Desde el pasado 4 de noviembre inició la vigésima sexta edición anual (solo suspendida en 2020 por la pandemia) de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 26), suscrita en 1992, a la que teóricamente participan todos los países del mundo, para suscribir acuerdos que eviten que la temperatura del planeta se eleve más de 1.5 grados, como resultado de las emisiones de gases de efecto invernadero, dióxido de carbono (CO2) y metano principalmente, provocados por la actividad industrial y de transporte de mercancías en el mundo.
Sin embargo, desde 1992 a la fecha la temperatura del planeta se ha elevado 1.1 grados, lo que significa que ninguno de los acuerdos tomados en las 25 conferencias anuales anteriores ha tenido algún efecto real, por lo que diversos analistas pronostican que este año será igual.
Son muchas las evidencias científicas y los hechos empíricos que demuestran el grave daño que el calentamiento del planeta provoca a los ecosistemas naturales y también a los seres humanos más vulnerables y pobres de la tierra: sequías prolongadas que provocan hambrunas, tormentas y ciclones cada vez más devastadores, pestes mortíferas y masivas como la covid-19, deshielo de los casquetes polares, que elevan el nivel del mar y que de continuar sepultarán costas y países insulares enteros, el agua de los mares calentándose y provocando la muerte de la vida marina poniendo en riesgo la subsistencia de millones de personas que viven de la pesca, etc. Éstos y muchos otros problemas se agravarán si el clima de la tierra sigue aumentando, poniendo en riesgo la vida de miles de especies de plantas y animales y de más de 8 mil millones de seres humanos.
Prácticamente ningún gobierno ha podido cumplir sus compromisos climáticos, como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero o la transición al uso de energías renovables, como la solar y la eólica, debido a las presiones de los capitalistas financieros e industriales, principalmente de la industria de los combustibles fósiles (petróleo, gas natural y sus derivados) y de la producción de energía eléctrica, utilizando mayormente carbón mineral, barato pero altamente contaminante.
Por ejemplo, el economista Michael Roberts, en un artículo titulado “Los límites de la COP 26”, señala que de hecho según los pronósticos de las empresas dedicadas al sector energético para 2030 se planea extraer alrededor de un 240% más de carbón, un 57% más de petróleo y un 71% más de gas (combustibles fósiles responsables de las emisiones de CO2) de lo que se extrae actualmente.
“De hecho, los países del G20 [los más industrializados del mundo] han destinado alrededor de 300 mil millones de dólares en nuevos fondos para actividades con combustibles fósiles desde el comienzo de la pandemia COVID-19, más de lo que han destinado a energías limpias. Según la Agencia Internacional de Energía, solo el 2% del gasto de los gobiernos se ha invertido en energía limpia, mientras que, al mismo tiempo, la producción y quema de carbón mineral, petróleo y gas fue subsidiada por 5.9 billones de dólares solo en 2020”, apunta.
Las ganancias de los grandes capitalistas del sector energético, productores de combustibles fósiles, son quienes más tajantemente se oponen a cualquier transición a energías limpias. Hay evidencias, según lo documenta Hermann Scheer en su libro “El imperativo energético”, de cómo empresas como Industrias Koch, productora de petróleo y sus derivados, financiaron intensas campañas mediáticas para desvirtuar la evidencia científica sobre el calentamiento global por más de dos décadas.
El economista Michael Roberts también señala que “el desperdicio de producción y consumo capitalista en automóviles, aviones y aerolíneas, transporte marítimo, productos químicos, agua embotellada, alimentos procesados, productos farmacéuticos innecesarios, etc., están directamente relacionados con las emisiones de carbono. Los procesos industriales dañinos como la agricultura industrial, la pesca industrial, la tala, la minería, etc. también son importantes factores de calentamiento global, mientras que la industria bancaria opera para financiar y promover todas estas emisiones de carbono”.
En síntesis, la economía capitalista es la responsable del acelerado calentamiento global y su persistencia es la que impide que la situación pueda revertirse. La producción capitalista no tiene como meta principal la de fabricar productos que satisfagan las necesidades humanas, sino la de explotar la fuerza de trabajo de los trabajadores y los recursos naturales para que los dueños de los medios de producción, los capitalistas, obtengan la máxima ganancia posible. Para ello deben fabricarse más y más mercancías, sin ninguna planificación ni control, aunque ello suponga un daño al medio ambiente.
Y no importa que las mercancías que fabrican satisfagan necesidades humanas genuinas o que sean necesidades creadas a los seres humanos a través de su poderoso aparato de manipulación ideológica. Lo que importa es que sus mercancías circulen por todo el mundo y se vendan, pues solo así los capitalistas pueden obtener ganancias y acrecentar su riqueza y entre más produzcan y vendan más riqueza pueden acumular.
Hoy día, es posible reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La propia Agencia Internacional de Energía señala que se “requeriría comprometer aproximadamente el 2.5 por ciento del PIB mundial por año para el gasto de inversión en áreas diseñadas para mejorar los estándares de eficiencia energética en todos los ámbitos (edificios, automóviles, sistemas de transporte, procesos de producción industrial) y para expandir masivamente la disponibilidad de fuentes de energía limpia para alcanzar emisiones cero en 2050”.
Pero eso no sucederá mientras que los grandes capitalistas del mundo no estén dispuestos a sacrificar sus exorbitantes ganancias o a que una fuerza mucho más grande y decisiva que ellos los obligue.
Como señaló recientemente el Ing. Aquiles Córdova Morán, líder nacional del Movimiento Antorchista en su pronunciamiento semanal: “el cambio no llegará solo, y es tarea del pueblo organizado luchar por su derecho a un mundo mejor. Aquí tenemos una nueva y urgente tarea, una razón más, y muy poderosa, para organizarnos y ponernos en marcha en pos de una vida mejor”. Para organizarnos, tomar el poder político de la Nación por la vía democrática y poner en marcha un nuevo modelo económico más amigable con el ambiente y más equitativo con el reparto de la riqueza social. De ello depende el futuro de México y de la humanidad entera.
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