La infancia es el grupo más vulnerable en situaciones de pobreza, la falta de recursos conduce a una mala alimentación, y es esta etapa el momento clave para la salud integral. A los problemas de desarrollo derivados de esta situación se suman los niños de la calle. Un “niño en situación de calle”, son los menores de 18 años sin hogar, con vínculos familiares rotos debido a la inestabilidad de su familia, quienes en algunos casos han sido abandonados por estas y en otros casos ellos mismos decidieron irse. Son menores que carecen no solo de recursos sino también de un adulto que los proteja. Viven en una situación de absoluto desamparo, no tienen una alimentación adecuada ni mucho menos descanso reparador, de igual manera carecen de acceso a la educación.
Los niños en situación de calle son un problema social, estos niños en muchas ocasiones son víctimas fáciles de abusos, negligencia y explotación. Corren el grave peligro de caer en actividades como la prostitución y conductas criminales y en ocasiones hasta son asesinados.
Mientras que el Censo de Población y Vivienda realizado en 2020, por el INEGI, indica que solo 58 menores de 15 años pernoctan en lugares públicos, esto es un problema, ya que no se puede atender lo que no se conoce ni permite diagnosticar ni diseñar la estrategia para atacar el problema.
La infancia debe ser protegida y disfrutar de derechos plenos, tal y como lo estipula la Convención sobre los derechos del niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Esta fue elaborada con las aportaciones de representantes de diversas sociedades, culturas y religiones. Esta Convención fue aprobada como tratado internacional de derechos humanos el 20 de noviembre de 1989. La Convención, a lo largo de sus 54 artículos, reconoce que los niños, son individuos con derechos de pleno desarrollo físico, mental y social, con derecho a expresar sus opiniones, y es de carácter obligatorio para los Estados firmantes.
Nuestro país, ratificó la Convención sobre los derechos del niño el 21 de septiembre de 1990, por lo que quedó obligado a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de cualquier otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en ella a favor de todos los niños y adolescentes del país. Aunque algunos países, incluido México, vociferen que han tenido avances para que los niños disfruten de todos sus derechos, la realidad dice lo contrario y vemos miles de niños que no tienen acceso a lo más básico y elemental, mucho menos a una vida plena y digna ya que carece de alimentación, salud, protección, vivienda, educación, entre otros.
Los niños en situación de calle, comen, duermen, hacen amistades, juegan en la calle y no tienen otra elección que luchar por sobrevivir. La calle llega a convertirse en el espacio donde escapan de la violencia, maltrato y disciplina rígida. La calle es su hogar y encuentran a otros en las mismas condiciones que les ofrecen el apoyo o cariño que no encuentran con su familia. Los niños también pueden migrar a las calles por otras razones, que incluyen: abuso sexual, físico o emocional, rechazo por la familia, problemas de salud mental, abuso de sustancias, orientación sexual o identidad de género. La inmensa mayoría de estos niños con esta situación, obtienen escasos ingresos de actividades informales como el comercio ambulante, limpiando parabrisas, trabajando en la construcción en oficios más elementales, incluso como jornaleros agrícolas.
La Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS), realizó un estudio y concluyó que cuatro de cada diez niños que viven en situación de calle se hunden en las adicciones con diferentes estupefacientes, así como también caen en manos de la delincuencia, de igual manera, la estadística muestra que la esperanza de vida se reduce a 22 o 25 años por daño físico a su salud.
La desnutrición, anemia, sobrepeso y obesidad, son consecuencias directas de la falta de garantías al derecho a la alimentación en México, que afectan a la población infantil y adultos mayores de 65 años. Nuestra Carta Magna consagra el derecho a la alimentación en su artículo 4°, sin embargo, no tenemos una Ley reglamentaria en esta materia. El derecho a la educación está consagrado en el artículo 24°, el cual debería ser implementado sin ningún tipo de discriminación y con base en la igualdad de oportunidades, asegurando un sistema de educación inclusivo en todos los niveles de enseñanza y a lo largo de la vida para las personas con discapacidad.
La organización Humanium, ha informado que existen 120 millones de niños viviendo en la calle en todo el mundo: 30 millones en África, 30 millones en Asia y 60 millones en Sudamérica. En nuestro país no existen números claros sobre cuántos niños se encuentran en situación de calle, por un lado el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), no ha actualizado las cifras de 2009, en donde indicó que existían hace 15 años, 94 mil 795 niños en esta condición. Mientras que el Censo de Población y Vivienda realizado en 2020, por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), indica que solo 58 menores de 15 años pernoctan en lugares públicos, esto es un problema, ya que no se puede atender lo que no se conoce ni permite diagnosticar ni diseñar la estrategia para atacar el problema.
La existencia de un solo niño en la calle, es un problema que nos afecta a todos, esto nos lleva a concluir que, si el gobierno Morenista no invierte los recursos suficientes, ni elabora políticas públicas que beneficien a la niñez y adolescencia, tarde que temprano habremos de pagar como sociedad este descuido ya que esto como consecuencia traerá más descomposición social, inseguridad y pobreza.
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