Se equivocó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), al arengar contra los que, por muchas razones justificadas, se oponen a su gobierno autollamado de la Cuarta Transformación (4T), y más cuando se atenta sin pudor contra la democracia, contra las instituciones que le dieron el triunfo y que lo convirtieron en la primera autoridad de los mexicanos, a ellos los retó a marchar para ver cuántos eran.
Pero para su sorpresa, sí fueron miles en la primera marcha el pasado 13 de noviembre, cerca de 250 mil personas tan sólo en la Ciudad de México, y el pasado 26 de febrero, la manifestación fue de más de 500 mil ciudadanos y ciudadanas que se concentraron en la plancha del zócalo, más miles de personas que se aglutinaron en otras importantes ciudades del país.
Las marchas que se realizaron en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) resultaron todo un éxito, puesto que la participación, como se vio, fue cada vez mayor, y que deja en claro que el presidente está perdiendo su popularidad, aquella que en algún momento se encontró en la cima y que hoy es cada vez menor, y la principal razón, sus errores como gobernante, siendo la gota que derramó el vaso el impúdico atentado contra la democracia, contra las instituciones que le han dado legalidad a los procesos que han puesto a gobernantes en todo el país, incluido, como ya dije, al del propio López Obrador.
Quiera o no, las decisiones del Poder Ejecutivo federal y su arremetida contra el INE, tendrán un alto costo político, que claro, no repercutirá mucho en la carrera por terminar de López Obrador, pero sí del partido Morena, el que encabeza la 4T. Sus candidatos, sin duda, recibirán el justo castigo a sus acciones y no habrá otro Andrés Manuel López Obrador que los salve o los guíe hacia el triunfo electoral.
Si algo hay que reconocerle a López Obrador es que, gracias a su gobierno, que no transformó nada y sí ha generado un caos, es que logró que la oposición y una parte relevante de la sociedad civil coincidieran en la necesidad de preservar la autonomía e independencia del árbitro electoral.
El Plan B de la reforma electoral se aprobó y publicó en el Diario Oficial de la Federación y es ahora, que termina la parte política del problema e inicia la batalla legal, la que decidirá el destino democrático del país y esa decisión recae sobre los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que deben convertirse en la balanza que equilibre el peso de la democracia y no recibir órdenes del Ejecutivo como fue el caso del Congreso de la Unión.
Es lamentable y desagradable ver y escuchar al mandatario federal despotricar en su conferencia mañanera contra todos los funcionarios, organismos autónomos y entes políticos que no están de acuerdo con él, a los que no comulgan con su ideología, una y otra vez arremete contra ellos y los descalifica de la peor manera, de la forma más ruin, y eso siguen sus aprendices de la 4T.
Todos coincidimos que la creación de un órgano electoral autónomo como el INE, era lo que el país necesitaba para garantizar una democracia real, sin sospechas y mucho menos sin controles desde el poder mismo. El INE, antes IFE, permitió que las elecciones fueran transparentes y que el partido en el poder no se aprovechara como en su momento lo hizo el PRI, cuando fue el partido hegemónico.
Al crearse el INE, se le destinó presupuesto para que fuera manejado de manera autónoma por quienes quedaban al frente de él. Todo marchó bien, todos aplaudieron los procesos que validó, incluido el de López Obrador, pero ahora el INE resulta un estorbo para Morena y López Obrador, que en su afán de perpetuarse en el poder y aprovechando su mayoría en el Congreso de la Unión, decidieron reformar (desaparecer) al INE y formar un árbitro electoral a modo, es decir, que reciba las órdenes del Gobierno federal y del partido en el poder, reforma que es considera un retroceso a los tiempos del control gubernamental.
Esta reforma electoral, que se da a menos de un año de que comience el proceso electoral federal de 2024, es muy peligrosa, es crear el riesgo de una crisis política de gran envergadura en el país, que no sólo tendrá consecuencias en el ámbito electoral sino también en lo económico y social. Pero eso no le importa al actual gobierno y a su partido, lo que les importa es asegurar la sucesión presidencial a costa de lo que sea.
Los millones de ciudadanos que han salido a las calles a manifestar su inconformidad por esta reforma electoral, son muestra irrefutable de que las cosas no están bien en México y de que no es sólo la oposición que se manifiesta en contra de las malas acciones del gobierno de la 4T, tampoco es gente que le desee mal a López Obrador, sino mexicanos que han comprendido que Morena sólo ha causado un grave retroceso a nuestro país y ahora quiere secuestrar la democracia que tanto le ha costado a los mexicanos.
La SCJN tiene la última palabra, echar abajo el Plan B de la reforma electoral que golpea a la Constitución y a la democracia mexicana, o ser cómplices de un asalto a los mexicanos desde el Gobierno federal.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario