A más de dos años que el gobierno del estado de Guerrero firmara un acuerdo con distintos municipios de la región de La Montaña para promover acciones que impidan la venta de niños y los matrimonios forzados, esta problemática no se ha detenido, está arraigada y sale nuevamente a la luz con el vergonzoso caso en Cochoapa el Grande, uno de los municipios más pobres de Guerrero y de México.
El 20 de mayo de 2019 se firmó un acuerdo entre autoridades estatales, presidentes municipales y comisarios de Metlatónoc, Cochoapa el Grande, Xochistlahaca, Tlacoachistlahuaca e Igualapa, lugares donde persiste la venta de niñas y matrimonios forzados argumentando los usos y costumbres.
Tras el acuerdo, las autoridades se comprometieron a detener estas prácticas, entre ellas la Secretaría de la Mujer, el DIF Estatal, la Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas (SAIA) y la Fiscalía General del Estado, sin embargo, los convenios no se aplican ni han logrado disminuir o erradicar esta práctica.
Y el caso más reciente ocurrido hace unos días en Cochoapa el Grande, revela la cruel realidad que siguen padeciendo las niñas de La Montaña, que continúan siendo vendidas por sus propios padres y las mujeres, que siguen sufriendo violencia.
Se trata de Angélica, una niña indígena na´saavi de 15 años, originaria del pueblo Joya Real, municipio de Cochoapa el Grande, que estuvo 11 días encarcelada junto con sus tres hermanas tras huir de la casa de sus tratantes -a quienes en la comunidad conocen como sus suegros- y refugiarse en la vivienda de sus padres.
El padre del joven con el que fue obligada a casarse, Rutilio “N” intentó en varias ocasiones abusar de Angélica argumentando que le pertenecía porque él la compró; al no lograr su fechoría, el agresor exigió a los padres de Angélica la devolución de 210 mil pesos, aunque pagó por la adolescente 120 mil pesos, la cantidad restante era para anular el matrimonio; al no lograrlo, elementos de la Policía Comunitaria la detuvieron junto a sus tres hermanas pequeñas y la trasladaron a la Casa de Justicia Comunitaria de la población Dos Ríos, donde permaneció 11 días. Además, Concepción Ventura Aguilar, madre de Angélica, fue golpeada en la cárcel cuando acudió a visitar a sus hijas, provocándole que abortara a sus trillizos.
Angélica vivía desde hace tres años con sus suegros tras ser obligada a casarse a los 11 años con Rafael Julián, un niño de 12 años, a cambio de 120 mil pesos y cervezas. Tras la difusión del caso, el suegro de Angélica, Rutilio “N”, fue detenido.
Ante esta realidad furtiva hasta hace unos días, activistas y organizaciones condenan los hechos y exigen acciones concretas para resolver el problema histórico, que no ha sido atendido de manera real y efectiva.
Entre las acciones, está informar el estado que guardan los derechos humanos vulnerados de Angélica y toda su familia; sanciones conforme al marco legal correspondiente a quienes violaron los derechos humanos de cada una de las víctimas; que el alcalde de Cochoapa el Grande informe sobre las acciones a desarrollar derivado de los convenios establecidos e impulsados por el gobierno estatal; medidas de protección para las víctimas y difundir las políticas públicas que se establecerán para garantizar la no repetición de estos hechos.
Al respecto, la gobernadora Evelyn Cecia Salgado Pineda dijo que Guerrero debe ser un santuario para las mujeres, por lo que una de sus primeras acciones, anunció, es acudir a La Montaña para sensibilizar y llevar acciones contundentes para terminar con esta práctica, ya que la venta de niñas en Guerrero no puede seguir escudándose en los usos y costumbres.
Se trata de una práctica que atenta contra los derechos humanos de las niñas, amparándose en sus usos y costumbres. Los ominosos hechos fueron solapados en lugar de buscar soluciones para su erradicación y el resultado está a la vista, en el 2021 sigue la venta de niñas en pueblos indígenas de las regiones Montaña y Costa Chica.
La trata y el matrimonio forzado de niñas indígenas de La Montaña y Costa Chica de Guerrero, en su modalidad de usos y costumbres, que pone en grave riesgo a niñas de 8 a 17 años de edad, sigue vigente con la complicidad de las autoridades federales, estatales, municipales y tradicionales que pretextan respetar las costumbres de los pueblos y comunidades indígenas…pero no se trata sólo de una práctica, es un delito previsto y sancionado en el Artículo 28 y 42 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas.
Lo anteriormente realizado por las autoridades, deja claro que la violencia contra niñas y mujeres de La Montaña y Costa Chica no se resuelve con decretos, como afirmó recientemente el diputado Raymundo García Gutiérrez, quien aseguró, se requiere atención directa en los pueblos, no desde los escritorios.
Para erradicar la violencia en contra de las mujeres indígenas se requiere atención directa en las comunidades, “no es suficiente que se publiquen leyes o decretos desde los escritorios, si no se va a concientizar a la ciudadanía”.
Cierto, un documento -en los lugares donde gran parte de la población no sabe leer ni escribir- no será suficiente, es necesario que se realice un trabajo social directo en cada una de las localidades, si es preciso, familia por familia, con el fin de concientizar a la gente y para eso se requiere un enlace en cada pueblo, tener acercamiento y convivir con las familias para conocer sus costumbres y concientizarlos de la importancia de detener la violencia contra niñas y mujeres indígenas, que persiste entre frágiles viviendas rodeadas de montañas.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario