Mientras su gobierno se perfila para ser el más violento de la historia reciente de México, por el alto número de homicidios dolosos, es decir, homicidios intencionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador defiende su fallida estrategia de seguridad. Afirma que, “le guste o no a sus adversarios, el camino para la pasificación del país son los “abrazos, no balazos”, y asegura que ya están dando resultados”. (Expansión Política, 17 de agosto 2022).   

Pero, sinceramente, yo no sé a cuál país se refiere el señor presidente porque, a juzgar sólo por lo que vivimos en Colima, la realidad dista mucho de ser como él dice. Él mismo dio a conocer el tres de octubre pasado, que, en lo que va de la administración federal, Colima encabeza la lista nacional en tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, con 295 asesinatos intencionales, seguido por Baja California, con 253; Chihuahua, con 203; Zacatecas, con 187; y Guanajuato, con 173 (Diario de Colima, 4 de octubre).  

Y es que, mientras la gobernadora estatal insista en plegarse sin más a la estrategia de seguridad del presidente, no obstante, el cambio de mandos en la fiscalía, creo que los resultados seguirán siendo los mismos.

Tal parece que, conforme a lo que dice el presidente, aquí sólo nos tocaron los balazos, porque de los abrazos no sabemos nada. Urge, pues, una estrategia de seguridad pensada en el bienestar de los colimenses. 

Pero, opino que para que la estrategia que necesitamos dé los resultados que se urgen ahora, la mandataria y los encargados de la seguridad estatal, en un acto solidario de legítima y urgente autocrítica, deberían poner en el centro de su preocupación la opinión y las condiciones concretas de los colimenses, es decir, deberían hacer caso al sentir ciudadano que, ya casi por todos los medios posibles a su alcance, han intentado poner de manifiesto por todos los rincones de la entidad.

La realidad, terca como suele ser, cuando no se repara correctamente en ella y sus consecuencias, suele imponerse siempre con sus tremendas y fatales manifestaciones. Veamos algunos hechos recientes que refleja bien a bien lo que ahora digo. 

En febrero pasado, los colimenses fuimos testigos del desbordamiento de la ola de violencia que aún nos mantiene en constante zozobra. “Un motín en el penal de Colima deja al menos ocho muertos y siete heridos”, informaron incluso medios de circulación nacional.

La nota no sólo recorrió a todo el país, alertó también a las autoridades encargadas de la seguridad estatal, quienes, posteriormente dijeron que se trató de un enfrentamiento entre grupos rivales pertenecientes al crimen organizado ya presentes en el Estado, y que, según se dijo también, ya se tenían plenamente identificados.

Pero no se dijo nada más, incluso, las acciones para actuar en beneficio de la seguridad de los ciudadanos fueron meramente simbólica. Hubo incluso voces generalizadas que pidieron la destitución del secretario de Seguridad Pública estatal, el capitán Manuel Llerandi Ruiz. Pero, argumentando razones que nunca especificó de manera concreta, la gobernadora hizo caso omiso a este reclamo. Las consecuencias ya las conocemos.  

Luego, el 19 de agosto pasado, después de seis meses de persecución, más de 500 muertes dolosas, una visita oficial del presidente Andrés Manuel López Obrador, y la mismísima presencia en la entidad del embajador de los Estados Unidos (EE. UU.) en México, se nos informó de la detención de José Bernabé Brizuela, alias “La Vaca” o “La Bestia”, líder del Cártel independiente de Colima.

Desde febrero se nos dijo, por parte de las autoridades estatales, que este peligroso delincuente era el principal responsable de la ola violenta que aun vivimos por todos lados. “Fue muy importante (la detención), fue muy importante, porque es un generador de violencia que estaba haciendo mucho daño en Colima”; así dijo el presidente, y remató: “ya debe de quedar claro que en mi administración no hay impunidad para nadie” (Informador.mx, 19 de agosto).

Pues muy bien. Pero en Colima, no obstante, esta importante detención, el daño a la seguridad aún sigue, y, por tanto, la impunidad también. Y aquí, hay que aclarar que el mérito no fue del capitán Llerandi. A Bernabé Brizuela lo detuvieron en Polanco, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Casi por las mismas fechas, vimos cómo los colimenses, desesperados, comenzaron a hacer bloqueos en el libramiento Ejército Mexicano, frente a la Fiscalía General del Estado (FGE). Para entonces, el vocero de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y la Seguridad ya había informado lo siguiente: “…también en lo que va del año, 501 personas han sido reportadas desaparecidas, 326 hombres y 175 mujeres. De todas ellas, 264 no han sido localizadas”. Los manifestantes denunciaron que la FGE hacía caso omiso y no estaba buscando a sus familiares desaparecidos. Exigían la urgente intervención de la gobernadora.

El resultado también lo conocemos. El encargado del despacho de la Fiscalía Especializada en Desapariciones de Personas, Héctor Javier Peña Meza, informó el 11 de agosto pasado así: “la FGE tiene abiertas varias carpetas de investigación por bloqueos al libramiento Ejército Mexicano, que familiares de personas desaparecidas o privadas de su libertad han realizado entre los meses de junio y agosto…” (Diario de Colima).

Luego, el día 13 de agosto, el medio digital Afmedios Noticias, difundió un video en el que se vio claramente, como fue que la Fiscalía, acompañada de la Policía Estatal y elementos de la Sedena, desalojaron con el uso de la fuerza pública a los familiares que bloqueaban el Libramiento desde el día de la visita del embajador.

Para coronar el atropello, los medios difundieron una declaración del capitán Llerandi: “De igual forma indicó que no van a permitir que se vuelva bloquear el sentido de sur a norte, es decir, en dirección de Manzanillo a Guadalajara, el cual fue desbloqueado el jueves. Por lo que los elementos de la Policía Estatal permanecerán en el lugar.” (Diario de Colima, 13 de agosto). Y Aquí, la gobernadora tampoco dijo nada.

Pero, finalmente la realidad y la opinión pública colimense se impusieron. Tenían razón los manifestantes. A decir de la gobernadora, los delincuentes y secuestradores estaban dentro de la FGE. Pues, declaró así a los medios el 29 de septiembre pasado: “Cuarenta agentes de la FGE fueron despedidos por vínculos con la delincuencia” (Diario de Colima). Y finalmente anunció también la destitución del capitán Víctor Manuel Llerandi. 

Yo por eso termino aquí como empecé: Urge una nueva estrategia de seguridad para Colima. Aquí no aplica aquello de los “abrazos, no balazos” del presidente. Aquí sólo hay balazos. Ojalá nos escuchen a tiempo. La paciencia ciudadana siempre tiene un límite.