En el ámbito laboral, se define a la antigüedad como el tiempo total que tiene un trabajador prestando sus servicios para una empresa, patrón o unidad económica determinada, independientemente de que el trabajador, durante dicho tiempo, halla cambiado sus funciones, su puesto o sea ubicado en una nueva área determinada. Se dice también, que la antigüedad laboral seguirá aumentando siempre y cuando el trabajador no se separe de sus actividades por un lapso superior a un año; en los casos de los trabajos que por su naturaleza no se realizan de manera continua, para que la antigüedad laboral surta sus efectos legales, los trabajadores tendrán que cumplir la condición de haber prestado sus servicios por varios meses durante los últimos dos años. No hay duda, ahora podemos decir que la antigüedad laboral es un beneficio que protege al trabajador, cualquiera que éste sea. En la Ley Federal del Trabajo, esta figura jurídica encuentra su importancia en situaciones que son beneficios para el trabajador como es el caso del pago de la prima de antigüedad y el derecho a ser tomado en cuenta con consideración especial para aumentar el puesto y nivel laboral.
Entonces, ¿qué pasa con la antigüedad laboral de los maestros que han trabajado por años en los bachilleratos catalogados en la Educación a Distancia? Esta pregunta la hago, a nombre de mis compañeros maestros y maestras antorchistas, que diligentemente han laborado por años en los bachilleratos conocidos como Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) y Telebachilleratos Comunitarios (TBC), que según me han dicho, ahora es su derecho a la antigüedad laboral, lo que se les está negando.
Para ubicar a mis posibles lectores y evitar confusiones, quiero recordar que algunos maestros de EMSAD y TBC se unieron a las filas del Movimiento Antorchista colimense en el mes de mayo de 2015, en ese entonces, acudieron buscando apoyo ante las amenazas de despido por parte de la Secretaría de Educación (SE) - así lo dijeron -, mismas que se cumplirían ante la "regularización" de que iban a ser objeto, por parte de los lineamientos de la llamada "Ley del Servicio Profesional Docente". Como lo podrá comprobar cualquiera que investigue sin prejuicios, los antorchistas logramos con la administración del Licenciado Ignacio Peralta Sánchez, verdaderos apoyos históricos para los 255 maestros y personal de apoyo de los EMSAD y TBC; no sólo conjuramos de manera definitiva la amenaza de despido, también logramos mejorar notablemente su situación salarial, ya que en el mes de mayo de 2016, el gobierno invirtió más de 13 millones de pesos para mejorar los salarios; pero no sólo esto, en febrero de 2017, se afilió al ISSSTE a la totalidad de los maestros y demás personal, con lo que se les proporcionó las prestaciones que conlleva la seguridad social; sólo una cosa nos faltaba: la entrega formal del documento que acredita la plaza, es decir, la clave presupuestal y del Formato único de Personal (FUP), mismo que se comenzó a otorgar a los maestros, en la segunda quincena del mes de junio del presente año; refiriéndose al Secretario de Educación, en el evento de entrega de los FUP, esto dijeron los medios: "El funcionario estatal destacó que con la entrega de esta documentación se cumple el compromiso del gobernador José Ignacio Peralta de normalizar los recursos que le corresponde aportar para dicho sistema, regularizando salarios y conceptos de pago que no eran pagados." (Ecos de la Costa, 25/06/2017) Yo subrayo "no eran pagados". Y más adelante reconoció también lo que los antorchistas ya habíamos denunciado: "[...] destacó que al dar a todos las claves de manera oficial para tener acceso al servicio profesional docente y al entregar los Formatos únicos de Personal, con los requisitos marcados por la ley, se solucionó en un mes una problemática que tenía más de 14 años."(Ibíd.) Y otra vez subrayo "¡más de 14 años!", ahora ya sabemos que fueron 14 años los que los maestros laboraron para el gobierno sin un salario justo, sin seguridad social y sin prestaciones laborales.
Y son precisamente de estos 14 años de los que estamos hablando cuando nos referimos a la antigüedad laboral. Resulta que en el formatos de afiliación al ISSSTE se dice que se les reconoce este servicio a partir del día primero de enero del año 2017, misma fecha que registra el FUP como fecha de ingreso al sistema. Y aquí es donde repito y preciso la pregunta: ¿y la antigüedad laboral de los maestros?, ¿y los 14 años que dice el Secretario de Educación? Desde luego que podemos aceptar que no a todos los maestros se les puede reconocer la mismos años de servicio, pero, ¡¿no se les reconocerá ninguno?! Qué mal.
Hasta ahora, al reclamo de los maestros antorchistas, el Secretario de Educación ha dicho que lo tratará con el ISSSTE, argumentando que es éste quien determina la antigüedad; y los antorchistas le contestamos citando extractos del artículo 205 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Estado, donde, aparte de decir que las prestaciones y derechos de los trabajadores incorporados por Convenio deben ser iguales a todos, se dice también lo siguiente: "En los convenios de incorporación que incluyen reconocimiento de antigüedad [¡¿reconocimiento de antigüedad?!], deberán pagarse o garantizarse previamente las Reservas que resulten de los estudios actuariales para el puntual cumplimiento de los seguros, prestaciones y servicios que señala esta Ley y realizarse las Aportaciones necesarias a las Cuentas individuales de los Trabajadores incorporados para que su saldo sea equivalente a la antigüedad que se les pretenda reconocer." Y la pregunta obligada es: si la Ley del ISSSTE lo estipula, ¿por qué el Gobierno y la SE les niegan este derecho a los maestros? Ojalá el Gobernador responda.
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