El problema del desempleo en México, como lo dicen los datos recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) se agrava día a día, mostrando que la economía del país bajo la 4T no va también como dicen sus defensores.
San Luis Potosí no está ajeno a este problema, ya que decenas de miles de potosinos no tienen un empleo formal, y en la mayoría de los casos, ante la necesidad de tener un ingreso para sostener a su familia se ven obligados a entrar en la informalidad laboral.
Por eso vemos a miles de comerciantes ambulantes en plazas públicas y distintos puntos de la capital; vemos a hombres que realizan “chambitas” como jardineros, albañiles, boleros, lavacoches, etcétera. Es necesario iniciar diciendo que todos los apoyos y programas que impulsa la Federación y los del estado no servirán en absoluto para acabar con la pobreza, mientras no se generen suficientes empleos y, sobre todo, bien remunerados.
Según el Inegi, la Población Económicamente Activa (PEA) alcanzó los 60 millones de personas en mayo de 2023. De esos, 1.8 millones están desocupados, lo que significa que la tasa de desocupación fue de 2.9%. Pareciera que este porcentaje es aceptable. El problema está en que, en sus criterios, el Inegi considera a los millones de personas que están en la informalidad laboral como gente ocupada, con lo que baja sustancialmente la tasa de desempleo; en otras palabras, el desempleo se disfraza o encubre con la informalidad laboral.
Los medios de comunicación informan sobre la informalidad laboral en el país. “Al cierre de mayo 32.1 millones de mexicanos encontraban sustento en la economía informal, por lo que la tasa de informalidad laboral llegó a 55.2% de la población ocupada” (nota de Expansión.com del 30 de junio de 2023).
Las personas que están en el sector informal tienen una situación laboral precaria y, carecen de toda una serie de beneficios que sí tiene el sector formal, como lo es un salario estable, seguridad médica, poder aportar sus cuotas al IMSS para poderse pensionar en su momento, aguinaldo, prestaciones, etcétera
En cuanto a la informalidad laboral, “San Luis Potosí se ubica dentro de las 15 entidades federativas con mayor porcentaje de informalidad laboral, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI. El informe detalla que en el estado el 54.7 por ciento de los potosinos se encuentra en la informalidad laboral, y que el 25.8 por ciento de la población en la entidad es contratada por el sector informal”, y, “en la zona metropolitana según datos del Inegi, en el 35.5 por ciento de la población está en la informalidad laboral y el 19.6 por ciento corresponde a la contratación en el sector informal” (nota de Plano Informativo del 29 de agosto de 2023).
Sin embargo, las personas que están en el sector informal tienen una situación laboral precaria y, carecen de toda una serie de beneficios que sí tiene el sector formal, como lo es un salario estable, seguridad médica, poder aportar sus cuotas al IMSS para poderse pensionar en su momento, aguinaldo, prestaciones, etcétera. La situación de los trabajadores informales es de total incertidumbre y zozobra.
Creo, que, más que estar en campaña permanente mostrando “sus logros” la 4T, en sus programas sociales de carácter electoral (que son un fracaso), debiera poner atención al problema de desempleo, con lo que ayudarían verdaderamente a combatir la pobreza.
El Movimiento Antorchista Nacional ha planteado sus cuatro ejes para acabar con la pobreza, y entre ellos está el lograr que todo mexicano en edad de trabajar tenga un empleo formal; pero no sólo eso, sino que sea un empleo bien remunerado con el que el trabajador pueda atender con calidad y dignidad las necesidades de alimentación, vestido, vivienda, salud y educación de su familia.
Si a eso le sumamos dos medidas más: primero, el que se aplique una política fiscal en la que el que tiene más ingresos (léase Carlos Slim, German Larrea y demás súper millonarios) paguen más impuestos; y segunda, que se destinen más recursos al gasto social, es decir, que con el recurso público se construyan más escuelas, hospitales, infraestructura urbana, carreteras, etcétera, todo ello redundaría en una mejor redistribución de la riqueza social, y, por tanto, en la elevación de nivel de vida de los mexicanos.
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