El pasado ejercicio de la revocación de mandato permitió a todo México comprobar, por enésima vez, el nulo respeto que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador al Estado de derecho.
AMLO, sin ningún recato, ordenó a todos los funcionarios de su gobierno que presionaran a todo el aparato gubernamental y político del Estado mexicano, para obligar a la población a salir a votar a su favor para lograr, según él, la revocación de mandato. La orden fue tronante: conseguir el respaldo de 30 millones de votos.
Las acciones para lograr tal hazaña fueron encabezadas por el segundo del presidente, el secretario de Gobernación, quien, abandonando sus funciones de seguridad, viajó a varios estados de México para dirigir mítines partidistas.
A los gobernadores morenistas les dieron carta blanca para que utilizaran recursos públicos y, bajo amenazas, presionaran a los presidentes municipales para promover la participación en la consulta.
Los presidentes municipales, a su vez, exigieron a los presidentes auxiliares e inspectores. Mención aparte merecen las fuerzas armadas, que también recibieron la orden de salir a votar.
Les guste o no les guste, a los seguidores de Morena y de AMLO, todos en santa cruzada fueron a forzar la voluntad ciudadana. El respaldo al gobierno de la 4T debe obtenerse a cualquier precio, esa fue la descarada instrucción.
En San Vicente Boquerón, Junta Auxiliar de Acatlán de Osorio, Puebla, los altavoces estuvieron machacando todos los días a la población con la amenaza de que si no votaban por López Obrador les iban a retirar los apoyos a los adultos mayores y les iban a cancelar las becas a los estudiantes.
También, al sur del estado de Puebla arribaron enjambres de promotores con playeras debidamente rotuladas con el logo de Morena, en camionetas nuevecitas Mercedes Benz Crafter, para promocionar el voto. Y del Congreso estatal poblano salieron promesas de obras y presupuestos para los presidentes municipales que se sumaran a la campaña electoral respaldando la consulta.
La violación flagrante de la ley por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su equipo para obtener el apoyo ciudadano revela la debilidad y el fracaso de su gobierno porque la 4T no sólo no pudo resolver los problemas del país, sino que en su gestión, los agravó.
No hay crecimiento económico, el desempleo y la inflación están azotando los hogares mexicanos, la violencia se ha vuelto el pan de cada día enlutando a miles de familias en todos los rincones del país, provocando el desplazamiento de la población, como en los países asiáticos que sufren los estragos de la guerra.
El sistema de salud colapsó, provocando la muerte de personas por la falta de medicinas y de atención médica. Las cifras de muertos y de incapacitados de por vida por los efectos de la covid-19 se cuentan por cientos de miles y aún permanecen ocultas, desconociéndose aún el tamaño de la irresponsabilidad del gobierno morenista.
En el terreno de la educación el retroceso es manifiesto. La inversión en obras y servicios públicos es nula. Y la joya de la corona, la corrupción, se apoderó del gobierno de la 4T, empezando por la familia presidencial. AMLO superó ampliamente a todos sus predecesores: es el peor presidente que ha tenido México, y aún le faltan cerca de tres años para irse del Gobierno mexicano.
La opción representada por la 4T para acabar con la pobreza en México quedó agotada en un tiempo récord: tres años. En el terreno de la historia, tres años son un instante.
Afortunadamente, para los pobres de México, ya existe la opción que habrá de transformar al país en una patria más justa y equitativa para todos los trabajadores mexicanos, y está el Movimiento Antorchista Nacional.
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