Luis Enrique López, de 26 años, se sometió a hemodiálisis en julio de 2015 y el nueve de mayo de 2017 recibió en trasplante un riñón donado por su hermano. La cirugía y el tratamiento postoperatorio fueron realizados en el Hospital Juárez de la Ciudad de México (CDMX), entonces adscrito al Seguro Popular. El costo de la primera fue cubierto por una fundación civil y, por el segundo, su familia debió pagar 100 mil pesos.
Hoy, Luis Enrique necesita tomar inmunosupresores permanentemente para evitar que sus defensas naturales rechacen el órgano, medicinas que, desde junio de 2021, le proporciona el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) cuando los hay en farmacia. “Y eso sí me lo dijeron: lo vas a tener por un año y con el riesgo de que ya no se te vuelva a brindar”, explicó a buzos. El plazo se vence en julio de 2022.
El joven es atendido aún en el Hospital Juárez –desde enero de 2020 adscrito al Insabi– por un padecimiento congénito derivado del desarrollo anormal de sus riñones (hipoplasia renal), problema que le fue detectado en 2015, cuando tenía 20 años. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) le brindó atención durante dos años, pero la perdió cuando su padecimiento lo obligó a dejar su trabajo.
Tampoco ha podido concluir sus estudios; y ahora obtiene recursos con la ejecución de algunos trabajos de diseño gráfico y el apoyo de su familia. Luis Enrique confió a este semanario que a los pacientes del Insabi se les entrega una receta con número de folio, pero la entrega de las medicinas no es segura porque, con frecuencia, no las hay. “Dan solo ciertos medicamentos, si es que los tienen, o sea, no hay garantía de una receta completa y tenemos que estar a fuerza consiguiendo el medicamento aparte.
“Recientemente me recetaron unos medicamentos y solamente me surtieron dos de los cuatro. Estando formado en farmacia me di cuenta de que a la mayoría de la fila no le estaban surtiendo sus medicamentos porque, según ellos, no los tenían. El sistema no los registra porque no están inventariados”, explicó.
Sus problemas para recibir la atención médica requerida lo llevaron a conformar un grupo de apoyo a pacientes con padecimientos renales que puede ubicarse en redes sociales como https://m.facebook.com/PacienteRenalAC/. Luis Enrique reveló a este semanario que este grupo busca trasplantes, tratamientos o recursos para comprar medicinas cuyos precios oscilan entre tres y 11 mil pesos por cada caja.
Este colectivo de pacientes cuenta con el apoyo de la organización TrasplanteyVidaMx, con la que se puede contactar a través de la página de Facebook del mismo nombre y las áreas de salud y bienestar de la organización civil Nosotrxs, cuya dirección web es www.nosotrxs.org, que a su vez impulsa cerodesabasto.org, agrupación conformada por 47 colectivos de pacientes que luchan por garantizar el derecho a la salud y el abasto de medicinas en México.
Insabi navega sin rumbo
El Insabi cumplió dos años de fracasos el 1° de enero de 2022, pese a que era otro de los proyectos emblemáticos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y que, según él, garantizaría el derecho a la salud mediante la oferta de servicios sanitarios gratuitos para todos; e igual de eficientes que los que brindan los países nórdicos, entre ellos Noruega y Dinamarca, compromiso emitido el ocho de enero de 2020.
Especialistas de la salud, organizaciones civiles y legisladores de oposición han detectado varias deficiencias en los servicios del Insabi, como el permanente desabasto de medicamentos, tratamientos, análisis, productos de curación y, lo peor, que cada vez menos personas pueden acceder a los servicios por no estar afiliados a ninguna institución de salud pública.
Un reporte del cinco de agosto de 2021, elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), confirma esta denuncia: la población con esta carencia aumentó del 16.2 por ciento al 28.2 por ciento en el bienio 2019-2020; es decir, subió de 20.1 millones en 2018 a 35.7 millones de personas en 2020, los dos primeros años del gobierno de AMLO y el primero del Insabi.
“En dos años hubo un aumento de 15.6 millones de personas que reportaron no estar afiliadas, inscritas o tener derecho a recibir servicios de salud en alguna institución pública o privada”, revela el Coneval en su Nota técnica sobre la carencia por acceso a los servicios de salud 2018-2020.
Este crecimiento en la falta de acceso a los servicios médicos fue provocado por el desmantelamiento del Seguro Popular en 2019 y la sustitución por el Insabi en enero de 2020. El Seguro Popular había operado durante 15 años, de 2004 a 2019.
