La inversión en el trabajo mediático del Gobierno del estado de Baja California que preside el ingeniero Jaime Bonilla Valdez ha dado resultados. Ante la opinión pública, el Gobierno morenista está posicionado entre los primeros lugares de aceptación. De acuerdo con el estudio realizado por la revista Campaign & Elections de México, publicado por el portal La Razón en los primeros días del mes de noviembre de 2020, el gobernador de Baja California se posiciona en el 4° lugar de aceptación, después de los gobiernos panistas de Querétaro, Yucatán y Guanajuato, quienes ocupan los primeros tres lugares respectivamente. En los primeros días del mes de febrero de 2021, El Economista publicó los resultados de la consultora Mitofsky, el cual dice que el gobernador de Baja California aumentó en 8.3% en la aceptación de la población, colocándolo en el mandatario con mayor aumento en la aceptación de acuerdo al ranking de “gobernadores y gobernadoras de México”, elaborado por dicha casa consultora.
A pesar de dicho posicionamiento en la aceptación del gobernador morenista, la realidad nos indica que hay problemas graves que son necesarios atender con urgencia. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Promotores Inmobiliarios (AMPI) de 90 proyectos inmobiliarios en proceso de construcción solo dos se encuentran en el segmento social y ocho en el económico, mientras que doce son de vivienda media, 42 residencial y 26 residencial plus, es decir, muy lejos del alcance de las familias vulnerables. De acuerdo al gobierno del estado, en la entidad hay 80 mil trabajadores con necesidad de vivienda, de los cuales más del 60% no encuentran una oferta adecuada a sus ingresos, si a esto le agregamos lo que la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi) dice, que la alza de la tasa del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) pasó de 2 a 4.5% aprobado por el congreso local de Baja California, la disponibilidad de vivienda será más escasa y por tanto es mucho más caro, de tal manera que será más difícil la adquisición de una vivienda en la entidad. Si bien es cierto que dichas instituciones aportan datos preocupantes, lo hacen debido a que sus ingresos se reducirán considerablemente al no tener clientes, esto solo da la razón al antorchismo, cuando plantea que el gobierno se desentiende con el problema de la vivienda y deja en manos de la iniciativa privada el problema, facilitando a las inmobiliarias sacar provecho de las necesidades de la clase trabajadora.
El antorchismo bajacaliforniano en cada administración estatal y municipal entrega un documento el cual reúne todas las demandas más sentidas del pueblo trabajador de la entidad, en las que se destaca la vivienda, el agua, drenaje, luz y pavimentación. Y en esta administración morenista no es la excepción. Al inicio de la administración del gobierno de Jaime Bonilla Valdez, planteamos la urgente necesidad de atender el problema de la vivienda en toda la entidad. En varias reuniones que el Comité Estatal sostuvo con el gobernador, aceptó que en la entidad hay un déficit de vivienda que es necesario atender, que su gobierno es de palabra y comprende la necesidad del pueblo, sin más, asumió el compromiso de entregar 1500 lotes de interés social y encargó a la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT), atendiera dicho compromiso, sin embargo, los días transcurren y la SIDURT, lejos de resolver ha venido anteponiendo un sin fin de pretextos para no cumplir, enfrascado en términos legaloides y burocráticos, que lo único que evidencia, es dar largas para no resolver, pareciera que su interés es hacer quedar mal los compromisos de Jaime Bonilla, de tal manera que de 1500 lotes comprometidos por el gobernador, se redujo el compromiso a 400 lotes para igual número de familias tijuanenses. Cuánto tiempo más hay esperar señor gobernador, cuándo se cumplirá su palabra. Es posible que el gobernador desconozca esta realidad, pero los que viven a diario los raquíticos salarios y los altos costos de las rentas de la vivienda, los que viven hacinados, viven una realidad distinta de la dicen las casas encuestadoras. Los pobres van entendiendo cada vez más que la única alternativa que les queda es la organización popular para resolver y transformar la realidad en la que viven, por ello se prepara para dar la lucha por hacer cumplir la palabra del gobernador y hacer posible una vivienda digna para los más necesitados.
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