El problema del refugiado nunca ha sido ni será un evento al azar; en gran medida, es la expresión de crisis sociales provocadas por el capitalismo salvaje y cruel que desemboca en crimen y violencia, de exclusiones políticas, económicas e incluso ambientales. Desde el año 2022 y en el transcurso de 2023 ha sido de escala enorme la movilidad humana irregular a través de México y desde nuestro país.
Alrededor del mundo, la pandemia aceleró tensiones de todo tipo y deterioró aún más lo que estaba mal; lastimó a poblaciones que ya eran vulnerables, descompuso instituciones y servicios que eran insuficientes y, en general, empeoró lo que estaba en condiciones críticas. Algunos países tuvieron capacidad para recuperarse de manera adecuada, otros no obtuvieron ni manera de ofrecer resistencia ante la oleada de deterioros. Incluso en México no terminamos por hacer el corte de caja de todo lo que perdimos, en vidas, ingresos familiares, ambientes comunitarios, servicios como educación y salud o el empeoramiento de la ya grave inseguridad pública, nos dice el profesor del PUED/UNAM, Tonatiuh Guillén López, en su artículo de Proceso 7/05/2023.
La migración y la búsqueda de refugio se convirtieron así en ruta de escape para miles y miles de personas y familias, forzadas a dejar sus lugares de origen, aspirando a la protección en otro país.
“Desesperados, miles de migrantes cruzan hacia EU”, cabecea en su plana principal el diario La Jornada (10/05/2023).
Los datos oficiales revelan que en los últimos seis meses fueron detenidos en su intento por cruzar a Estados Unidos un promedio de seis mil 700 migrantes al día, cifra que Washington teme podría crecer. Muchos migrantes solicitan asilo político ya que si regresan a su país serán perseguidos y torturados.
No es circunstancial la movilidad sincrónica de amplios grupos de población de lugares como Venezuela, Cuba o Nicaragua, donde los regímenes dictatoriales no han tenido capacidad de reconstrucción y por el contrario, potenciaron condiciones que obligaron a la población a salir de sus comunidades ante la ausencia de alternativas y la negación de la mínima protesta. Las cifras de personas y familias de esos tres países transitando por México no tiene precedente, ni de cerca.
En algunos momentos del año 2022, por ejemplo, el número de nicaragüenses superó a las personas de Guatemala, Honduras y El Salvador sumados. Lo mismo pasó con cubanos y venezolanos, lo cual nos da una idea de la escala de población actualmente en movimiento.
Las familias migrantes viven con miedo. El miedo de mexicanos y mexicanas a ser deportados y separarse de sus familias por no poseer papeles legales en Estados Unidos.
En Matamoros, Tamaulipas, los migrantes están atravesando a nado, sobre improvisadas embarcaciones y en caravana el río Bravo para llegar a territorio estadounidense, donde el aumento de vigilancia, una cerca con púas y el sobrevuelo de helicópteros tratan de impedir el paso.
Con desesperación e incertidumbre, los extranjeros retan la vigilancia oficial, que en suelo mexicano establece sin éxito el Instituto Nacional de Migración, así como el endurecimiento de medidas por parte del gobierno de Texas, que incluye el desplazamiento de 10 mil agentes y sobrevuelos de dos aeronaves Black Hawk sobre el río Bravo.
“Ya nada más falta que le pongan electricidad al alambre, pero no importa, seguiremos pasando, es mejor eso que regresar a Venezuela a morirnos de hambre”, reprochó Justo Medina, originario de ese país.
Los cruces masivos son protagonizados en su mayoría por mujeres y niños que se internan en las aguas del Río Bravo, peligrosas por las fuertes corrientes y la abundancia del lirio, en el que pueden quedar atrapados.
Cuando la desesperanza es enorme y existe la necesidad de escapar de algún país, el indicador más crudo de la situación se refleja cuando son familias las que se movilizan y no personas en lo individual.
El registro de arribos de personas en grupo familiar es el siguiente: de Brasil, 51 por ciento; de Ecuador, 49 por ciento; de Colombia, 46 por ciento; de Haití, 44 por ciento; de Perú, 42 por ciento; de Venezuela, 36 por ciento. México no se escapa, pues registra el 15 por ciento. Podríamos decir, en conclusión, que todos somos refugiados.
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