A LOS PRODUCTORES RURALES
A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
A LOS TRABAJADORES DEL CAMPO Y LA CIUDAD
El campo de Guerrero enfrenta la peor crisis registrada a lo largo de su historia; a los rezagos ancestrales en el desarrollo económico, social y de infraestructura, se han sumado las malas políticas del gobierno federal actual, que en los dos primeros años muestran una fuerte disminución del presupuesto destinado al desarrollo productivo.Y por si esto fuera poco, a ello se suman los efectos de la pandemia que azota a la población, que además de ser un grave problema de salud, también ocasiona un daño tremendo a la economía del país y en particular de los productores del campo.
La crisis económica y de salud que enfrenta nuestro país, se está acrecentando de manera exponencial en el campo guerrerense; ya que por un lado venimos arrastrando un gran retraso en el desarrollo, frente al resto del país y frente a las potencias productoras de alimentos como Estados Unidos y Brasil en América.Y por otro lado, las nuevas circunstancias que trae consigo la pandemia están provocando una considerable baja del consumo local y el alza descontrolada de del precio de los insumos para la producción.Dichas circunstancias están provocando la quiebra económica de los pequeños y medianos productores, que son la gran mayoría de los productores de Guerrero y que han sostenido la producción agropecuaria en nuestro estado.
La pandemia ha dejado claro a la sociedad y a la clase política, la importancia que tiene producir alimentos básicos en el medio rural.Gracias a los productores y a su trabajo, la población en esta crisis de salud ha contado con una opción más segura para abastecerse de los alimentos que demanda.A pesar de la pandemia, los productores siguen trabajando en sus parcelas, aunque ello represente un gran sacrificio por las penurias que enfrentan; gracias a la producción rural se siguen manteniendo el empleo y el autoempleo de cientos de miles de guerrerenses.En esta grave situación, el gobierno ha dejado solos y a su suerte a los campesinos; los pocos recursos gubernamentales de apoyo al campo están enfocados al asistencialismo, que es similar a las dadivas electorales que venían dando los gobiernos anteriores, y que está demostrado que sirven para encubrir y arraigar la pobreza pero no para erradicarla; además, dichos programas se están manejando con opacidad, con exclusión y clara orientación electorera.Los limitados recursos destinados a la inversión productiva en los programas "crédito ganadero a la palabra", "sembrando vida", "precios de garantía" y "fertilizantes" tienen un impacto casi nulo en la producción; tanto por los pocos recursos que se destinan para ellos, como por los claros vicios de corrupción con que se operan.El mas patético ejemplo son las compras que el gobierno ha hecho en el programa crédito ganadero a la palabra.
En éstos meses de pandemia, al gobierno federal se le olvido que existe el campo; no se han tomado medidas serias para incentivar la producción y reactivar la economía campesina; por el contrario, se siguen retirando recursos destinados al medio rural ya aprobados por el congreso.Tal es el caso de los recortes al crédito rural, a la protección del medioambiente, al programa de fertilizantes, etc.
Esta situación de crisis económica y de abandono del gobierno está creando la "tormenta perfecta" para que estalle en el campo una situación de empobrecimiento, agravamiento de las desigualdades, violencia y hambruna no vistos en décadas, cuyos resultados y efectos alcanzarán a las ciudades y a todo el país, dado que si no producimos los alimentos que consumimos y no se controla la pandemia, se ahondará la dependencia alimentaria, particularmente de Estados Unidos; si ese país decide limitar sus exportaciones o aumentar precios y condicionar el suministro, esta acción se expresará en pérdida de soberanía y desabasto de alimentos básicos en México.
Consideramos urgente y necesario que el gobierno federal modifique la visión con la que destinan los presupuestos, no para regresar al pasado, ni a las viejas practicas de clientelismo y corrupción, sino para iniciar un gran diálogo nacional con la sociedad rural y los sectores populares y gremiales de la ciudad.Para que se creen espacios donde la sociedad civil participe en el diseño de las políticas públicas; para que en conjunto, organizaciones de productores, de la sociedad civil y gobierno se busque construir una salida democrática y con justicia social a la crisis.
Por las razones anteriormente expuestas, un conjunto de organizaciones campesinas, sociales y gremiales hemos venido dialogando y acordamos unificar esfuerzos para dar la lucha por revertir esta tendencia de abandono y desdén por parte del gobierno federal hacia el campo y los sectores populares; para ello acordamos llamar en los próximos días a una convención estatal campesina y popular, con el fin de generar una fuerza capaz de exigir al gobierno que se abran espacios de diálogo y participación a las organizaciones campesinas y populares en la definición de las políticas públicas; y para que desde el Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo se apruebe y ejecute un plan económico y social emergente para hacer frente a esta crisis económica y de salud pública.
