Como cada año, el pasado 7 de septiembre, la Secretaría de Hacienda del gobierno federal presentó ante el Congreso de la Unión el Paquete Económico 2024 que incluye los proyectos de Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y también los Criterios Económicos Generales. A partir de su presentación será discutido por los senadores y diputados federales, mismos que tienen como fecha límite para aprobarlo el próximo 15 de noviembre.
Lo que más ha llamado la atención de los analistas económicos y políticos del Paquete Económico 2024, es el déficit fiscal en el que incurrirá el gobierno del presidente López Obrador en su último año de gobierno y en pleno proceso electoral federal. Es decir, que el gobierno morenista está planeando gastar mucho más de lo que ingresará a las arcas públicas. Pues en el proyecto de Ley de Ingresos se propone obtener una recaudación de poco más de 7.3 billones de pesos, mientras que estima tener un gasto total de poco más de 9.1 billones de pesos. Es decir, una diferencia de más de 1.75 billones de pesos, que se plantean subsanar con la contratación de deuda pública. La más alta de los últimos 36 años, según diversos analistas.
Se trata del egreso estimado más alto en lo que va del sexenio morenista y, al mismo tiempo, de un considerable aumento de la deuda pública, pues con este déficit se estima que ésta crezca hasta en un 5.4% con respecto al Producto Interno Bruto, un porcentaje no visto en los recientes 30 años y que no se alcanzó ni siquiera en los años más duros de pandemia, en los que quizá hubiese estado más justificado un endeudamiento mayor del gobierno para hacer frente a la crisis sanitaria y económica que golpeó al país y que golpeó principalmente a los sectores trabajadores, o sea, a los más pobres, a quienes finalmente se les dejó a su suerte durante la contingencia. Ahora, hasta 21 pesos de lo que gaste el gobierno en 2024 provendrá de las deudas que contraten, según el diario especializado en finanzas El Economista.
Es importante aclarar que la mayoría de los economistas opina que el incremento de la deuda pública no es malo en sí misma, pues muchas veces puede ayudar a mejorar la capacidad productiva y la calidad de vida de los habitantes de un país. Es más, en México existe una Ley General de Deuda Pública, que estipula que la contratación de deuda debe tener como destino la inversión productiva, tanto en infraestructura pública de gran valor como en incrementar el gasto social; así como en la mejora de la fuerza laboral del país, para hacerla más productiva, por ejemplo, a través del aumento al presupuesto a la educación. Por eso precisamente, el problema radica más bien en el destino que se le da al dinero que se pide prestado.
¿Y en qué se gastará el dinero del gobierno este año? Parece claro que los impuestos que pagamos los trabajadores más los créditos que contrate el gobierno (que también se pagará con nuestro trabajo), no se destinará principalmente a mejorar la vida de las grandes mayorías. Veamos.
El 80% del presupuesto estimado para el próximo año, algo así como 7 billones de pesos, forma parte del llamado gasto no programable y está conformado por el pago de intereses de las deudas contratadas por gobiernos anteriores, las pensiones de los servidores públicos retirados del gobierno federal y en el gasto federalizado, que es el que se reparte entre las entidades federativas y los municipios, pero que representa menos del 20% de ese gasto no programable.
Los analistas coinciden en que el aumento exorbitante del pago de pensiones y el crecimiento de los intereses de la deuda como resultado del cambio de tasas de interés impuestos por los grandes centros financieros del imperialismo, ejercerán gran presión sobre el presupuesto del 2024, por lo que la mayor parte de los 1.7 billones de pesos que se pretende obtener a base de nuevos créditos se utilizará, precisamente para pagar las pensiones e intereses de las deudas anteriores.
Pero no solo para eso, curiosamente el año de mayor endeudamiento del gobierno de López Obrador coincide con el año en que se elegirá a su sucesor y se renovarán los diputados federales y senadores del Congreso de la Unión. Por lo que muchos opinadores coinciden en que parte de ese dinero se utilizará para fondear los proyectos prioritarios del presidente López Obrador: sus obras faraónicas (Tren Maya, refinería Dos Bocas y Corredor Interoceánico), algunos programas sociales como la pensión a los adultos mayores y para fortalecer al Ejército, como brazo político y represor del gobierno.
