A pesar de ser reconocidos por la Ley Federal del Trabajo, en la práctica, las y los jornaleros agrícolas, son sobreexplotados, sometidos a toda clase de abusos y sufren constantes violaciones a sus derechos humanos.
Son un sector esencial de la economía, que se encuentran en constante movilidad entre los campos agrícolas y sus comunidades de origen, se estima una población de 3 millones de jornaleros, (cerca de 15 millones de mexicanos, contando a sus familias) con una alta proporción de indígenas, 24%.
Cuentan con 5.9 años de escolaridad en promedio, 3 años por debajo del promedio nacional.
Gran parte de la población jornalera es migrante interna, se trasladan de una zona a otra, su ruta son las siembras y cosechas de los grandes capitalistas del campo. El abandono a los pequeños campesinos del centro y sur del país, aunque también de Durango y Nayarit, se ha acompañado del crecimiento de la producción agroindustrial en el norte de México. Debido a ello, y a la falta de servicios básicos para una vida digna (salud, educación, infraestructura), decenas de miles de familias sin tierra o con tierras insuficientes para asegurar su subsistencia tienen que decidir entre migrar o morir.
Jornadas que inician por la madrugada y terminan entre 5 o 6 de la tarde, los salarios de hambre, por el corte de una tonelada de caña apenas son 40 pesos, en el corte de jitomate 160 pesos por 90 baldes.
El 97% de los jornaleros agrícolas no cuenta con un contrato, y el 91% no tiene acceso a los servicios de salud. El 33% gana menos de un salario mínimo.
Solamente el 3% de los trabajadores temporales cuentan con un contrato escrito, se estima que sólo entre el 14 y 17% de hijos de familias de jornaleros asisten a la escuela. La lejanía de los campos agrícolas de los centros de salud y la movilidad de las familias jornaleras hacen necesario un modelo de atención específico. Es práctica común que los patrones limiten los permisos por enfermedad o cuestiones personales-familiares, que los gastos de traslado corren a cuenta del interesado, generalmente a clínicas o centros de salud alejados de los centros de trabajo. Sin embargo, algunos empleadores les descuentan su día de trabajo por estos permisos.
Las familias jornaleras son alojadas en "galeras", que son espacios sin ventilación ni condiciones básicas de higiene como acceso al agua potable. Viven en condiciones de hacinamiento e insalubridad.
No son pocos los casos en que familias enteras, con hijos pequeños, se incorporan a las duras tareas agrícolas, sin importar su corta edad, los poderosos patrones con total impunidad, se aprovechan de la necesidad y se hacen de la vista gorda las autoridades de la Secretaría del Trabajo.
El avance de las políticas neoliberales, que paulatinamente va desapareciendo los programas destinados a los más desfavorecidos, como los jornaleros, siempre insuficientes pero que de alguna manera resolvían problemas inmediatos, incluían apoyos económicos, transporte y educación.
Incluso el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), está prácticamente paralizado por falta de recursos. Hoy la 4T, fiel a su espíritu neoliberal canceló estos programas de manera definitiva.
Trabajan al ritmo que les imponen los grandes emporios agroindustriales, que surten los principales mercados nacionales y mundiales, por lo que ni la pandemia fue pretexto para detener la explotación de uno de los sectores más pobres de nuestro país.
Y después de esta desgarradora realidad de los proletarios del campo, que se asemeja mucho a otras épocas que creíamos superadas, ¿dónde están las acciones concretas de un gobierno que ondea cada vez que le conviene la bandera de primero los pobres?
Para los trabajadores de México solo queda una alternativa, redoblar los esfuerzos para consolidar una organización popular de corte nacional para que luche por su derecho a una vida mejor, esperar con la mano extendida la dádiva del gobierno morenista es un error.
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