Cuando una persona se desvía de lo que se considera un comportamiento ‘normal’, se convierte en objetivo de violencia. Esta realidad se agudiza especialmente si se combina con actitudes discriminatorias por razón de la orientación sexual o cambios en la identidad de género.”
En este contexto, en México cuatro de cada 10 hombres son víctimas de malos tratos por parte de las mujeres, de acuerdo con un estudio realizado por la asociación civil, “Colectivo Hombres sin Violencia” en 2018, en donde solo el 4% de ellos denuncia formalmente debido a ideas machistas y a la vergüenza que la situación les infiere; y el 8% de las víctimas de acoso sexual de algún tipo son hombres según indican las cifras del Instituto Nacional de Mujeres.
La violencia contra el hombre o maltrato es provocada dentro del matrimonio por problemas económicos, falta de trabajo y las adicciones, así como por el deterioro de la relación de la pareja y la incompatibilidad de caracteres, que empiezan a chocar. Esta problemática puede ser enfocada desde distintas aristas: desde la desigualdad social entre los géneros en cuanto al ejercicio del poder entre varones y mujeres en la actualidad, posturas machistas y feministas y autoritarismo.
Otra forma de violencia de acuerdo a organización estadounidense Gay Lesbian Straight Education Network es cuando “las personas que se identifican como lesbianas, gays, bisexuales, transgénero o intersexuales, o son percibidas como tales, corren más peligro de ser hostigados y víctimas de violencia por su orientación sexual o identidad de género”.
Por lo que Amnistía Internacional determina que “si bien la mayoría de los casos de violencia de género las víctimas son mujeres y niñas, no son las únicas que pueden sufrir agresiones debido a su género. Hombres y niños pueden ser agredidos por no encajar en la forma dominante de masculinidad, al igual que personas de cualquier género si quienes las rodean no respetan su expresión de género”.
Sin embargo, en México el problema social, al representar al 62% de la población y encontrarnos en una sociedad machista, se enfoca más en las mujeres; según los estudios del Programa de Estudios de Genero de la UNAM “las mujeres diariamente enfrentan la violencia de género. Debido a la persistencia del ordenamiento patriarcal en la estructura y la cultura, las mujeres resisten, generalmente solas, los eventos de violencia en la casa, el trabajo, la escuela y la comunidad”.
Enterado del problema el gobierno de México ha decretado leyes, diseño de programas e instalación de grupos de trabajo entre los que destacan: la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, publicada el 2 de agosto de 2006; la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada el 1 de febrero de 2007; las Leyes estatales armonizadas con ambas leyes generales; el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2014-2018; el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF); el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, instalado el 3 de abril de 2007; la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) y sus Centros de Justicia para las Mujeres (CJM); diversos protocolos institucionales de actuación para identificar violencia, investigar y juzgar con perspectiva de género como la NOM 046 SSA2-2005, que responde al compromiso adquirido por el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Y en mayo de 2022, proclamó dentro de la Ley General de Acceso de la Mujeres a Una Vida libre de Violencia, la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), un instrumento que busca hacer frente a la violencia feminicida y garantizar que todas las mujeres gocen del derecho a una vida libre de violencia, así como garantizar la vida, la integridad, la libertad y la seguridad; el acceso a la justicia de las mujeres, adolescentes y niñas; generar las condiciones y políticas públicas que contribuyan a la disminución y cese de la violencia feminicida en su contra, y eliminar la desigualdad y discriminación producidas por ordenamientos jurídicos o políticas públicas que agravian los derechos humanos de las mujeres, adolescentes y niñas.
A pesar de eso, la violencia en contra de las mujeres en México creció 4% en cinco años, aumento estadísticamente significativo, según el Inegi; quien reportó que Alrededor de 50 millones y medio de mujeres y niñas mayores de 15 años han atravesado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, cifra que representa más del 70% de la población femenil.
La violencia psicológica fue la de mayor prevalencia (51.6 %), seguida de la violencia sexual (49.7 %), violencia en en ámbito comunitario (45.6%), en la relación de pareja (39.9 %). Además, entre octubre de 2020 y octubre de 2021, 42.8 % de las mujeres de 15 años y más experimentó, al menos, una situación de violencia. De la misma manera, el 41.8% de las mujeres de 15 años y más experimentó algún incidente de violencia en la infancia y alrededor de 5.2 % de las mujeres de 15 años y más percibió que los conflictos en su relación de pareja iniciaron o aumentaron durante la emergencia sanitaria por la COVID-19. En el ámbito familiar, la cifra ascendió a 8.5 por ciento.
Las entidades más violentas para las mujeres son el Estado de México, con más del 78%, Ciudad de México, 76%, y Querétaro, 75%. Por otro lado, el ámbito en el que las mujeres han experimentado más violencia a lo largo de la vida, es el comunitario, en más del 45% de los casos; le sigue la relación de pareja, en 39%, el ámbito escolar, 32%, y el laboral, un 28%. En los dos últimos, los principales agresores son los compañeros.
Al respecto, el Programa de Apoyo a Instancias de Mujeres de las Entidades Federativas (PAIMEF) del Instituto de Desarrollo Social (Indesol) para combatir la inequidad de género y la desigualdad social, reconoce que “los retos aún son enormes y falta mucho hacer. Las declaraciones de derechos en la comunidad internacional y también en las constituciones y las leyes de los Estados, tienen décadas de creación, pero la asignatura pendiente sigue siendo lograr que esas declaraciones sean realmente efectivas. En el caso de las mujeres es prioritario que se asegure su acceso a la justicia, sólo con un acceso libre e igualitario a la administración de la justicia se podrá garantizar que sus derechos sean realidad.
Por su parte las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) denunciaron que los casos de violencia contra de las mujeres se encuentran marcados por la impunidad, lo cual alimenta la perpetuidad de esta grave violación de los derechos humanos.
Referente a este tema el Secretario general del Movimiento Antorchista, el ingeniero Aquiles Córdova Morán, expuso “se puede y debe mejorar la lucha de las mujeres, como sector social oprimido más que por los hombres, adoptando algunas medidas como contar con una organización bien definida y estructurada, con líderes reconocidos y ampliamente aceptados y respetados por sus bases; adoptar un carácter permanente, tenaz, y no esporádico y circunstancial y, finalmente, un programa amplio y profundo contenido social, de carácter estructural, capaz de atraer el apoyo y la solidaridad de los demás sectores oprimidos”.
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