La famosa austeridad republicana del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sólo aplica para los bueyes de mi compadre. Y no me refiero solamente a los numeroso y escandalosos actos de corrupción que abundan entre sus funcionarios y amigos, destacadamente sus propios familiares, quienes se dan la gran vida de fifís afectados sin sentir ningún escrúpulo al hablar de la pobreza, alabarla y llamar a los mexicanos a ser felices en la miseria, o a los oportunistas y lambiscones que le rodean como sarna en perro, chupando la sangre no a él ni al erario, sino a todos los mexicanos.
Me refiero al hecho evidente de que el presidente y sus cómplices están quitando a los mexicanos cualquier cantidad de programas y recursos que ya estaban destinados a determinadas áreas de la vida de los ciudadanos, que fueron fruto de la lucha del mismo pueblo trabajador, y no regalo ni dádiva de misericordiosos funcionarios, para acaparar esos recursos con dos únicos fines, ambos deleznables: comprar voluntades para fines personales y hacer, a como dé, lugar sus obras emblemáticas.
Sí, amigo lector, no hay para medicamentos para los niños con cáncer, ni para proteger al personal de salud que aún combate a la pandemia de la covid-19, tampoco hay presupuesto para arreglar las escuelas y que reinicien las clases presenciales en condiciones de salud óptimas para salvaguardar la vida de los estudiantes.
No hay para Escuelas de Tiempo Completo, ni para atender a personas afectadas por desastres naturales, no hay en general obra pública de servicios ni de nada, pues no solamente se canceló el ramo 23 que financiaba proyectos de infraestructura en colonias y localidades de todo el país, sino que las pocas obras se hacen con fines clientelares y con resultados pésimos, como las carreteras pavimentadas en comunidades indígenas, o las escaleras eléctricas en la Delegación Álvaro Obregón en la CDMX.
El Gobierno de la Cuarta Transformación también recortó el presupuesto para educación e investigación, cultura, deporte. Pero sí hay dinero público, y mucho, para las obras que AMLO prometió y que se tienen que hacer, aunque que se rebase el presupuesto destinado para ellas, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la Refinería de Dos Bocas (RDB), el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), y el célebre Tren Maya. Y vaya que han resultado verdaderos barriles sin fondo, pues, en los tres años que llevan, se han gastado mucho más de lo aprobado por el Poder Legislativo en cada Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
Así, por ejemplo, “el presupuesto aprobado en 2021 para la Refinería de Dos Bocas fue de 45 mil millones de pesos. Sin embargo, en los primeros nueve meses se gastaron 168 mil 187 millones de pesos del erario, sin que haya sido aprobado por diputados, de acuerdo con el Informe del tercer trimestre de Finanzas Públicas de la Secretaría de Hacienda” (Reforma, noviembre de 2021).
Dicen que uno de los principales indicadores de crecimiento y desarrollo económicos es la obra pública; si se está construyendo algo, el país está avanzando, sino no está avanzando. Se comprende pues la construcción, en general, no solo crea infraestructura que incrementa el desarrollo social, sino que activa el mercado y la producción, además de crear empleos.
Dime cómo estás construyendo y te diré como va tu país, una expresión que aplica, sin duda, para la situación actual en obra pública en México, con el Gobierno de López Obrador. Y las características fundamentales del su gobierno quedaron marcadas, desde el inicio de su mandato, o más bien desde que era candidato. Prometió que no iba a cancelar la obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), en Texcoco, y a todos los defraudó al hacerlo y provocar pérdidas millonarias al erario, pues dicha cancelación tuvo un costo 232 por ciento mayor a lo previsto por él mismo y sus “expertos”, al ascender a 331 mil 996 millones 517.6 mil pesos, monto que aún podría incrementarse de acuerdo con pronósticos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) (Forbes, febrero 20 de 2021), y sustituir la trascendente obra por su AIFA, que algunos llaman despectivamente la Central Avionera.
Todos sabemos que justificó la cancelación del proyecto del NAICM con el combate a la corrupción, la cual, por cierto, nunca ha podido demostrar ni se ha preocupado por hacerlo, pero que en realidad nada se logró en ese terreno, pues las empresas que estaban construyendo el primero lo están en el segundo, más otras de las favoritas de AMLO que se agregaron en la nueva obra, mientras que han abundado los escándalos por asignaciones directas a empresas y contratistas de dudosa reputación (que nunca fueron desmentidos de manera creíble), todas las cuales manchan el egregio prestigio de las fuerzas armadas.
Esta obra, al igual que las otras obras insignia del presidente y de su cuarta transformación, están marcadas de manera axiomática por las mismas características: mentira, engaño, falta de palabra, visceralismo, soberbia, incremento de presupuesto muy por encima de lo aprobado por el Legislativo en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) en los tres años que llevan, corrupción, presión para acabar a como dé lugar la obra en tiempos irracionales para el prestigio político del Gobierno federal, total despreocupación por el objetivo final de la obra misma, por la calidad de la misma, por el destino del presupuesto, por las normas de transparencia, por los usuarios de las instalaciones y por el pueblo mismo, que es el que está pagando; lo importante es que se inaugure a tiempo la obra emblemática del Presidente.
Ya dije y quiero destacar la característica presente, por sí, en la naturaleza misma de estas obras de AMLO: la pésima calidad, a pesar de estarnos costando una fortuna cada vez mayor, debido a que su fin no es la obra misma ni su servicio al pueblo, sino el prestigio del presidente y para las elecciones de 2024.
Esto ha provocado que, aunque cuesten mucho, se hagan mal, con materiales de mala calidad, a las carreras, sin respetar los estudios de impacto ambiental, mecánica de suelos, pues “debe inaugurarse a tiempo”, por lo que provocan quien sabe cuántos daños en este sentido (si se tuvieran los estudios sí se sabría), pero que pueden ser terribles, como lo indica el descarrilamiento del ferrocarril del sureste en las inmediaciones del Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, en el que afortunadamente no hubo víctimas o personas lesionadas, pero si las hubo en el desplome de una trabe de la Línea 12, donde perdieron la vida 26 personas y dejó 83 heridos, y las causas fueron en esencia similares.
Ya se sabe que, en el caso del Tren Maya, estas omisiones han sido la causa de correcciones en la ruta en Playa del Carmen que ha aumentado los costos de la obra y el desastre ecológico, y lo mismo sucede en Campeche, donde se tuvo que alterar la ruta original para que no pase por la ciudad, y esto le va a costar al gobierno, o, mejor dicho, a todos los mexicanos, más de 4 mil 600 millones de pesos extras.
Todo esto, por hacer las cosas mal, a las carreras y pensando en intereses que nada tienen que ver con el desarrollo de infraestructura en México, que es actualmente rehén de la irracionalidad y la soberbia de un presidente que no quiere abrir los ojos y nos está llevando a la tragedia.
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