El Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2022 aprobado por el Congreso de la Unión, con mayoría morenista, confirma la orientación del gobierno lopezobradorista: conservador. En efecto, por más que la publicidad parlamentaria presume un incremento histórico en el gasto social, no se garantiza un combate efectivo al rezago económico que padecen millones de mexicanos. En primer lugar, porque el asistencialismo, que es donde se concentra el incremento presupuestal, no abarca los grupos en pobreza extrema; en segundo lugar, porque el destinar el grueso de presupuesto en este asistencialismo y en las obras suntuosas sucede a costa de debilitar presupuestalmente a otras instituciones; no me refiero solo al recorte histórico al INE -acción que casi no demuestra revancha política, por supuesto- sino a otras que no crecen de forma sustancial, incluidos, también, el sector salud y el sector de la educación, que aunque tiene un incremento, vistos más de cerca, no se pronostica un fortalecimiento en combatir la desigualdad.
Los tan celebrados incrementos al sector salud no contemplan a la población que no tiene derechohabiencia, y esto no es peccata minuta en un país que tiene un 55.6% de la población económicamente activa que trabaja en la economía informal. Aunado a ello, es importante mencionar, como dice un estudio de “México evalúa” que de los 800 mil millones de pesos que se le asignan a este rubro, ¡sólo cinco por ciento! se irá a infraestructura y servicios que ayudan directamente a personal médico y pacientes. Mientras que el 27 por ciento será únicamente para pagar adeudos con el IMSS e ISSSTE y un 26 por ciento, para programas de vacunación. Sin incremento en la infraestructura no existe un fortalecimiento a mediano plazo de la salud pública. Lo mismo ocurre en el sector educativo: su incremento presupuestal será destinado, en su mayoría a las becas, en contraste, fueron cancelados fondos para programas de aprendizaje e infraestructura.
En el fondo del problema subyace una negativa a hacer una reforma fiscal progresiva que pueda ayudar a generar mayores recursos para el estado. Esto significa gravar equitativamente con impuestos a los sectores de la sociedad que tengan mayores recursos económicos. En esto parecen coincidir Máximo Jaramillo-Molina, director General del Instituto de Estudios sobre Desigualdad (INDESIG) quien aseguró que los ingresos tributarios son muy bajos en México, por lo que se requiere una reforma fiscal amplia para que el gasto social pueda priorizar a las personas en pobreza.
En este mismo sentido, Aline Zunzunegui y Ana Vicencio, coordinadora e integrante de la Alianza Contra la Desigualdad en México, respectivamente, propusieron imponer contribuciones a las fortunas de los millonarios para que el estado mexicano cuente con fondo necesarios para la construcción de un sistema de protección social redistributivo que priorice a las personas en pobreza; incrementar sustancialmente el presupuesto a la educación para disminuir brechas generadas durante la pandemia; el reconocimiento, redistribución y recompensa del trabajo de cuidados (personas que trabajan en el aseo doméstico, cocina, amas de casa). Las propuestas de esta ONG tienen como principio ineludible: poner fin a las medidas de austeridad en el gasto social y, desde luego, colocar impuestos a los más ricos.
La reforma fiscal excluye la solicitud del presidente López Obrador a los más ricos para que donen cada año una parte minúscula de su fortuna para crear un fondo que asista a los más desamparados. Esta propuesta filantrópica, que promocionó en la ONU, esconde, como varios lo han señalado, un sesgo inocultable de conservadurismo. En palabras del escritor Oscar Wilde podemos asegurar que la filantropía es ofensiva. En el sentido de que genera una dependencia oprobiosa del pobre con respecto al rico. Un reconocimiento de superioridad, una justificación de qué el dinero acumulado por los magnates no tiene alguna relación con la miseria de las mayorías. Yo he sostenido en otras ocasiones que educar al pueblo sobre la dádiva, lo coloca en condiciones para eternizar su mansedumbre, lo limita en su actividad de protesta ante alguna injusticia, porque lo condiciona a seguir dependiendo de la limosna del Estado. Y por la experiencia de las elecciones del 2021 sabemos que el asistencialismo presidencial es un instrumento poderoso de manipulación electoral.
En suma, tener un presupuesto limitado nos revela una incapacidad por parte del Gobierno federal para instrumentar una reforma fiscal a las grandes fortunas y, al mismo tiempo, su ineptitud para hacer crecer la economía, recordemos que la economía nacional se encontraba estancada desde antes del periodo de pandemia. El presupuesto también evidencia que lo importante para el presidente son las cuestiones electorales y no reformas económicas y sociales que garanticen eliminar la pobreza. La filantropía tiene como requisito ayudar al pobre; es mejor crear condiciones sociales para que sea imposible la aparición de los pobres.
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