El gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), trabaja para acabar con los movimientos populares, aunque diga que vela por los intereses de los trabajadores y de los pobres; utiliza la calumnia como arma para desprestigiar a la lucha popular y por eso repite que organizaciones como Antorcha Campesina vivían de los recursos millonarios que le otorgaba la antigua Sedesol, pero como siempre, estas aseveraciones las hace sin presentar una sola prueba.
Mientras tanto, la desigualdad crece, no mejora el nivel de vida de los mexicanos, el número de pobres aumenta, no mejoran los servicios de salud, los hospitales públicos y centros de salud continúan padeciendo de personal y medicamentos del cuadro básico; los programas asistenciales no son suficientes. El gobierno lopezobradorista no entiende o no quiere atender las necesidades de las diversas clases sociales, desde las clases trabajadoras, pasando por la clase media.
Los bajos salarios empobrecen a los trabajadores, tanto, que ya no pueden adquirir ni la canasta básica para el hogar, condición de vida que obliga a que las familias proletarias caigan en una situación muy precaria.
Eso sí, en contraparte, crecen las grandes fortunas de los oligarcas mexicanos y extranjeros. México no crece desde 2019, prácticamente lo que va del actual sexenio, son varias las razones, pero la más importante es por la baja recaudación de impuestos, la carga tributaria se le carga a los trabajadores y pequeñas empresas, y el gobierno sigue insistiendo en que no subirá impuestos, pero este mensaje, va dirigido a un sector muy poderoso, a los grandes oligarcas, porque los salarios siguen controlados.
La salida es que se realice el cobro de impuestos de manera escalonada, siempre con relación a los ingresos, así se frenan los abusos, y las arcas nacionales tendrían recursos suficientes para atender las necesidades básicas de la población: también es necesario que aumenten significativamente los salarios de los trabajadores. Estas medidas requieren de la participación decidida del gobierno, pero López Obrador se ha rodeado de los más poderosos empresarios. Los ha nombrado asesores del gobierno de la 4T.
¿Quién asesora al presidente? Le llaman Consejo Empresarial de la Presidencia de la República y está conformado por los principales oligarcas mexicanos, los dueños de las más grandes fortunas; Ricardo Salinas Pliego, presidente del Grupo Salinas; Bernardo Gómez, copresidente ejecutivo de Grupo Televisa; Olegario Vázquez Aldir, del Grupo Empresarial Ángeles; Miguel Rincón, presidente de la compañía BioPappel; Carlos Hank, del Grupo financiero Banorte; Daniel Chávez, presidente de Grupo Vidanta; Raúl Gutiérrez Murguerza, presidente de Deacero, y Germán Larrea, presidente del Consejo de Administración de Grupo México.
López Obrador, como presidente electo, dijo el 15 de noviembre de 2018, que los propios empresarios le propusieron crear un Consejo asesor en materia de política económica para reunirse periódicamente.
"De ellos salió que quieren apoyar, y que quieren ser consejeros del próximo presidente de la República, y les tomé la palabra. Quieren ser miembros de un consejo asesor del presidente, me quieren ayudar, dar sus puntos de vista, sus visiones", expuso entonces.
Estos oligarcas forjaron sus riquezas gracias a la privatización de bienes públicos, así que hicieron grandes fortunas con sus contactos en el gobierno. Compraron a precios de risa, obtuvieron créditos a modo y crearon monopolios que les permitieron amasar enormes ganancias en poco tiempo, dominan las telecomunicaciones, minas, carreteras de cuota.
La relación del gobierno en turno y los grandes capitalistas se renueva cada sexenio, ayudaron a ganar a Calderón en 2006; a Peña Nieto en 2012, y en 2018 amarraron el triunfo de López Obrador. Y claro que llegando al poder el favor se paga con concesiones, asignación de obras sin licitación, así en cada sexenio, sin importar el partido en el poder, siempre aparecen los mismos señores del dinero, por lo que a nadie le extrañe la excelente relación del presidente en turno con los dueños del dinero.
Y la frase de campaña "por el bien de México, primero los pobres", acabó en el cesto de la basura.
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