La realidad cotidiana en esta entidad paradisiaca del Caribe Mexicano, que contradictoriamente, por un lado se caracteriza por ser una región privilegiada con abundantes bellezas naturales cuya explotación indiscriminada genera millonarios ingresos económicos que, con consentimiento de los gobiernos, van a para a manos de unos cuantos ricos en su mayoría extranjeros; mientras que por otro lado producen desolación en la población de miles de trabajadores que sostienen esta industria sin chimeneas, que representa el turismo, sumiéndolos en la pobreza con precarias condiciones de vida, ausencia de servicios públicos de calidad, falta de certeza de sus patrimonios, con escasos ingresos que no permiten, siquiera, alcanzar la canasta básica, lo que los ubica como una gran población marginada y vulnerable que habita en regiones periféricas y en gran cantidad irregulares de los principales centros de población como son Cancún, Playa del Carmen y Tulum.
Aunado a lo anterior, las consecuencias del imperio de este sistema capitalista voraz y desmesurado que se vive actualmente, ante la complacencia de los gobiernos anteriores, e incluyendo a la actual administración morenista encabezada, a nivel nacional, por Andrés Manuel López Obrador, se suman también la crueldad del alarmante incremento de la violencia y el crimen, pese a que la negativa de las autoridades por reconocer integralmente esta grave problemática.
Es evidente, a todas luces, que las múltiples tragedias que en sus diferentes formas ocurren día a día en el seno familiar, en la vía pública y en centros comerciales, con actos de violencia intrafamiliar, robos, daños, y hasta asesinatos, los cuales en muchos casos son relacionados con el crimen organizado. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE), del Instituto de Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en 2021 hubo 31 mil 583 afectados por cada 100 mil habitantes de 18 años o más en el estado por la comisión de un delito, así mismo, según los resultados de la Envipe, en 2022, en promedio, el 78.3 por ciento de las y los quintanarroenses consideran que vivir en la Entidad es inseguro a consecuencia de la delincuencia.
En este mismo contexto, cabe resaltar que, durante la administración de Carlos Joaquín González, la violencia en Quintana Roo aumentó en 400 por ciento, lo anterior, considerando que en 2016, cuando tomó posesión como gobernador, la incidencia delictiva en la entidad se contabilizó en un total de 18 mil 958 delitos, mientras que durante su sexenio, el índice delictivo ascendió a 35 mil 653 crímenes anuales en promedio en la entidad, esto según información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP); situación que representa un gran reto para la gobernadora actual, la morenista, Mara Lezama, pues aunque Carlos Joaquín es de extracción priísta-panista, es evidente que en el tema de la seguridad, el Gobierno federal corre la suerte de los gobiernos estatales, y desde finales de 2018, López Obrador ha hecho alarde de su ineficaz estrategia nacional de seguridad, llegando hasta el absurdo de pretender una militarización de la seguridad pública. Además, es de conocimiento común que en gran medida el mismo Carlos Joaquín apoyó y convino para que Mara Lezama ganara las elecciones que la sitúan como actual gobernadora de Quintana Roo por Morena.
Este agrío panorama no queda aquí, también se destaca que Quintana Roo es la entidad con más casos de violencia contra mujeres en todo el país en lo que va de 2022, por encima de Chihuahua, Guerrero o Veracruz; alcanzando niveles históricos en agresiones y violencia contra las mujeres, esto documentado por Ricardo Hernández en Animal Político, quién informa que, solamente de enero a septiembre de este año, en Quintana Roo se contabilizaron 36 mil 582 casos de mujeres víctimas de violencia, cifra récord a nivel estatal, según el Banco Estatal de Datos de Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres (BAESVIM).
Esta problemática se agrava en puntos como los asentamientos irregulares de Cancún, donde son escasos los servicios públicos y las condiciones de vida de la población es precaria, sin que existan programas específicos de los tres niveles de gobierno para atender el problema. Por su parte, el SESNSP, reporta que de enero a septiembre de este año se registraron 10 feminicidios en Quintana Roo. Mientras que el BAESVIM informa que en los mismos meses hubo 133 mujeres víctimas de la delincuencia organizada y otras 71 carpetas por desaparición de mujeres.
Al respecto, llama la atención que diversos expertos documentan que la mayor incidencia delictiva contra la mujer en Cancún se manifiesta lejos de las playas, de la zona hotelera y del centro; las investigaciones concluyen que estos casos se presentaron en la periferia, en los asentamientos irregulares que han proliferado en las últimas décadas.
Al respecto, cabe resaltar que en Cancún existen alrededor de 213 asentamientos irregulares, donde habitan cerca de 250 mil personas, 30 por ciento de la población municipal; de tal forma que, por su condición legal insubsistente, a pesar de las necesidades urgentes, de las condiciones de marginalidad y de vulnerabilidad en que viven las familias de estos asentamientos, el Ayuntamiento no brinda servicios públicos como agua potable, alcantarillado, alumbrado, banquetas o recoja de basura, entre otros, y por su parte, el gobierno del Estado tampoco lleva escuelas, centros de salud o de justicia, y otros servicios imprescindibles.
Hay que tomar en cuenta que los gobiernos tienen conocimiento de estas situaciones a tal grado que la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable de Quintana Roo, en el actual Programa de Ordenamiento Metropolitano Zona Metropolitana de Cancún, ofrecen un diagnóstico de la ciudad con estas consideraciones, donde se hace evidente que los asentamientos irregulares concentran las peores condiciones de vida digna, la mayor marginación, la más baja escolaridad y la pobreza en sus diferentes modalidades.
Mientras que, en contraste, en la flamante zona hotelera la situación se vive diferente. Está claro que el rezago, la pobreza y las condiciones de marginación son elementos que conducen a conductas delictivas, al aumento de la violencia y a la descomposición del seno familiar, pero también es evidente que la atención de esta situación problemática no es prioridad para ninguna autoridad ya sea municipal, estatal o federal, la situación de aumento de la pobreza y el incremento de la violencia, principalmente en agravio de las mujeres, ha rebasado a los gobiernos, y las acciones que se implementan no son eficaces porque eliminar la pobreza y la violencia no es el interés de nuestras autoridades, incluyendo a los de la Cuarta Transformación, iniciando por López Obrador; por lo que se observa en sus discursos y acciones, solo les importan acciones encaminadas a conservar el poder a toda costa y a beneficiar a los grandes capitalistas que mandan en el país.
Por tal motivo, los antorchistas nos manifestamos en contra de la irresponsabilidad y las malas políticas de los gobiernos, principalmente del encabezado por López Obrador, porque acreditamos que no está cumpliendo con su verdadera función social y que solamente está atendiendo sus interese particulares y de los ricos empresarios afines a su mandato, mientras el pueblo que vivimos en carne propia los estragos de la pobreza y de la violencia, estamos abandonados a nuestra suerte, con miserables apoyos asistencialistas.
Los antorchistas buscamos construir, de la mano del pueblo organizado y educado, un país donde impere la voluntad de un pueblo consciente, responsable y comprometido con la transformación de su realidad concreta, para alcanzar construir un país que produzca riqueza de verdad, con trabajo para todos, y que este sea bien remunerado, con una política fiscal progresiva y con una redistribución del gasto público, donde se garantice el bienestar del pueblo trabajador, principalmente de los más marginados.
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