Andrés Castañeda Prado, coordinador de la Causa Salud y Bienestar de la organización Nosotrxs, argumentó a buzos que el drástico aumento de 15.6 millones de personas sin acceso a los servicios de salud reportado por el Coneval no significa que ahora haya menos hospitales o menos clínicas, sino que esos mexicanos que el Seguro Popular atendía con una póliza y un catálogo de servicios y que tenían el mismo acceso a un servicio de salud, ya no lo perciben.
Castañeda explicó que desde el inicio de este sexenio cambió la política sanitaria que, en el discurso, era muy atractiva porque proponía “cobertura universal y medicamentos gratuitos para todos?, pero en la práctica es muy diferente; siempre fue diferente en la práctica, pero ahora las mismas personas reportan una carencia en los servicios de salud.
“Y esto es mucho más grave: el porcentaje es mayor en los deciles de ingreso más bajo; es decir, personas que viven en mayor vulnerabilidad, las personas que viven en comunidades rurales, y esto nos debería preocupar a todos”, enfatizó Castañeda; además señaló que, en materia de aseguramientos, los deciles son 10 niveles en que se dividen los ingresos de las personas, de más bajos a más altos.
Insabi: sin padrón ni catálogo
La sustitución del Seguro Popular por el Insabi en 2019 ha resultado un fiasco porque opera sin padrón ni catálogo. Con el Seguro Popular podían afiliarse las personas que no contaban con servicios de salud como los del IMSS y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y obtenían una póliza que les aseguraba atención médica para 294 padecimientos descritos en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes). El Insabi no tiene ese catálogo ni tampoco un padrón de pacientes.
Las intervenciones del Causes del Seguro Popular se subdividían en Prevención de la Salud, que incluía vacunas, Medicina General y de Especialidad –que incluía enfermedades infecciosas y crónico-degenerativas– Urgencias, atención de patologías que ponen en riesgo la vida; cirugía general para atender padecimientos agudos o crónicos, y obstetricia.
En diciembre de 2018, el padrón de afiliados al Seguro Popular era de 53 millones 530 mil 359 personas, es decir, 44.7 por ciento de la población total de México. De acuerdo con datos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.C. (CIEP) –citados en su reporte De Seguro Popular a Insabi: mayor población con menor atención, elaborado en 2021– el Insabi tendría una cobertura para 68 millones 100 mil personas.
Sin embargo, como Castañeda Prado explicó a este semanario que, mientras los 53.5 millones de afiliados al Seguro Popular aparecían en un padrón de beneficiarios, los del Insabi tienen una cobertura “para todo y para todos”, es decir, es solo el manejo genérico y oscuro de sus beneficiarios.
De acuerdo con los datos del CIEP, la población-objetivo estimada no es “para todos”, sino presuntamente 68.1 millones de personas sin aseguramiento médico público; aunque no existe ningún padrón, póliza ni catálogo que avale sus servicios.
Castañeda detalló que con el Seguro Popular existía un catálogo de servicios de salud, elaborado con base en un análisis previo entre el presupuesto, la cantidad de usuarios registrados y los costos de las atenciones por persona. Es decir, se aclaraba qué servicios se podían dar y cuáles no.
“Hoy, al desaparecer el Seguro Popular, se quitó este modelo y se habla de que se atiende todo a todos, pero sabemos que eso es técnicamente imposible, porque no nos alcanza, aunque en el discurso sí se diga. ¿Cuál es el costo de esto? Bueno, uno, que no sabemos cuánto dinero nos falta para cubrir todo; y dos, que no sabemos a quién sí y a quién no (se atiende)”.
Recortes al presupuesto de salud
En 2021, el presupuesto del Sector Salud para las personas sin cobertura se redujo y aumentó la cantidad de la población-objetivo, según expone el CIEP en su citado informe: “En 2021, el presupuesto del Insabi es 5.6 por ciento menor a lo ejercido por el Seguro Popular en 2017, cuando éste cubría solamente a 53.5 millones de mexicanos. En tanto la población-objetivo del Insabi es de 68.1 millones de personas en 2021”.
En su revisión del Presupuesto para el Sector Salud en tiempos de Covid-19, el Centro de Análisis e Investigación (Fundar), revela que, a pesar del incremento en el gasto de este año, en el Sector Salud todavía no se alcanza el nivel que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda a los gobiernos.
“Para 2022, el presupuesto total asignado para el Sector Salud en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) asciende a 816.7 mil millones de pesos, lo que representa un aumento de 14.5 por ciento contra lo aprobado en 2021. Este incremento equivale a 103.4 mil millones de pesos, lo que eleva el gasto del sector a 2.9 por ciento del PIB, un porcentaje todavía inferior al mínimo del seis por ciento recomendado a nivel internacional”, precisa Fundar.
