El Gobierno de la 4T sigue manifestando odio, linchamiento político y represión, ahora con la aprobación del Dictamen de la minuta con proyecto de decreto para la prisión preventiva oficiosa. El sistema penal acusatorio y adversarial, conocido como juicios orales, no contempla la prisión preventiva oficiosa, pero ahora el Gobierno morenista se la quiere imponer de manera indiscriminada, sin fundamento constitucional, al nuevo sistema de justicia penal.
Como bien lo expresó en su intervención el diputado federal Lenin Campos Córdova, al señalar la prisión preventiva, ésta contradice la letra de la Constitución y su espíritu, toda vez que este gobierno, al intentar “armonizar” el artículo 19 constitucional con las leyes reglamentarias, está violando el principio de progresividad jurídica, ya que no estamos evolucionando a un sistema de justicia imparcial y con derecho a una tutela judicial de los derechos humanos, sino todo lo contrario.
¿Qué beneficios hay con la prisión preventiva? ¿Quiénes son los más afectados? Todo mundo sabe que en el 2021 habrá elecciones federales y locales, poniéndose en juego 15 gubernaturas y 3 mil 500 cargos de elección popular. Este periodo electoral será el más peleado y más difícil de todos los tiempos, y el gobierno no ha podido acercarse a una política beneficiosa para la nación; por tanto, para éste, es más fácil quitarse enemigos del camino, o amedrentarlos. En consecuencia, al aprobar la prisión oficiosa, los más perjudicados son los opositores al Gobierno de la 4T y a sus políticas fallidas, pues ya no será necesaria una orden del juez para ser aprehendidos, ni habrá ninguna valoración legal de juez competente para decretarla.
En otras palabras, los agentes ministeriales tendrán manga ancha para aprehender y encarcelar unilateralmente a las personas con base en supuestos “criterios” o simples sospechas; se echaría por tierra definitivamente la presunción de inocencia; los ministeriales serían pues, una especie de inquisidores. Además, todo ello pondrá a nuestro país en una dirección contraria a los nuevos sistemas jurídicos que han impulsado las corrientes mundiales, en favor de los derechos humanos (basados todos en el respeto a la dignidad de la persona y la libertad del ser humano), los principios pro persona, el debido proceso, la certeza jurídica, etc.
El Poder Legislativo ha perdido su independencia y está cada vez más sujeto a un presidencialismo dictatorial, que desprestigia, persigue y empobrece con los congelamientos de cuentas a los enemigos de la 4T o a quien se atreva a defender sus derechos, como sucedió con los dirigentes de los usuarios del riego en la presa de la Boquilla en Chihuahua, el Ingeniero Salvador Alcántar Ortega, a quien le congelaron dos cuentas personales, y una más de los usuarios del riego, sólo por defender sus derechos al agua y a la tierra. O bien, si se necesitan más ejemplos, las cuentas del diputado federal Brasil Alberto Acosta Peña y otros dirigentes antorchistas, quienes fueron afectados en su patrimonio, por el congelamiento de cuentas que decretó Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF); transgrediendo, con esto, el fuero constitucional del legislador, pues sus decisiones no derivan de una resolución de algún tribunal nacional ni extranjero; mucho menos por una ley anterior que tipifique como delito la conducta de los afectados. Es decir, que la UIF hace de este procedimiento administrativo, una medida sustantiva que por sí y ante sí, grava ilegalmente el patrimonio económico y moral de las personas, pues las exhibe como “delincuentes” procediendo al mismo tiempo a lincharlos mediáticamente ante la opinión pública. La UIF es el garrote represivo de la 4T.
Así de que, ahora, el nuevo garrote represivo de la 4T es la prisión preventiva oficiosa, contra quien se atreva a oponerse al señor del Palacio Nacional, pues como se decía en el viejo sistema de justicia, “un vaso de agua y un auto de formal prisión, a nadie se le niega”; pero ahora no será por una resolución de un juez, sino que toda detención podrá hacerse para dar gusto a los morenistas y sus aduladores, que controlarán la aprehensión de personas a través de sus fiscales carnales nombrados por ellos mismos.
El pueblo de México necesita políticas públicas que le generen beneficios y un clima de respeto a la dignidad humana y su derecho a la libertad. Pero esto no podrá conseguirse sin nuevas mayorías en los congresos –federal y estatales– que hagan contrapeso y pongan freno a los abusos, delirios y locuras "imperiales" del Poder Ejecutivo. De no ser así, entraremos de lleno a una dictadura, que ha empobrecido a todos y ahora se encaminará a la cancelación de las libertades y derechos del ciudadano. ¡Que viva la libertad individual, la democracia y la verdadera justicia!
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