• Se siguen violando los derechos constitucionales de miles de oaxaqueños, como garantizar la seguridad, denuncia organización social
El próximo lunes 1º de agosto, en el marco de las festividades de la “Guelaguetza”, cientos de antorchistas marcharán de nueva cuenta por las calles de la capital de Oaxaca, ante la exigencia de justicia, debido que continúan los asesinatos de campesinos en comunidades de la entidad, mencionó Dimas Romero González, dirigente del Movimiento Antorchista en el estado.
El líder social manifestó que los verdaderos dueños de las costumbres y tradiciones celebradas en “la máxima fiesta de los oaxaqueños” son ignorados por sus gobernantes, pues ni el gobierno estatal, y mucho menos el federal, han hecho lo necesario para hacer justicia por los múltiples asesinatos que se han perpetrado en el municipio de Santo Domingo Yosoñama.
El pasado lunes, mientras se celebraba el primer Lunes del Cerro, nuestros compañeros eran atacados a balazos, muriendo uno de ellos y resultando heridos cinco más. “A pesar de dar aviso a la Secretaría de Gobierno de estos incidentes, hasta hoy los afectados siguen abandonados a su suerte y las autoridades de seguridad no se han manifestado al respecto ni se han hecho diligencias”, señaló Dimas Romero.
Además, denunció el incumplimiento del gobierno estatal en la atención a demandas de agua potable, vivienda, energía eléctrica, pavimentaciones, drenaje, infraestructura educativa, entre otras necesidades de las familias más pobres del estado organizadas en Antorcha Campesina.
“Antorcha hará uso de todas las herramientas legales que tenga a su alcance, para exigir al gobierno que se cumplan cada uno de los puntos de sus demandas, sin afectar la celebración de la fiesta del Lunes del Cerro, este próximo 1º de agosto”, refirió.
Romero González puntualizó que las demandas no se han resuelto por negligencia de algunos funcionarios de la actual administración estatal, quienes aceptan que las peticiones son legítimas, pero no se ha avanzado en su solución, a lo que se suma, la exigencia de justicia ante las agresiones y asesinatos de campesinos humildes en la región Mixteca.
Tras esta promesa incumplida por parte del gobierno, nuevamente se rompe el diálogo, debido a que no se garantiza una vida digna a miles de ciudadanos humildes, como lo señala la Constitución.
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