Los mexicanos no debemos confundirnos con lo ocurrido en Guatemala, pues eso ilustra cómo en este país, al igual que en el mundo entero, sólo se aplica la justicia cuando hay intereses económicos y políticos locales o extranjeros de por medio. Resulta curioso que a cuatro meses del cambio de gobierno, al inicio de la campaña por la sucesión presidencial y dos días antes de la elección haya sido desaforado y detenido el ahora ex presidente de la república, Otto Pérez Molina, acusado de los delitos de asociación ilícita, cohecho y defraudación aduanera a través de una red de corrupción llamada "La Línea", dedicada al cobro de sobornos para evadir impuestos.
Dichas acusaciones son resultado de una investigación realizada por el Comité Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), organismo dependiente de las Naciones Unidas, promovida por el gobierno estadunidense de Barack Obama y aceptada por Pérez Molina con la condición de respaldar el plan Alianza para la Prosperidad, proyecto de 20 mil millones de dólares para revitalizar las economías de Guatemala, Honduras y El Salvador y frenar las crisis migratorias. El ex presidente Pérez Molina manifestó antes de su detención que "si a ciertos sectores de la comunidad internacional y a algunos grupos del poder del país no les parecen adecuados los candidatos a dirigir Guatemala, primero deberán de hacer a un lado sus intereses particulares y ver con el interés del pueblo y de la nación guatemalteca".
Pero los mexicanos ya estamos curados de espanto, nada de esto nos sorprende. Por más reglamentos y leyes "anticorrupción" que inventan los políticos para aparentar honestidad, siempre encuentran una y mil maneras para saquear y usar en su beneficio los recursos de las dependencias que el pueblo con su voto pone bajo su responsabilidad, sean estas municipales, estatales o federales; y al final de cada administración de tres o seis años, según sea el caso, el resultado es exactamente el mismo: por un lado, tesorerías sin dinero, obras inconclusas, millonarias deudas por empréstitos solicitados a instituciones bancarias o del gobierno supuestamente para obras de infraestructura; grandes deudas a proveedores, laudos millonarios, etcétera; y por el otro, funcionarios ricos, ilícitos que sólo son castigados si existe rivalidad con quienes en ese momento tienen el poder en sus manos.
En Querétaro, sin tener una cuantificación exacta de los daños ocasionados por quienes están a punto de entregar el poder, la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE), estimó que "de ocho a 10 municipios de las zonas de la Sierra Gorda, el semidesierto y San Juan del Río, presentan déficit financiero, por lo que no cuentan con la solvencia económica suficiente al cierre de la administración; y que el principal problema que dejarían a las nuevas administraciones es la falta de recursos para cubrir gastos operativos como nómina, aguinaldos, papelería y gasolina debido a la falta de recaudación de ingresos propios y a su mal uso como en la adquisición de vehículos para el presidente municipal".
Mención especial merece el caso de Cadereyta, donde el alcalde Rodrigo Mejía Hernández no sólo no realizó obras a la población sino que fondeó 1 millón 500 mil pesos a su nombre como gasto por comprobar, incrementó la deuda heredada de 37 millones de pesos del gobierno anterior en 2 millones 875 mil pesos por créditos otorgados a 256 trabajadores sindicalizados, cometió fraude a decenas de trabajadores que están a punto de ser embargados por dos cajas populares que les cobran deudas ya saldadas a través del ayuntamiento, dejó grandes deudas por concepto de quincenas y horas extras, ha despedido trabajadores que usan para demandar al propio municipio por su liquidación para cobrarles un porcentaje, etcétera.
Si la "justicia" se aplica cuando no hay razón, ¿por qué no se aplica en todos los casos en que se cometen descarados asaltos a los queretanos?
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