En México, ser encarcelado y perseguido por criticar al sistema no es algo poco común, el autoritarismo del Estado hace todo lo posible por acallar las voces disidentes, violando las leyes y los derechos humanos.
A los perseguidos y encarcelados por cuestionar las acciones del Estado, se les denomina presos políticos. Se les condena no por haber infringido alguna ley o codigo, sino por inmiscuirse en los asuntos del interés público. Pero ¿por qué estas personas han de ser encarceladas por involucrarse en los asuntos del interés público? Porque cuando lo hacen ponen al descubierto el verdadero rostro del poder público.
Algo que se destaca en situaciones como estas es que, dentro del Estado mexicano, no existe la independencia de poderes. La tendencia es hacia el fortalecimiento del Poder Ejecutivo en detrimento de los demás poderes de gobierno.
La aplicación de la ley queda en ultima instancia bajo la voluntad del titular del Ejecutivo, ya sea estatal o federal. La guerra sucia en nuestro país —cuya mayor intensidad tuvo lugar en las décadas de 1960, 1970 y la de 1980—, con sus miles de desapariciones de mexicanos, así como el encarcelamiento bajo delitos falsos es una muestra de eso.
Diferentes activistas han sido acusados y encarcelados bajo cargos falsos, pero en realidad el motivo de es haber cuestionado las decisiones del estado, como los defensores de los derechos humanos J. Ramon Aniceto y Pascual Cruz —originarios de Atla, comunidad de la Sierra Norte de Puebla—, quienes han permanecido encarcelados por luchar por el acceso al agua potable a su comunidad. Los defensores de la comunidades indígenas se miran en grandes aprietos al no contar con los recuros suficientes para acceder a una defensa fuerte, pero no son los únicos.
En días pasados, al activista del Movimiento Antorchsita en estado de Hidalgo, Domingo Ortega, a quien en realidad no se le encarcela por haber cometido algún delito, sino por formar parte del antorchismo estatal. Su encarcelamiento se enmarca dentro de una campaña constante de hostigamiento hacia el antorchismo a nivel nacional. Así como la UIF intentó intimidar al diputado antorchista Brasil Acosta Peña, hoy se trata del caso de Domingo Ortega. El encarcelamiento de los líderes tiene un objetivo claro: dejar sin cabeza a las organizaciones sociales hostiles al estado.
El poder judical se convierte en un sicario al servicio del ejecutivo, que se encarga de cazar a los que dirigen, orientan e impulsan la organización social. Esto es un escándalo en términos democráticos, un estado que no respeta la división de poderes es una maquinaria de opresión total. La libertad de organización y petición no son delito, pero se les trata como si lo fueran.
Una democracia que se encarga de perseguir y encarcelar a quienes no se someten a la voluntad del estado solo puede ser considerada como una democracia bárbara, es decir, que sólo existe nominalmente, pero que en la realidad lo que existe es una barbarie, que con reprime métodos sofisticados. No queda de otra, para civilizar la democracia, hacer valer la división de poderes y el estado democrático, es necesaria más que nunca, la existencia de más líderes como Domingo Ortega, que pongan al descubierto el rostro represivo del Estado, y luchen por cambiarlo.
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