El gobierno de la Cuarta Transformación es la administración en la que más se agravó la crisis de personas desaparecidas en el país, pues hubo un aumento exponencial de casos; las cifras oficiales admiten que México supera los 31 mil casos en tan solo tres años, lo que significa que en los primeros cuatro años del gobierno del pseudoizquierdista Andrés Manuel López Obrador, el número de personas desaparecidas y no localizadas aumentó 300 por ciento en comparación con el mismo lapso del gobierno de Felipe Calderón y 60 por ciento respecto del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Además, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) de la Secretaría de Gobernación (Segob), reporta un acumulado de 109 mil 458 personas desaparecidas en el país. En 2022, México alcanzó la cantidad de 100 mil personas desaparecidas, al finalizar el año el registro superó las 110 mil, es fácil de pronunciar, pero más de 110 mil personas se encuentran en caso de desaparición forzada, en el mejor de los casos, y sus familiares viven en la incertidumbre y la zozobra permanentes.
Entre 2006 y 2020, al menos 50 mil cuerpos pasaron por la custodia de servicios médicos forenses estatales y locales sin ser debidamente identificados y existe un rezago de más de 52 mil cuerpos humanos sin identificar. Es posible que otras personas hayan sido asesinadas y enterradas en fosas. Entre 2006 y 2021, se habrían encontrado al menos cuatro mil de esas fosas en el país.
Cuando las familias denuncian desapariciones, las fiscalías y policías rara vez investigan lo ocurrido. Las familias de las personas desaparecidas han conformado más de 130 colectivos de búsqueda para investigar por su propia cuenta el paradero de sus familiares, mientras que el gobierno mexicano y sus dependencias asumen una actitud pasiva y de indolencia ante las desapariciones y los criminales o responsables de estos delitos gozan de impunidad. Hasta el momento, en nuestro país, solamente existen 36 sentencias por desaparición forzada.
A estos datos hay que sumar que cerca del 90 por ciento de los delitos nunca se denuncian, una tercera parte de los hechos que sí son denunciados nunca se investigan y menos del 16 por ciento de las investigaciones que se realizan logran resolver los casos; según el organismo oficial de estadísticas, tan solo en 2021 las autoridades resolvieron poco más del 1 por ciento de todos los delitos cometidos en este mismo año. Y cabe destacar que el número de víctimas no se limita a la cifra de desaparecidos, sino que conlleva a que los familiares y personas cercanas al ausente se sumen a la lista.
En Veracruz cunde la inseguridad y la incertidumbre, pues esta entidad se encuentra a la cabeza de esta problemática. Hasta inicios de febrero de 2023 se contabilizan más de siete mil 500 desaparecidos, lo que coloca a la entidad en la cuarta posición a nivel nacional con más casos. Tan solo como ejemplo, en los primeros seis días de este año, la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB) señaló que 20 personas desaparecieron, de las cuales sólo 45 por ciento fue localizada con vida, del resto se desconoce su paradero.
En los primeros 13 días de febrero de 2023 se registraron 36 reportes de personas desaparecidas, doce de ellos corresponden a menores de edad. Las cifras son trágicas e incluso es complicado tratar de imaginar a todas estas vidas que se encuentran a la deriva, así como pensar en que en Veracruz los ciudadanos no tienen la certeza de vivir libremente, sin importar su edad, sexo o condición, la inseguridad reina con impunidad en la entidad, y los gobiernos e instituciones han tomado la política de simplemente ignorar que gobierna el terror y tan solo niegan las cifras oficiales, aunque estas son muy benevolentes y lejanas a comparación de las verdaderas.
Según el Informe Anual de Actividades 2022 ,de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), a cargo de la morenista Verónica Hernández Giadáns, se abrieron mil 424 carpetas de investigación, de las cuales el 89.1 por ciento concluyó que no había indicios para proceder en contra de alguien, debido a que fueron “ausencias voluntarias”, así pues se dio carpetazo a los casos de desaparición forzada de las personas que tuvieron el valor de denunciar, pero en la realidad en Veracruz la FGE se niega a hacer su trabajo de investigación.
Al 31 de enero de 2023, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdnol) de la CNB reporta un acumulado de siete mil 486 personas desaparecidas y no localizadas en el estado de Veracruz. En los últimos cuatro años de la actual administración estatal, mil 662 personas han sido reportadas como desaparecidas y no localizadas: 367 casos registrados en el año 2019; 437 en el 2020; 438 casos ocurridos en el 2021 y 420 durante 2022.
Y en todo este tiempo la FGE solo ha dictado ocho sentencias por este delito y su titular presume a todas luces, como si se tratara de números positivos y aplaudibles, que en 2022 se entregaron 95 cuerpos de personas desaparecidas a sus familiares, de las siete mil 486 personas desaparecidas durante esta administración; es absurdo que la Fiscalía de Veracruz dé este dato como un triunfo, sin considerar siquiera que su trabajo debería priorizar el encontrar a estas personas de manera rápida para evitar que sean cuerpos y no vidas perdidas.
Como respuesta a la indolencia, insensibilidad y omisión del gobierno, en Veracruz se encuentra un gran número de colectivos de búsqueda, y gracias a estos se han descubierto las dos fosas clandestinas más grandes de América Latina, así también, en los últimos 17 años los colectivos han descubierto más de 700 fosas clandestinas en la entidad, tan solo en 2022 se encontraron 60 de éstas.
En el año 2016 se descubrió una fosa en el fraccionamiento Colinas de Santa Fe, en la zona norte del puerto de Veracruz, en la que se encontraron 305 cráneos y 22 mil fragmentos óseos, este es tan solo uno de los ejemplos más sonados en el estado, pero lo cierto es que el estado de Veracruz siempre está en la agenda nacional e internacional, pues destaca que los colectivos de búsqueda encuentran constantemente nuevas fosas clandestinas con cientos y cientos de cuerpos de sus familiares, mientras el gobierno del estado actúa con incompetencia e insensibilidad y decide ignorar una de las problemáticas más graves de la entidad.
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