Estamos convocando a la convergencia de todas las fuerzas campesinas y sociales que coincidamos en la voluntad de participar en la lucha por dar una salida democrática, de impulso a la producción y a la productividad, a la crisis económica social y de salud que estamos viviendo y que amenaza con agudizarse; proponemos que la convención tenga como base los siguientes temas:
1.Exigimos al gobierno federal, al del estado y a los municipales, establecer espacios de diálogo con la participación activa de la sociedad rural, donde de manera participativa se acuerde y ejecute un plan emergente con los suficientes recursos, que impulse las actividades productivas en el campo guerrerense.
2.Demandamos del ejecutivo federal al Congreso de la Unión, reconozcan a la hora de decidir y ejecutar las políticas públicas, que el desarrollo del campo, la economía campesina e indígena son factores indispensables para asegurar la soberanía y la seguridad alimentaria del país.
3.Demandamos que se apoye con paquetes tecnológicos a los productores rurales, como una forma compensar el alza en los precios de los insumos para la producción, frente a la descapitalización que está padeciendo el campo guerrerense.
4.Exigimos que se universalicen los programas "sembrando vida", "crédito ganadero a la palabra" y "precios de garantía a granos básicos", para que mediante convocatoria todos los productores que cumplan con los requisitos puedan acceder a dichos programas.
5.Exigimos que se detenga el desmantelamiento de las dependencias cuya función es atender al campo, como es el caso de la SADER, Financiera Nacional, Instituto Nacional Indigenista, etc.Y que se les dote de mayores recursos y programas para los pequeños y medianos productores.
6.Que debido a la diversidad geográfica, cultural y de grado de desarrollo, se debe acotar el centralismo para que el estado y los municipios tengan mayores responsabilidades y recursos para impulsar las actividades agropecuarias.
7.Demandamos respeto al patrimonio rural y a la propiedad de la tierra de los campesinos y comunidades indígenas, así como la revalorización de nuestra riqueza genética, evitando la entrada al país de semillas transgénicas y evitando el saqueo de nuestra biodiversidad.
8.El desarrollo del campo no empieza con el inicio de este gobierno.Durante muchos años los productores y sus organizaciones vienen construyendo organizaciones productivas e infraestructura para la transformación de sus productos; exigimos al gobierno continúe apoyando esos esfuerzos.
9.La conformación y consolidación de las cadenas productivas permite generar círculos virtuosos a nivel local y nacional, evitando la intermediación y generando mejores precios para los productores primarios.Demandamos al gobierno destine recursos y realice acciones para facilitar y generar las condiciones para la conformación de dichas cadenas.
10.El desarrollo del campo y la justicia social solo se lograrán con la decisión y participación organizada de los hombres y mujeres del campo, más aun en el caso de Guerrero, donde la gran mayoría son productores pequeños y medianos, a quienes por sí solos les es muy difícil actuar en los mercados y en los procesos de transformación.Por ello demandamos el reconocimiento de la organización productiva y las representaciones organizadas, ya que, además, es un derecho constitucional que este gobierno está negando.En particular, demandamos un trato digno y justo a las organizaciones sociales que realizan labores de capacitación, gestión y trabajo comunitario en las regiones indígenas más marginadas de Guerrero.
11.El protagonismo que tiene la mujer en las actividades rurales ha venido en ascenso; sin embargo, los pocos programas y recursos orientados al campo no promueven ni reconocen la necesidad de impulsar políticas que animen y reconozcan el papel importante de las mujeres.Exigimos que se reconozca el rol que desempeñan; planteamos que se destinen recursos y programas que incentiven la equidad de género en el medio rural.
12.Desde siempre las políticas gubernamentales han desdeñado la importancia del papel que juegan en el medio rural los y las campesinas de la tercera edad.Demandamos se revalore esa experiencia y la aportación que día a día realizan nuestros mayores en la parcela, y que las políticas y programas gubernamentales incentiven y reconozcan la participación de los hombres y mujeres de la tercera edad en el medio rural.
13.De La Montaña de Guerrero emigran decenas de miles de jornaleros para trabajar en las grandes extensiones de agricultura moderna de El Bajío y norte del país, donde trabajan y residen en condiciones precarias y sin ningún derecho laboral.Exigimos que el gobierno federal y estatal tomen las medidas necesarias y destinen los recursos suficientes para que reciban salarios como mano de obra calificada, se les dé un trato digno y cuenten con las prestaciones de ley.
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