En México vivimos un régimen capitalista de corte neoliberal, es decir, un régimen impuesto a través de una globalización económica que fortalece al capital por la vía de la libre circulación de mercancías, servicios y capitales (principalmente norteamericanos), sin que existan obstáculos o restricciones arancelarias que lo impidan. Esta invasión de capitales ha generado una desigualdad económica y social se acrecienta progresivamente: por un lado, un puñado de empresarios e inversionistas que se apoderan de la riqueza social producida en nuestra nación, mientras que el pueblo trabajador enfrenta una creciente pauperización en sus ingresos y condiciones de vida.
En uno de sus últimos estudios, la Oxfam reveló que el uno por ciento de los hombres y mujeres más ricos de México, concentra más de ocho veces la misma cantidad de riqueza que los 62 millones de personas que viven en situación de pobreza.
¿Cómo es posible que una sociedad moderna como la nuestra pueda consentir una desigualdad económica tan insultante y escandalosa? Debido al eficaz funcionamiento de los aparatos de control del Estado.
Por un lado, el Estado controla y monopoliza la violencia pública a través de la policía, el ejército, el sistema de justicia, etc., para someter cualquier tipo de protesta y descontento. Y, por otro lado, el Estado, a través de sus aparatos ideológicos, controla la inconformidad social pero sin necesidad de la violencia pública, sino por la vía del control ideológico. Esto es así porque en una sociedad como la nuestra, dividida en clases sociales (poseedores y desposeídos), como señala Marx, las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en una sociedad determinada.
Los principales Aparatos Ideológicos del Estado para hacer prevalecer y replicar al seno de la sociedad el pensamiento y las aspiraciones de la clase dominante, son: el sistema educativo nacional, los medios masivos de comunicación, la religión y la familia. A través de esta permanente ideologización, el Estado enajena el pensamiento del pueblo trabajador, ocultando o disfrazando las grandes injusticias y contradicciones económicas, políticas y sociales que existen en el capitalismo.
En este contexto de una sociedad mexicana desigual donde reina el capitalismo salvaje (neoliberalismo), y donde los aparatos Ideológicos del Estado trabajan todos los días y a toda hora para imponerle a la sociedad las ideas de la clase dominante, podemos insertar entonces el problema de la discriminación indígena.
En nuestro país las culturas indígenas prehispánicas son reconocidas, al igual que en el resto del mundo, pero no sucede lo mismo con las actuales. Lo indígena es motivo de orgullo nacional, tema de murales y obras de arte, pero, por el contrario, los indígenas han sido motivo de una permanente discriminación económica y social. Al establecerse el régimen capitalista en México a partir de la Revolución Mexicana, la visión de un Estado homogéneo se impuso y, por tanto, la heterogeneidad fue descalificada y percibida como una amenaza. Fue principalmente a través de la educación y los medios masivos de comunicación que se establecieron un sinfín de estereotipos negativos sobre los indígenas que lo único que lograron fue promover y exacerbar el racismo y la discriminación existentes.
Como resultado de las privaciones sociales acumuladas por generaciones, las personas que pertenecen a los pueblos indígenas discriminados nacen y crecen en familias con mayores desventajas socioeconómicas, en las condiciones de mayor adversidad, debido, entre otros factores, a su escolaridad, su lengua, sus limitadas oportunidades productivas y sus marginales condiciones de vida.
Actualmente, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), estiman que aún contamos con más de 60 pueblos indígenas que suman poco más de 15.7 millones de mexicanos indígenas que hablan 68 lenguas y tienen 364 variantes lingüísticas; y de acuerdo con el Anexo Estadístico de la medición multidimensional de la pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), entre las personas indígenas el porcentaje de quienes viven en algún grado de pobreza es de 72.3 por ciento; en rezago educativo el 73.13 por ciento y el 60 por ciento de ellos, habita en viviendas con carencia en servicios básicos. Sin embargo, para el régimen capitalista en que vivimos no existe el menor interés por promover el desarrollo económico y social de los pueblos indígenas.
A pesar de que desde 2001, el artículo 2 de nuestra Carta Magna define a nuestro país como una nación con una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, lo cierto es que los esfuerzos por la integración y respeto a los pueblos indígenas brillan por su ausencia y la inaceptable discriminación propia de un régimen excluyente continúa imponiéndose.
Las posibilidades para revertir la discriminación indígena en México, a mi juicio, están condicionadas en revertir, al mismo tiempo, la pobreza y desigualdad en que vivimos millones de mexicanos. El problema de fondo radica pues en el modo de producción capitalista en su fase neoliberal y, por tanto, no puede verse el problema de la discriminación indígena de manera fragmentada, sino de manera integral, totalizadora. Lo que debemos transformar es el modelo económico, y no solo en el discurso y por decreto como lo hace el actual Gobierno federal, sino con la participación activa y organizada de los productores de la riqueza social.
Si bien, Enzensberger acierta cuando plantea el importante papel que pueden jugar los medios masivos de comunicación como instrumentos efectivos de emancipación y liberación que contribuyan a la participación y movilización de las masas, lo cierto es que dicha empresa solo podrá ser posible con la determinación consciente de elementos progresistas que conforman los medios de comunicación, y la organización de los pueblos indígenas a la organización y movilización del pueblo en su conjunto.
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