Durante la glosa del III Informe de Gobierno del Presidente, presentada el 26 de octubre de 2021 en la Cámara de Diputados por el Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) afirmó que el Insabi había sido un fracaso.
En nombre de la bancada del PAN, la diputada Martha Estela Romo Cuéllar, nutrióloga y secretaria de la Comisión de Salud en San Lázaro, le replicó al secretario Alcocer: “el Insabi ha resultado un fracaso absoluto, ya que cubre a menos personas, menos padecimientos y apoya con menos medicamentos. Su catálogo de servicios y de medicamentos está incompleto, además, no quedan claras sus reglas de operación”.
Romo también afirmó que las personas con necesidad de un servicio médico público ahora se ven obligadas a pagar medicinas, análisis clínicos y terapias especializadas.
De acuerdo con el citado informe del Coneval, el sector poblacional que hoy carece de acceso a servicios de salud es el que menores ingresos tiene; y que muchos de ellos se ubican en situación de pobreza extrema.
“Al explorar la carencia de acuerdo con el ingreso corriente total per cápita, se observa que, entre 2018 y 2020, el mayor aumento en la incidencia de la carencia por acceso a los servicios de salud se dio en el 20 por ciento de la población con menores ingresos: el aumento de la incidencia en la carencia fue de 22.6 y 22.9 puntos porcentuales en el primer y segundo decil de ingresos, respectivamente”.
La pobreza extrema aumentó del 25.6 por ciento en 2018, al 57.3 por ciento en 2020.
Aumentó gasto familiar en salud
Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2020, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el gasto promedio de los hogares en el rubro de salud aumentó 40.5 por ciento entre 2018 y 2020.
En su Health at a Glance 2019, México, ¿cómo se compara?, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) asevera que “el país tiene la segunda mayor proporción de gastos de bolsillo de los hogares, que representaron un 41 por ciento adicional del gasto en salud.
“Los pagos directos excesivos restringen el acceso de las personas a los servicios y pueden generar dificultades financieras. El 5.5 por ciento de los hogares en México experimenta un gasto catastrófico en salud y los hogares pobres se ven afectados de manera desproporcionada”.
Andrés Castañeda, de Nosotrxs, y coordinador de Cerodesabasto, destaca: “No se han hecho las compras como se debería, se cambió el modelo de adquisiciones, se subestimó la complejidad del abastecimiento de los insumos de salud y esto derivó en que el ecosistema y el mercado cambiaran drásticamente; hay muy poca certeza en el mercado.
“La consecuencia es que no hay medicamentos y quienes pagan los platos rotos son los profesionales de la salud y los pacientes, pero sobre todo los pacientes que viven en mayores condiciones de vulnerabilidad, quienes no pueden tener acceso a estos medicamentos a través de la compra directa en farmacia”.
Castañeda expuso un ejemplo ocurrido el año pasado: “2021 cerró como el año con menos acceso a los medicamentos en la historia moderna del país; en 2021 se negaron, solamente en el IMSS, 18 millones de recetas. Esto equivale a más de un mes de recetas emitidas por el IMSS, lo cual es una verdadera tragedia. Esto está afectando a todas las personas, en todos los estados, en todos los subsistemas”.
Martha Medina Gómez, enfermera de profesión, activista social en favor del derecho a la salud, reveló a buzos que el problema en el Sector Salud no se limita al desabasto de medicamentos, sino también incluye la insuficiencia de personal y la carencia de infraestructura e instrumental médico.
La también secretaria general del Sindicato Democrático y Auténtico de Trabajadores del Seguro Social (SDATSS), con reconocimiento y registro desde 2021 –alterno al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS)– aseguró: “ahorita, con esta lamentable pandemia, nos quedan muchas inquietudes, muchas dudas, sobre todo por el proceder de los representantes institucionales, llámense ISSSTE, Insabi, IMSS, que no quieren escuchar a los expertos en materia de salud, que somos nosotros los trabajadores, los operativos.
“Y lo digo con todas sus letras, no nada más es el Insabi donde no hay abasto de medicamentos, es en general, y sobre todo para las enfermedades crónico-degenerativas (hipertensión, diabetes, cardiopatías, padecimientos renales) que también han sido terriblemente impactadas, porque la atención que han puesto ha sido en la pandemia de Covid-19 y han dejado de lado el tratamiento de otros padecimientos que requieren atención”.
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