Sin duda, el presente sexenio ha sido un período tormentoso, de los peores en todos los aspectos, de la historia moderna de nuestro país, al que cada vez los mexicanos nos hemos ido adaptando y en el que las autoridades, en su intento por aparecer como ingeniosos y sagaces, en lugar de resolver los problemas, con sus ocurrencias, joden cada vez más al país.
¿En qué país de libre mercado en el mundo como el nuestro, se ha visto que los grandes empresarios y capitalistas mantengan o bajen los precios de sus mercancías porque un gobierno se los pide, si precisamente lo que buscan es la ganancia? Jamás ocurre esto, a menos que el gobierno les dé concesiones para incrementar su capital, a costa de los recursos del mismo pueblo.
Pues bien, Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, van por su segundo intento en busca de contener los altos niveles de inflación del 8.7 por ciento, cinco décimas superior al del mes anterior. El pasado lunes presentó un nuevo acuerdo con destacados miembros de la iniciativa privada: empresarios, industriales, distribuidores de alimentos y comerciantes, complementario al llamado Paquete Contra la Inflación y Carestía (Pacic) que anunció en mayo pasado. El acuerdo contempla una reducción en el precio de la canasta básica que considera 24 productos de un total de 40 inicialmente propuestos.
Tratando de disminuir la gravedad del problema ante los medios de comunicación y como si todos los mexicanos tuvieran su sueldo de aproximadamente 200 mil pesos, el presidente López Obrador, reconoció en una de sus conferencias mañaneras: “Tenemos poca inflación en energéticos, pero en alimentos, aun cuando no ha sido mucho el incremento sí nos está afectando”. Por ello, uno de los acuerdos a los que se llegó, fue reducir el precio máximo de la canasta básica en un ocho por ciento, es decir, de mil 129 pesos a mil 39 pesos en promedio".
Afortunadamente, agregó, contamos con el apoyo de este grupo de empresarios, industriales, comerciantes que ante el llamado que se les hizo, acuden y de manera ejemplar y se comprometen a ayudar.
Los 24 productos son: aceite de canola o maíz, arroz en grano, atún de lata, azúcar morena, bistec de res, chile jalapeño, chuleta de puerco, frijol en grano, huevo de gallina blanco, jabón de tocador, jitomate saladet, leche, limón, manzana, naranja, pan de caja, papa, papel higiénico, pasta para sopa, pollo entero, sardina en lata, tortilla de maíz y zanahoria. Sin embargo, para hacernos una idea de si este nuevo acuerdo sí funcionará y resolverá las necesidades de la gente, conviene hacer varias consideraciones.
Para estar seguro de mi comentario de hoy, acudí a los mercados y supermercados para cotejar los precios de los productos arriba mencionados, y sí, excepto algunos, la gran mayoría coincide con los precios que informa la Secretaría de Hacienda, sin embargo, sólo están considerados los costos de un producto por semana: un kilo de tortillas, una sopa de pasta o un litro de leche, totalmente insuficientes para satisfacer las necesidades de una familia de tres o cuatro miembros.
Pero, ¿Es que la dieta de las familias pobres, de los trabajadores asalariados, por decreto sólo debe reducirse a los 24 productos? ¿No tienen derecho a consumir una pieza más de pan, a comer pescado, chorizo, queso, jamón, habas, lentejas, carne de puerco, frutas y verduras, etcétera? Además, ¿No tienen derecho a vestirse y a calzarse? ¿Con qué recursos van a costear los gastos de salud, educación, transporte y teléfono?
Coincido totalmente con quienes sostienen que no se ve que este nuevo acuerdo tenga un impacto significativo en la inflación, y sí es evidente que, para reducir los costos de las mercancías, impactará aún más de lo que de por sí ocurre, en la calidad de los alimentos que consume la clase trabajadora, sin dejar de lado el impacto negativo que tendrá en las pequeñas y medianas empresas.
Este nuevo acuerdo del presidente con la iniciativa privada, ahora sin la aprobación de la Secretaría de Economía, por la renuncia de Tatiana Clouthier, es sin duda una clara estrategia política del gobierno de la 4T, y al mismo tiempo una forma de evadir la responsabilidad del Banco de México, encargado directo por ley, de mantener el control de la inflación en México.
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