El presidente López Obrador prometió elevar el monto de la pensión para adultos mayores hasta la cantidad de 6 mil pesos bimestrales, por lo que en 2024 se proyecta un aumento de 465 mil millones de pesos en el presupuesto total del programa. Y no es que en principio está mal apoyar a las personas de la tercera edad, el problema es que esto dejará sin presupuesto a otros rubros importantes como la educación y la salud, por mencionar algunos. Y tampoco nos hagamos, todos sabemos que este aumento de la pensión tiene claros objetivos electoreros del presidente.
Y es que en el Presupuesto de Egresos apenas se contempla gastar lo equivalente al 2.87% del PIB en salud, con lo que nuevamente sufriremos de falta de nuevos hospitales y centros de salud, así como de médicos y medicinas. En educación, para el año que entra, el gasto crecerá apenas uno por ciento; en universidades públicas estatales, cero por ciento; en la UNAM, el 0.9 por ciento; en el Fondo para la Gratuidad y el Programa para Desarrollo Docente, cero por ciento y, en las becas de posgrado y el Sistema de Investigación, también, un cero por ciento.
Mientras que el Ejército, al que el presidente le ha entregado todo tipo de facultades, tendrá un aumento de 121 por ciento en el presupuesto. Aquí se ve con toda claridad el gran poder que ejercen actualmente los mandos castrenses en la política nacional.
Otra gran prioridad de López Obrador será la conclusión de la refinería Dos Bocas en Tabasco, que ya se ha gastado más del doble de lo que originalmente le fue presupuestado. En el 2024 recibirá otra inyección de recursos por más de 170 mil millones de pesos, una enorme suma, en la que una buena parte terminará despilfarrada o robada por la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y sus compadres a través de jugosos contratos como los que lleva haciendo en todo el sexenio.
Pues bien, a pesar de todo, el Paquete Económico 2024 refleja con exactitud el problema principal y de fondo de las finanzas públicas del país: la urgente necesidad de realizar una reforma fiscal para elevar la recaudación del gobierno al mismo tiempo en que se realiza una profunda reorientación del gasto público, es decir, la necesidad de aumentar sustancialmente el dinero destinado a obras públicas y servicios básicos elementales.
El actual gobierno de López Obrador ha practicado un verdadero austericidio los últimos años por su negativa a realizar una reforma para cobrarle más impuestos a los ultra ricos de México, por lo que ha tenido que realizar recortes y más recortes al gasto social, al tiempo en que le apuesta a la entrega de dinero a través de tarjetas para mantener a raya el descontento de las clases populares. Sin embargo, esta situación no podrá mantenerse por mucho tiempo más, pues de lo contrario pronto se acabará hasta el dinero para los programas y entonces sobrevendrán grandes catástrofes políticas.
Urge una reforma fiscal, pero no para aumentar impuestos a las clases bajas y medias, sino para obligar al puñado de magnates mexicanos y al 1% más rico que concentra el 47% de la riqueza nacional a contribuir más con el desarrollo colectivo. Hasta el momento las dos candidatas a la presidencia de la República han prometido mantener la situación tal como se encuentra, ignorar al elefante de la habitación y quizá seguir apostando al endeudamiento del país, camino por el cual tampoco se vislumbra una salida segura.
Ciertamente la tarea de realizar tal modificación profunda a nuestro modelo económico no es tarea sencilla, equivale a ponerle el cascabel al gato, y en el Movimiento Antorchista Nacional estamos convencidos de que solo lo podrá hacer la clase trabajadora mexicana organizada y en pie de lucha, guiada por un partido de vanguardia y por un programa científico. Esta salida es tan necesaria e insalvable como la reforma fiscal misma.
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