El Gobierno federal ha echado mano de todos los recursos para cumplir sus caprichos y concentrarlos en sus obras inútiles y, por supuesto, en sus programas electoreros. Los primeros recursos de los que echaron mano fueron los recursos de los fondos de estabilización por más de 300 mil millones de pesos; luego echaron mano de los fideicomisos destinados a la ciencia y desaparecieron el Fondo Nacional para Desastres Naturales (Fonden), (que a propósito de los actuales huracanes, su ausencia se va a sentir en el pueblo ante los desastres que se vienen); le hicieron fuertes recortes al Instituto Nacional Electoral (INE) y al poder judicial y ahora quieren agarrar los fondos (fideicomisos) del poder judicial con un doble propósito: primero, debilitarlo políticamente ante las dificultades económicas y, segundo, para hacerse de recursos para pagar los programas electoreros.
El hecho de que ahora se hable de deuda, es decir, de pedir prestado para cubrir el déficit que se genera con las excesivas proyecciones de gasto para este periodo, que están basadas, por ejemplo, en el aumento de las pensiones para los adultos mayores, que seguramente habrán sido evaluadas por el equipo de asesores del presidente en términos electorales y que hayan visto que resulta eficiente ese recurso para movilizar a la gente y ganar elecciones, demuestra que ya no tienen dinero de donde echar mano y, por ello, so pretexto de que los del poder judicial, a decir del presidente, son unos abusivos, lo cual es falso, van ahora en contra de sus fideicomisos.
“El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de reforma para extinguir 13 fideicomisos del Poder Judicial por un monto de 20 mil 516 millones de pesos y reintegrar dichos recursos a la Tesorería de la Federación. El proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación suscrito por el coordinador de la bancada morenista en el Palacio de San Lázaro, Ignacio Mier, prohíbe la creación de nuevos fideicomisos, salvo los que expresamente prevea la ley”[1], se lee en el diario Milenio de fecha 6 de septiembre del presente año.
“Los jueces y magistrados federales que forman parte de diversas asociaciones manifestaron su rechazo a la iniciativa mediante la cual se pretende extinguir diversos fideicomisos institucionales que, en su mayoría, financian recursos necesarios para la infraestructura y la administración de la Justicia Federal, así como diversas prestaciones que reciben miles de empleados que conforman la fuerza de trabajo de dicha institución[2]”, señala una nota del diario Milenio con fecha 10 de octubre del presenta año. Esa misma nota advierte que “de ser aprobada dicha reforma, se consumaría un grave ataque a la independencia judicial, que redundará en un perjuicio directo a la ciudadanía”.
También, “explicaron que el derecho a una administración de justicia pronta y especializada se verá inevitablemente afectado, incumpliendo así con la responsabilidad asumida por el Estado mexicano ante la comunidad internacional. Asimismo, se atentaría contra los derechos laborales de los trabajadores de la Judicatura Federal, poniendo en riesgo la subsistencia de miles de familias, al afectar prestaciones que constituyen derechos adquiridos con base en las condiciones generales de trabajo”. “El documento fue firmado por la magistrada Rosa Elena González Tirado, presidenta del Capítulo México de la IAWJ; la magistrada Hortencia María Emilia Molina de la Puente, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, A.C.; la magistrada Gloria Avecia Solano, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Juezas y Magistradas, A.C.; la maestra Rosa Elena Alonzo Méndez, directora del Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal, y por Froylán Muñoz Alvarado, director de la Asociación Nacional de Juzgadoras y Juzgadores Federales (Jufed)”.
Este gobierno opera como el Moloch descrito en la obra de John Milton, el Paraíso Perdido, como un demonio que conforme más le alimentan de niños más hambre tiene y quiere que le sacrifiquen más cuerpos infantiles para saciar su hambre perversa. Así el gobierno federal, parece un demonio que devora todos los recursos económicos que tienen una función determinada, para satisfacer el hambre de cumplir con las megaobras inútiles y los planes electorales de Morena. Si fueran otros los gobiernos los que hubieran intentado hacer esto, seguramente los que hoy gobiernan se hubieran lanzado con furia a los que así lo hayan intentado, pero como ahora son ellos, buscan falsas “justificaciones” que sólo demuestran su incapacidad para administrar y que, por ello, tenemos un caos en la seguridad, en el sector salud, en las carreteras, en el país.
Estamos totalmente de acuerdo con los jueces federales cuando señalan que el Poder Judicial puede ser perfectible; sin embargo, no estamos de acuerdo con Morena en cuanto a que la solución a los problemas de ese poder sean recortarle recursos, es decir, ahorcarlos por la vía de quitarle el suministro de alimentos, pues además de cruel, deja en la indefensión a los trabajadores de ese poder, por una medida arbitraria dictada desde palacio nacional y seguida ciegamente por los diputados que conforman el poder legislativo y que tienen mayoría simple, que es la que se necesita para perpetrar este atropello.
Adelantamos a los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación que estamos en contra de esta arbitrariedad que quiere Morena imponerles. Que nos parece, efectivamente, un golpe bajo y sucio que no contribuye al fortalecimiento de la democracia, sino que favorece, como hemos estado anunciando, a la dictadura en nuestro país. No le ha gustado al presidente de la república que el Poder Judicial, en uso legítimo de sus facultades constitucionales, haya frenado varios procesos que querían ser impuestos desde palacio nacional, pero que violaban la Constitución y se les critica a los jueces desde la mañanera por hacer lo que deben hacer, es decir, defender la Constitución.
La independencia del Poder Judicial es fundamental para el equilibrio de poderes y ello implica la suficiencia presupuestaria y la garantía patrimonial que impida que los jueces desvíen sus decisiones por la compra de consciencias. Para ser juez o magistrado federal, hay que pasar por una serie de rigurosos filtros basados en la meritocracia, en la preparación académica y en la probidad de los postulantes; no llega a ser juez el amigo del presidente, o el compadre de tal o cual ministro, no; llegar a ser juez implica cumplir con una carrera difícil, pero que garantiza a los mexicanos que las decisiones de quienes imparten justicia se basen en el respeto a la Constitución y no con base en la compra de consciencias. Defendamos, entonces, al poder judicial porque en ello estaremos defendiéndonos de una dictadura y lo que menos necesita este país, en estos tiempos es eso, una dictadura. Mi voto será en contra de la pretensión de quitarle recursos buenos para satisfacer la insaciable sed del Moloch morenista.
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